Desvío de fondos públicos en Neuquén: imputan a Soiza y Chapino en la causa de Viento Sur y el FOL

Cuando faltan pocos días para una audiencia que servirá de antesala al juicio oral por la estafa con planes sociales, la fiscalía de Delitos Económicos imputó a Ricardo Soiza por su presunta participación en otra maniobra millonaria de desvío de fondos públicos durante el gobierno de Omar Gutiérrez. Se trata del Programa para Capacitación de Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil, mediante el cual entregaron sin control, de acuerdo con la acusación, más de mil millones de pesos a valores históricos en el año 2023.

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Esta investigación comenzó en julio del año pasado con 14 allanamientos simultáneos, detenciones de dirigentes sociales que generaron repudio por la violencia innecesaria, y hasta ahora no se realizó la audiencia de formulación de cargos. En las últimas horas la fiscalía le dio impulso, en simultáneo con el avance que tiene el legajo de la estafa por Planes Sociales. Algunos nombres de repiten.

El más notorio es el de Soiza, exdirector de Planes Sociales. Está apuntado como uno de los cinco cabecillas de la asociación ilícita que entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2022 se quedó con dinero destinado a las personas desempleadas que cobraban planes sociales.

Otro nombre que se repite es el de Tomás Siegenthaler, Coordinador Provincial de Administración. También es considerado cabecilla de la banda en planes sociales y ahora fue intimado a designar defensor en la causa Viento Sur y FOL.

El exministro Chapino

El tercer imputado por la fiscalía es el exministro de Desarrollo Social Germán Chapino. En noviembre del 2022 reemplazó en el cargo a Abel Di Luca, quien está acusado de ser otro de los líderes de la asociación ilícita en planes sociales.

Chapino pactó con organizaciones sociales como la cooperativa Viento Sur y el FOL de Diego Mauro la entrega de fondos para capacitación de sus integrantes. Ahora existen dudas sobre el destino que tuvieron esas sumas. En los hechos, el gobierno de Gutiérrez conseguía mantener la paz social a fuerza de inyectar dinero en estos intermediarios.

«Hubo control, después se verá si mucho o poco, lo que definan ellos, pero el control estuvo siempre», dijo en su momento Chapino a RN RADIO.

Acusaciones diferenciadas

El juez Cristian Piana le dio plazo a la fiscalía, a pedido de uno de los abogados defensores Federico Egea, para que durante este mes tome una decisión: o formula cargos o los desestima.

La imputación es muy amplia, abarca un gran número de personas, no todas están acusadas de los mismos hechos, y las pruebas no son las mismas.

Por ejemplo, está por un lado el dinero depositado en favor de las organizaciones sociales que debía ser destinado a capacitaciones para una salida laboral de sus integrantes y que no fue rendido como corresponde, según lo que dice la fiscalía.

Otros dirigentes sociales fueron acusados de coacción, porque supuestamente obligaban a asistir a marchas y concentraciones bajo amenaza de quitarles subsidios a sus adherentes.

Es una incógnita lo que hará la fiscalía, pero es probable que avance con la formulación de cargos contra algunos y archive o pida el sobreseimiento de otros.

En «planes sociales» y en «organizaciones sociales» es querellante la fiscalía de Estado, que aportó mucha información para el avance de las investigaciones.

Coincidencia en las fechas

Hay también coincidencia en las fechas. La denuncia que puso en marcha la investigación de la estafa con planes sociales la hizo un particular el 26 de junio del 2022. Con el correr de los días, la banda supo que su actividad había quedado al descubierto, las tarjetas de débito fueron bloqueadas y el negocio se cerró.

Para entonces, el 18 de agosto del 2022, mediante el decreto 1672 el gobierno de Gutiérrez creó el «Programa de acciones de fortalecimiento para capacitación de integrantes de las organizaciones de la sociedad civil (OSC)».

Se trató de la entrega de aportes no reintegrables a las organizaciones sociales para que gestionen capacitaciones destinadas a sus integrantes, con la finalidad de formarlos para que puedan insertarse en el mercado laboral.