Sin recursos para viviendas, Río Negro se centra en la regularización de los planes del IPPV
El retiro nacional y el desfinanciamiento rionegrino impactan en las construcciones de planes habitacionales en la Provincia.
En los primeros meses, el IPPV desembolsó unos 919 millones mensuales y los ingresos por el FONAVI rondan los 2.000 millones. Foto: Marcelo Ochoa
Las construcciones del IPPV siguen en declive, producto de la falta de financiamiento. Los actos del organismo se centralizan en la entrega de escrituras o regularización de los planes habitacionales.
El retiro definitivo del Estado nacional y, además, el propio desfinanciamiento provincial acotaron las posibilidades reales del instituto de la ejecución de viviendas en Río Negro y, cada vez más, se reducen los proyectos de infraestructura de servicios, a través del programa Suelo Urbano.
El apartamiento nacional lleva una década, empezando por la paralización de planes entre el 2013 y 2014 que, después, en el 2016, el IPPV retomó con fondos federales y, luego, Nación se repitió en anuncios que nunca se concretaron. El ascenso presidencial de Javier Milei cerró toda inyección de fondos para políticas habitacionales.
Persiste el aporte federal por el Fondo Nacional de Viviendas (FONAVI), a partir de índices diferenciales a las provincias de la recaudación del impuesto sobre combustibles (Ley N° 23.966 y modificaciones).
Actualmente, esas transferencias mensuales a Río Negro rondan los 2.000 millones, que -hasta ahora- supera el nivel de erogaciones del IPPV (incluyendo masa salarial), según los registros oficiales hasta mayo último.
Esos guarismos ratifican el achicamiento funcional del organismo provincial, abandonando su tarea de construcción.
El total de viviendas en ejecución ronda las 300 unidades, entre ellas, cerca de un centenar iniciadas por la actual gestión provincial. Esta nómina registra 31 en Cipolletti, 12 en Los Menucos, 10 en Darwin, 6 en El Bolsón y 2 en Valcheta para licitar, como también, 20 en Viedma (Cooperativa Santa Clara), inaugurando un programa lanzado en mayo del año pasado con un nuevo prototipo, tipología monoambiente de 36 metros cuadrados.
También, el IPPV financia redes de servicios, a través del Suelo Urbano, en predios de Cinco Saltos (272 lotes), San Antonio (232), Choele Choel (232), Bariloche (189), Cervantes (32) y, entre otros proyectos, figuran 60 en Sierra Grande.
Así, la regularización de las viviendas entregadas se constituyó en la política matriz. En el 2024, el instituto entregó 950 escrituras y, en los primeros cinco meses del 2025, ya llegó a las 615, estimando que en el año se superara ampliamente aquel número.
Simultáneamente, las labores alcanzan la revisión de la tenencia, considerando que los titulares no pueden vender, alquilar o prestar su propiedad. Por eso, el organismo derivó medio centenar de expedientes para su tramitación judicial mientras ya recuperó una docena de casas por reclamos administrativos. Esos apartamentos se readjudicaron a discapacidad, según resaltó el interventor del IPPV, Mariano Lavin.
La partida de ingresos por el Fondo Nacional de Viviendas en el período de enero a mayo se aproximó a los 9.950 millones de pesos.
Entre enero y mayo, la Provincia realizó 22 actos de entrega de escrituras, mayormente encabezados por el gobernador Alberto Weretilneck. Estos sucesos reemplazaron a las cesiones de las llaves de viviendas adjudicadas, que cada vez son más espaciadas.
Lavin argumentó que el IPPV facilitó la escrituración con su costo y un financiamiento de hasta 15 cuotas, a partir de los convenios firmados con el Colegio Notarial. Resaltó que el valor actual está en $350.000, por lo cual, “es menor al 50% del valor de mercado”.
Contó que muchas familias lograron la escritura gratuita por la ley 5527 por tratarse de los barrios construidos por el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) hasta 1993.
La regularización de la tendencia también se cumplió con la aplicación de la llamada ley Pierri y, por eso, Lavin valorizó el convenio con el Consejo de Agrimensura porque facilitó, acortó y abarató el procedimiento.
Los ingresos federales vs desembolsos del IPPV
El presupuesto anual del IPPV ronda los 48.000 millones, con una ejecución de casi un 35% en el período enero-mayo con las afectaciones comprometidas (16.785 millones), aunque disminuye al 10% (4.928 millones) al considerar la emisión de órdenes de pago.
El cumplimiento regular de lo reservado equivaldría a casi el 42% por los cinco meses iniciales del año.
En ese lapso, el instituto ordenó pagos por 4.928 millones de pesos y se abonaron 4.599 millones. Estas cancelaciones se distribuyeron de la siguiente forma: un 54% figuran como “bienes de uso” (construcciones), un 39% corresponde a la masa salarial y el 7% restante fueron “bienes de consumo” o “servicios no personales”.
Por su parte, la Provincia percibió en igual período 9.948 millones por envíos federales, enmarcados en el Fondo Nacional de Viviendas (FONAVI), según la ley correspondiente y el índice asignado a Río Negro.
Esas transferencias en los cinco meses representan casi 2.000 millones mensuales cuando el IPPV desembolsó -según sus contabilidades- 919 millones por mes o, en todo caso, gestionó órdenes de pago por 985 millones.
Las partidas del FONAVI ingresan directamente a cuentas bancarias del instituto, pero, en realidad, esos recursos quedan a disposición del manejo de Hacienda, a través del mecanismo del Fondo Unificado de Cuentas Corrientes (FUCO). Esta legislada facultad permite la utilización temporaria por parte del ministerio de las totalidades de las disponibilidades bancarias.
Además, el IPPV dispone de ingresos por cobro de cuotas. La actual gestión indica que la presente morosidad se aproxima al 40%, después de una reducción lograda, aunque acepta que últimamente hay sectores de barrios recientes, con los valores más altos, que ingresan en incumplimientos.
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