El PJ de Río Negro tiene su plan de elecciones internas, con defensas y críticas

La elección será el 27 de julio. Cambian las formas de certificar avales de listas y advierten que los candidatos no serán definitivos. "Es una farsa", la primera reacción de sectores opositores.

El Consejo del justicialismo rionegrino convocó a elecciones internas para el 27 de julio donde elegirá sus candidatos para el proceso de octubre.

El PJ pone en juego sus dos bancas en el Senado, que pertenecen a Martín Doñate y Silvina García Larraburu.

El sistema adoptado por el Consejo -que se reunió por zoom- prevé que pueden ser candidatos afiliados y “extrapartidarios”. Además, se modifica el habitual esquema de avales, ampliando la posibilidad de sus certificaciones, y se indica que el “orden logrado” por los candidatos no será “considerado definitivo”, quedando supeditado a las negociaciones de la Alianza.

La resolución del PJ, que conduce Sergio Hernández, cumple -indica- las exigencias de la Justicia Electoral Federal que “imponen la necesidad de nominar y designar candidatos”.

El Consejo cumple con lo dicho en su momento. Trabajar para garantizar la participación de todos. Se baja el número de avales”.

Sergio Hernández, el presidente del Consejo del PJ de Río Negro.

“El Consejo cumple con lo dicho en su momento. Trabajar para garantizar la participación de todos”, dijo Hernández. Resaltó la baja del “porcentaje de avales” requeridos, “dentro de lo que la Justicia y la Carta Orgánica nos permiten”.

En cambio, el dirigente viedmense Pablo Barreno prepara su participación electoral y pedía internas, pero entendió que esta convocatoria, “bajo estas condiciones, es una farsa. Solo se hace para cumplir con el pedido de la Justicia”. La posibilidad -agregó- que los candidatos no tengan un lugar definido “viola todo principio democrático donde una mesa pueda definir candidatos por encima de la voluntad de los afiliados. Nada garantiza que ganando la elección, sean primero en la lista”.

Entre las modificaciones, el llamado amplía “–en relación a elecciones anteriores- la nómina de certificantes de los avales que respalden las candidaturas, incluyendo nómina a las autoridades partidarias designadas como certificantes”, previa aceptación en la Justicia Electoral. Este trámite se circunscribía en los últimos procesos a un “juez de Paz”, “escribano Público” o “autoridad policial/administrativa de la localidad”.

Se destaca, además, la disminución del “número de afiliados –la cantidad- que porcentualmente se ha exigido -en elecciones anteriores- para avalar las precandidaturas y/o candidaturas”. Se pide el 3% del padrón y la representación de la lista en el 50% de los circuitos electorales.

Esta convocatoria es una farsa. Solo se hace para cumplir con la Justicia. El artículo 9 viola todo principio democrático”.

El dirigente viedmense Pablo Barreno y su primer análisis.

El artículo 9 indica que “el orden de prelación al que acceda cada candidato” no será “considerado definitivo”, quedando “condicionado a las probables incorporaciones extrapartidarias, y/o los que resulten de Alianzas.
Se plantea que el precandidato podrá “desplazarse en orden ascendente o descendente con miras a obtener un mejor desempeño electoral”.

El cronograma establecido para la elección del 27 de julio prevé que “el 3 de julio vence la fecha de reserva de color, y entrega de modelo de aval” mientras que el 14 de julio concluirá el plazo para la presentación de listas de candidatos, y avales.

La oficialización se programó para el 17 de julio y, luego, el 19 de julio se deberán elevar los modelos de boletas, que deberán aprobarse el 21. La elección será el 27 de julio, el 29 será el escrutinio y la proclamación será el 30.