Sospechan que Trident, la minera de Andacollo, busca declararse en quiebra
Trident Southern Explorations propuso pagar a sus acreedores con una quita del 40%. Para el gobierno, es una estrategia para llegar a remate. Quieren volver a licitar el proyecto de oro.
Los trabajadores que no lograron reubicarse subsisten con un ingreso familiar de emergencia que paga la provincia. Foto: archivo Oscar Livera.
La minera Trident Southern Explorations de Argentina, concesionaria del proyecto de oro y plata de Andacollo, presentó una propuesta para pagar sus deudas por casi 900 millones de pesos en el concurso de acreedores, pero sospechan que está a solo un paso de ingresar en quiebra.
La empresa que arribó a Neuquén en el 2016 para hacerse cargo de la única mina metalífera de la provincia abandonó el proyecto en el 2020, dejando un tendal de pasivos en la zona y otras partes del país y a 240 trabajadores, otra vez, sin su fuente de ingresos. En mayo de ese año se presentó en el juzgado comercial 23 de Buenos Aires, a cargo de Federico Güerri, para solicitar la convocatoria a acreedores argumentando una carencia de recursos líquidos «casi total» para continuar al frente de la operación.
En la propuesta de acuerdo preventivo que presentó este mes, ofreció pagar a los acreedores quirografarios (comunes) el 60% del crédito adeudado en 36 cuotas mensuales, con un año de gracia. El informe de la sindicatura detalló que esta deuda incluye 825,3 millones de pesos (101,3 millones en moneda nacional y el equivalente a 7,2 millones de dólares).
La propuesta de Trident fue la misma para los acreedores privilegiados, cuyo crédito es menor, de 2,3 millones de pesos. Para la deuda fiscal que tiene con la AFIP, de 48,9 millones de pesos, la firma planteó que «abonará los créditos en los términos de los planes de pago previstos por el organismo».
El presidente de la Corporación Minera del Neuquén (Cormine), Martín Irigoyen, consideró que la propuesta de acuerdo preventivo presentada por la empresa «es inaceptable» y analizó que no hay un interés real de negociar, sino de «cumplir los pasos formales que demanda el concurso».
«Trident necesita el acuerdo del 66% de las acreencias para que se apruebe su propuesta y, hasta donde sabemos, no ha hecho ninguna negociación con nadie. Con Cormine no han hablado y hace rato que no tenemos ningún contacto», explicó el funcionario.
Entre la deuda con la minera estatal, el EPEN y la Fiscalía de Estado, el crédito a favor de Neuquén equivale a unos 242 millones de pesos. Entre otros conceptos, a Cormine la empresa le quedó debiendo la garantía de 1 millón de dólares que era condición para empezar a operar, el pago del canon de exploración, además de varios meses de tasa de vigilancia.
«La empresa tiene hasta el 5 de mayo para conseguir las adhesiones, conseguir que los acreedores firmen ante un escribano y llevar esas aceptaciones a un juez, pero no vemos que estén haciendo ese trabajo. Quizás no tienen el dinero para cumplir, no sabemos por qué, no tenemos contacto con la gente de Trident desde hace rato», aseguró Irigoyen.
El funcionario provincial evaluó que «están estirando esto lo más que pueden, sin intención real de salvar la empresa ni el proyecto». «Si no consiguen que los acreedores acepten la propuesta, el juez transforma el concurso en una quiebra y los bienes de Trident pueden ser comprados por cualquiera», indicó.
En números
- 66%
- del capital adeudado debe integrar el acuerdo para que la propuesta prospere. También el 70% de los acreedores.
La inversión más grande que había hecho la empresa, y que sería uno de los bienes a rematar en caso de que no haya acuerdo, es la planta de procesamiento de minerales. También tiene vehículos y equipamiento que había adquirido para comenzar la producción en la mina de Andacollo.
La provincia le adjudicó el proyecto de oro y plata a Trident Southern Explorations en septiembre de 2016, tras una licitación en la que se habían presentado cuatro empresas.
En ese momento, significó la reactivación del yacimiento de oro y plata que ya había sido abandonado por su anterior concesionaria, Andacollo Gold SA, dejando un gran conflicto social en el norte que llegó a salpicar las elecciones a gobernador del 2015.
En el 2020, cuando la historia se repitió con Trident, en el contexto de una mediación convocada por el Ministerio Público Fiscal, el gobierno acordó sostener un ingreso familiar de emergencia para los trabajadores que quedaron sin cobrar. Según pudo saber RÍO NEGRO, destina entre 9 y 10 millones de pesos al mes.
De los 240 que integraban la planta de personal originalmente, hubo quienes lograron reubicarse con empleos en Salud, como choferes en municipios o aún en el proyecto de construcción de la microcentral hidroeléctrica Nahueve, también en el norte neuquino.
Cormine quiere volver a licitar el proyecto
El presidente de Cormine, Martín Irigoyen, explicó que el pedido que reiteró la provincia esta semana al juez del concurso es «que dé por caído el contrato» con Trident Southern Explorations de Argentina para poder licitar nuevamente el Proyecto Andacollo.
El funcionario dijo que eso permitiría volver a ofrecer las áreas a otra concesionaria interesada en su explotación, algo que consideró «más urgente» que cobrar la deuda que les dejó la empresa.
«Lo que estamos esperando, más allá de recuperar parte de las acreencias, es volver a licitar el proyecto y que se ponga en marcha lo antes posible. Esa es la resolución que estamos esperando y que, con apelaciones y distintas vueltas, se ha ido demorando», sostuvo Irigoyen.
Dijo que «Trident no ha demostrado reales intenciones de cumplir nada», por lo que la mejor opción es que «el juez diga que el contrato no existe más» para convocar a una nueva licitación. «Lo demás seguirá su curso legal y sus tiempos, pero que nos permitan continuar por tanta gente de Andacollo que está involucrada en esto y que merece que el proyecto tenga otra oportunidad», afirmó el funcionario.
Trident ganó la licitación pública convocada por Cormine en el 2016 con una propuesta de inversión de 164 millones de dólares en 25 años.
En el 2020, cuando se presentó en concurso de acreedores, la provincia había decidido rescindir el contrato, pero el juez Federico Güerri avaló la continuidad de la firma mientras durara el proceso.
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