Javier Milei y sus vetos: el futuro incierto de las leyes de ATN, universidades y el Garrahan

Este jueves Javier Milei firmó el decreto para vetar la ley de reparto de ATN que había sido impulsada por los gobernadores y que fue aprobada en el Congreso. Anteriormente, ya había vetado la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica que beneficiaba al hospital Garrahan. Qué expectativas hay en Diputados y en el Senado.

El último veto fue contra el proyecto que establecía  un reparto de los Aportes del Tesoro Nacional para las provincias. Si bien todavía no fue publicado en el Boletín Oficial, ya fue girado hacia el Senado.

Los ATN son recursos que retiene el Ejecutivo antes de la distribución de la coparticipación federal de impuestos. En este sentido, son liberados ante emergencias o situaciones extraordinarias que afecten a las provincias.

Los mandatarios provinciales sostienen que el Gobierno Nacional ha retenido esos fondos indebidamente, por lo que impulsaron la ley que obliga a establecer las pautas de su distribución.

Este veto viene en la misma semana que se anunció que Lisandro Catalán será nuevo ministro de Interior, con el fin de recomponer la relación entre los libertarios y los gobernadores.

En el Senado, que fue la Cámara de origen porque representa a las provincias, la oposición aprobó el proyecto con más de dos tercios (56 votos afirmativos), por lo que le sería fácil insistir.

En este sentido, el nudo estará en la Cámara de Diputados, donde no se alcanzó esa mayoría y hay más fragmentación política.

La discusión del veto además se mezclará con la del Presupuesto Nacional, donde los gobernadores tendrán la oportunidad de poner sobre la mesa sus planteos y forzar algún otro tipo de negociación con la Rosada, aunque los márgenes son acotados.

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Qué pasa con el presupuesto universitario y la ley que beneficia al hospital Garrahan

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Por Carolina Ramos.

La oposición empezó a linear sus estrategias este jueves para intentar revertir en la Cámara de Diputados los vetos al presupuesto universitario y a la emergencia pediátrica. En un marco de amplio rechazo, los bloques no oficialistas ya trabajan en el pedido de sesión, que podría desdoblarse, mientras empiezan a hacer cálculos para repetir los dos tercios que ya lograron en la votación original.

Las conversaciones entre los armadores de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda comenzaron tras la publicación de los primeros dos vetos.

En este sentido, la disputa está en si sesionar con ambos vetos el próximo miércoles 17 o desdoblar las convocatorias para abordar ese día el caso del Garrahan y la semana siguiente el de universidades.

En contacto con legisladores, algunos rectores pidieron retrasar el tratamiento del veto que los involucra para dar tiempo a la organización de la marcha federal que se realizará el día del debate en el Congreso y se replicará en distintos puntos del país. A la futura movilización se suma un paro nacional de 24 horas este viernes que alcanza distintas facultades en Neuquén y Río Negro.

El veto está en la cuerda floja. El rechazo va desde el kirchnerismo y la izquierda hasta la UCR y el espacio Provincias Unidas, donde habita el gobernador cordobés Martín Llaryora. Las reacciones coinciden en que el gobierno de Javier Milei ignoró el mensaje que dieron las urnas el último domingo, cuando La Libertad Avanza perdió por 14 puntos a manos de Fuerza Patria en provincia de Buenos Aires.

Mientras las voces en contra se reproducen, en Diputados arrancan los “poroteos”. En la votación original, el proyecto universitario (que busca actualizar gastos de funcionamiento y salarios) ya recibió los dos tercios que se necesitarían para voltear al veto. Hubo 158 votos afirmativos, 75 negativos, 5 abstenciones y 18 ausentes. En estos últimos dos grupos es donde se pone la lupa, porque pueden torcer la balanza para uno u otro lado.

La oposición aspira a sumar tres votos del nuevo bloque de exlibertarios llamado Coherencia, que está en modo subversivo. Su integrante más conocida, Marcela Pagano, se había ausentado, y otros dos, Carlos D’Alessandro y Gerardo González, habían votado en contra porque también integraban, todavía, La Libertad Avanza. La cuarta, la mendocina Lourdes Arrieta, ya estaba separada hace tiempo y votó a favor.

Hay diputados más zigzagueantes que estuvieron ausentes, como Oscar Zago (exjefe de la bancada oficialista, que juega como aliado ocasional) y los cuatro misioneros de Innovación Federal que siguen órdenes del mandamás de la provincia, Carlos Rovira. Al oficialismo le conviene mantenerlos afuera, porque mientras más ausentes haya, será más fácil llegar al tercio para blindar el veto.

En el caso del Garrahan, la ley (que asigna un presupuesto inmediato y prioritario para insumos, medicamentos e infraestructura, y recompone salarios de médicos y residentes) también fue aprobada por dos tercios. Hubo 159 votos a favor, 67 en contra y 4 abstenciones, pero una cantidad de ausentes mayor a la del financiamiento universitario (26).

En la oposición hay escasa expectativa de que el Presupuesto Nacional 2026 que presentará Milei el próximo lunes en cadena nacional contemple los requerimientos de las universidades que están plasmados en la ley, donde se busca atender principalmente la crisis salarial por la caída del 40% del poder adquisitivo del salario docente desde diciembre de 2023.

“El anticipo del Presupuesto 2026 que enviaron en junio ratifica que la educación para nada es una prioridad ni un compromiso para el Estado, aun cuando hay normas que cargan en el Estado la responsabilidad de su financiamiento y que Milei incumple. Si el Presupuesto es congruente con el anticipo que enviaron hace unos meses, para nada va a satisfacer las demandas que tenemos”, adelantó la diputada kirchnerista Blanca Osuna, referente de la Comisión de Educación.

En los argumentos del veto, el Poder Ejecutivo calculó que la ley costará $1.069.644.600.000 solo en 2025, e insistió en que “la ley presenta importantes deficiencias en el financiamiento previsto para afrontar los gastos que genera su aplicación”

“El impulso de una medida como la actual, que incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventar dicho gasto, genera un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica y, por ende, se traduce en perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables”, fundamentó el PEN.