Porteños bufonescos
Entre los privilegios más apreciados con los que cuentan los políticos está el supuesto por el derecho a bautizar o a rebautizar edificios, parques, calles y -a veces- hasta ciudades y provincias enteras con los nombres que les parecen más dignos de venerar. Si bien es de suponer que lo que realmente quisiera la mayoría es inmortalizarse dando su propio nombre y apellido a la mayor cantidad de lugares concebibles, los más se conforman con honrar a sus héroes particulares, trátense de caudillos aún vivientes -no se han olvidado por completo los cambios toponímicos tan drásticos como efímeros que fueron impuestos antes de 1955 por los aduladores más obsecuentes de Juan Domingo Perón- o de «próceres» del pasado que a su entender encarnan una línea ideológica determinada, con el resultado de que una proporción a todas luces excesiva de nuestras calles y pueblos lleva el nombre bien de políticos, bien de militares muertos. Puesto que los exponentes de dichos oficios ya están absurdamente sobrerrepresentados, tal vez convendría declarar una moratoria de diez o de veinte años durante los cuales se honraría sólo a personas que se destacaron en las artes y las ciencias o en actividades afines como la docencia, cuando no de plantas o de deidades paganas.
Desafortunadamente, la posibilidad de que esto suceda es nula. Cuando es cuestión de nombrar sitios, los políticos son insaciables. Lejos de querer ampliar un tanto su campo de visión, muchos legisladores vivos parecen resueltos a seguir utilizando los nombres de congéneres muertos como piezas de un juego ideológico alocado, castigando a algunos por sus supuestos pecados y premiando a otros por su actuación conforme a las preferencias del momento. Es éste el caso de los legisladores porteños que, indiferentes al desprecio que sienten por ellos muchos conciudadanos que, sin duda injustamente, los consideran incompetentes corruptos, han decidido eliminar el nombre de Sarmiento de un tramo de la avenida homónima en su ciudad reemplazándolo por el del Restaurador de las Leyes Juan Manuel de Rosas, el dictador anglófilo y llamativamente reaccionario que pasó sus últimos años como un apacible granjero en el sur de Inglaterra, pero que en el siglo pasado se vio erigido en ídolo de los anglófobos. Para sorpresa de nadie, la iniciativa de los legisladores peronistas de la Capital Federal ha desatado una polémica furibunda entre los defensores de Rosas, los admiradores de Sarmiento y los que sencillamente no entienden cómo pueden preocuparse los políticos por tales cosas en un período tan excepcionalmente problemático como el actual.
Tienen razón estos últimos, pero es probable que no entiendan muy bien la mentalidad de ciertos políticos que, dolorosamente conscientes de su incapacidad para modificar el presente, han optado por dedicarse a intentar reformar el pasado entregándose con nostalgia al «revisionismo» que tanto contribuyó a los desastres de los años setenta. Nadie desconoce que aquí Rosas simboliza una variante agresiva del nacionalismo xenófobo de derecha, aunque en deferencia a los cambios de moda a menudo se ha visto disfrazado de izquierdista, mientras que Sarmiento es tomado por el portaestandarte de la ilustración democrática modernizadora: parecería que una combinación del rencor provocado por el colapso económico con el pacifismo escasamente rosista estimulado por la guerra en Irak está dando nueva vida a esta última corriente. Asimismo, por motivos evidentes propenden a proliferar políticos que han llegado a la conclusión de que la mejor manera de distraer a la gente -y a ellos mismos- de la dura realidad cotidiana consiste en reeditar, con pasión si les resulta factible, las batallas de anteayer. Aunque a esta altura sabrán que no hay ninguna posibilidad de que la lucha ya más que centenaria entre sarmientistas por un lado y rosistas por el otro llegue a una definición, les encanta reanudarla. Además de servir para que crean estar haciendo algo sumamente importante, esta guerra fantasmal les permite descansar. Después de todo, les es mucho más fácil comprender el juego de Sarmiento contra Rosas porque a través de los años las mismas maniobras y los mismos argumentos han sido repetidos miles de veces sin cambiar nada en absoluto de lo que les es entender lo que está pasando en el mundo confuso de nuestros días.
Entre los privilegios más apreciados con los que cuentan los políticos está el supuesto por el derecho a bautizar o a rebautizar edificios, parques, calles y -a veces- hasta ciudades y provincias enteras con los nombres que les parecen más dignos de venerar. Si bien es de suponer que lo que realmente quisiera la mayoría es inmortalizarse dando su propio nombre y apellido a la mayor cantidad de lugares concebibles, los más se conforman con honrar a sus héroes particulares, trátense de caudillos aún vivientes -no se han olvidado por completo los cambios toponímicos tan drásticos como efímeros que fueron impuestos antes de 1955 por los aduladores más obsecuentes de Juan Domingo Perón- o de "próceres" del pasado que a su entender encarnan una línea ideológica determinada, con el resultado de que una proporción a todas luces excesiva de nuestras calles y pueblos lleva el nombre bien de políticos, bien de militares muertos. Puesto que los exponentes de dichos oficios ya están absurdamente sobrerrepresentados, tal vez convendría declarar una moratoria de diez o de veinte años durante los cuales se honraría sólo a personas que se destacaron en las artes y las ciencias o en actividades afines como la docencia, cuando no de plantas o de deidades paganas.
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