Presidente pobre

Es natural que la mayoría reaccionara con escepticismo frente al intento del presidente De la Rúa de convencer de que comparte las penurias de la gente.

Por Redacción

Puesto que en el transcurso de su vida como político profesional el presidente Fernando de la Rúa ha logrado acumular un patrimonio respetable, el que sus ingresos actuales no le alcancen para cubrir sus gastos corrientes no debería suponerle demasiadas privaciones aunque, claro está, le es muy molesto tener que vender acciones bursátiles y un par de lotes en la provincia de Buenos Aires para poder llegar a fin de mes. Es natural, pues, que la mayoría haya reaccionado con escepticismo frente a lo que parecía ser un intento de su parte de convencer a los demás de que él también está compartiendo las penurias de «la gente» que, día a día, se queja amargamente del estado de la economía, al declarar en público que además de vender bienes ha pedido préstamos a sus amigos. También es natural que muchos se hayan permitido el gusto de comparar los 3.500 pesos mensuales que le corresponden, con los haberes escuálidos de los obreros fabriles y muchos jubilados: aunque la Argentina nunca ha sido un país igualitario, a los más les encanta reivindicar este ideal remoto como si realmente creyeran que fuera escandaloso que el presidente de la República percibiera más que cualquier otro ciudadano.

En otros tiempos, los funcionarios gubernamentales solucionaban el problema planteado por la brecha insalvable que separa la realidad socioeconómica del país del discurso populista predominante cobrando en gris, cuando no en negro, conformándose con un sueldo oficial insólitamente modesto que se vería agigantado con «gastos de representación» generosos, sumas procedentes de los «fondos reservados» y así por el estilo, modalidad que en algunos casos les permitiría enriquecerse en un lapso muy breve. Sin embargo, por tratarse de un sistema claramente hipócrita, con cierta frecuencia los dirigentes políticos se sienten obligados a sincerarse blanqueando sus sueldos, inaugurando así un período de estrechez para los ministros, secretarios y otros. Según el ministro del Interior, Ramón Mestre, en la actualidad «las retribuciones de los funcionarios del Poder Ejecutivo son las más bajas de la historia, comparativamente», es más que probable que esté en lo cierto.

Puede que para los igualitarios dogmáticos, personas que siempre han abundado en los países menos equitativos, sea muy positivo que los miembros de un gobierno no muy popular se hayan visto constreñidos a vivir de sueldos que desde el punto de vista del grueso de sus compatriotas son más que adecuados. Para los demás, en cambio, debería ser motivo de preocupación. Como es notorio, en la Argentina y el Brasil los ejecutivos jerárquicos de las grandes empresas del sector privado suelen disfrutar de salarios que son superiores a los recibidos por sus equivalentes de casi todos los países europeos, incluyendo a los más ricos. No se trata de una aberración, sino de una consecuencia lógica de la ley de la oferta y la demanda: en el Primer Mundo abundan los ejecutivos capaces, de suerte que solamente los que estén en condiciones de mejorar sustancialmente el desempeño de una empresa pueden exigir una recompensa muy grande, mientras que aquí no es tan fácil encontrarlos.

Hoy en día «los políticos» en su conjunto no están bien vistos en nuestro país, pero aun así es poco razonable pretender que los máximos responsables del destino de la comunidad se conformen con ingresos que sean llamativamente inferiores a los habituales para los ejecutivos más importantes de las empresas privadas principales o los funcionarios de las agencias internacionales. Aunque es de suponer que el interés de los políticos, lo mismo que aquél de los académicos, los creadores artísticos y los científicos, por los premios materiales es menos intenso que en el caso de los empresarios, convendría que ganaran lo suficiente como para hacer más fácil la transición desde un ámbito hacia otro. Tal como están las cosas, el ejecutivo jerárquico, para no hablar del empresario exitoso, que decidiera servir al país aceptando un puesto en la función pública tendría que estar dispuesto a trabajar ad honórem, lo cual, para un millonario como De la Rúa, no constituiría un obstáculo insuperable, pero que sí lo sería para muchos otros.