Privatización de las supervisiones

En virtud de las opiniones vertidas por la directora de Educación Privada del Ministerio de Educación de Río Negro, Liliana Finocchiaro (21/1/08), desde la Unión de Trabajadores de la Educación creemos necesario realizar algunas consideraciones.

En principio, estamos convencidos de que este gobierno provincial adopta una definición política a favor de la educación privada, en desmedro de la educación pública. No es la primera vez que a través de acciones gubernamentales se destinan fondos para la escuela privada, al mismo tiempo que ajustan la pública.

La creación de tres supervisiones para enseñanza privada apunta a fragmentar el sistema educativo, generando un manejo arbitrario de las instituciones bajo su órbita. Definición que marca un corrimiento en la responsabilidad de las autoridades del ministerio en el control y seguimiento de estas instituciones.

La directora de Educación Privada recurre a conceptos economicistas que responden a políticas educativas neoliberales que sólo apuntan al «control de gestión» y a lograr «eficiencia» y «eficacia». Por ello, la norma establece la designación de un supervisor por zona, con competencia en los distintos niveles y modalidades, desconociendo la especificidad de cada uno de ellos y desvirtuando la función pedagógica de seguimiento, asesoramiento y acompañamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Si se parte de la base de la necesidad de «llenar un vacío histórico relacionada con el control, la orientación y el asesoramiento» de estas instituciones, no sólo se desvaloriza el trabajo de aquellos docentes que desempeñan la función supervisora y que han accedido al cargo según la normativa vigente, sino también a la organización gremial y su participación en el cuerpo colegiado y el ámbito paritario.

Desde la Unter se ha solicitado, en reiteradas oportunidades, la creación de más zonas supervisoras con sus correspondientes equipos técnicos, teniendo en cuenta turnos, modalidades, distancia, etc., a fin de realizar un mejor seguimiento pedagógico de las instituciones educativas a su cargo, sean éstas públicas o privadas. A pesar de ello y habiendo «saldo presupuestario disponible», tal cual lo dice la resolución Nº 94/08, se resuelve invertir en la educación privada.

Lograr una educación de calidad social es el principio sobre el que se debería orientar todas las acciones de gobierno, y no como expresa la directora, que se constituye en un fin último.

Al poner de relieve la metodología de trabajo del ministro y a su construcción permanente de consensos, se refiere puntualmente a los acuerdos internos en el área gubernamental. Desde el sindicato entendemos que el consenso debe darse con todas las partes, lo que nos permite afirmar que detrás de esta concepción se esconde un verdadero accionar autoritario.

Lamentamos que la directora de Educación Privada circunscriba un posicionamiento político institucional, como el expresado por el vocal gremial docente en el plano personal, tratando de poner un manto de dudas en la intencionalidad que se persigue con la crítica a esta definición política. Quizás esto tenga que ver con la implementación de prácticas políticas habituales en la funcionaria, que se traducen en acuerdos políticos partidarios, como por ejemplo su designación en el cargo, creyendo que este accionar es una lógica en todas las instituciones.

Coincidimos en que el Estado debe ser «indefectiblemente el máximo garante», pero para garantizar el acceso al conocimiento en igualdad de oportunidades.

MARCELO NERVI (*)

Especial para «Río Negro»

(*) Secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.