Proteccionistas al ataque
Según el lobby industrial, la principal razón por la que han aumentado tanto las importaciones que se ha puesto en peligro el superávit comercial que constituye uno de los pilares en que se apoya el “modelo” kirchnerista consiste en el gusto incomprensible de los consumidores por bienes fabricados en países como Brasil y China, además de alimentos traídos desde Europa que, dicen sus voceros, podrían ser sustituidos por los frutos de “la producción y el trabajo argentinos”. Aunque es verdad que el superávit comercial se ha reducido mucho últimamente, se debe más a la necesidad de importar cantidades cada vez mayores de combustibles que a la “invasión” de bienes de consumo foráneos que tanto alarma a la Unión Industrial Argentina, pero era de prever que el organismo aprovechara la oportunidad para pedir más medidas proteccionistas. Por ahora, es poco probable que el gobierno ceda ante los reclamos de la UIA, aunque sólo fuera porque entiende que de no tener que preocuparse por la competencia externa a los empresarios les sería más fácil encontrar pretextos para incrementar los precios de sus productos. Por lo demás, al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le molesta mucho ser blanco de críticas parecidas a las tradicionalmente dirigidas contra ministros de Economía “neoliberales” supuestamente contrarios a la producción nacional. Así, pues, la ministra de Industria, Débora Giorgi, contestó a la UIA afirmando que el año pasado las exportaciones industriales crecieron el 9%, anotándose un nuevo récord, y que cayó la proporción de importaciones del mismo sector, “lo que habla de un claro proceso de sustitución de importaciones sustentado en medidas como las licencias no automáticas”. En otras palabras, la funcionaria cree que la política económica del gobierno ya es lo bastante proteccionista y que la UIA debería reconocerlo. Por otra parte, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, continúa luchando con su furia habitual contra los invasores extranjeros, presionando a los empresarios locales para que desistan de colaborar con ellos, de ahí su campaña contra los supermercados que venden alimentos europeos aunque, según los culpables de comercializarlos, no inciden en el costo de vida popular. Que la UIA sea proteccionista es natural, ya que tiene forzosamente que privilegiar los intereses de sus integrantes, pero esto no quiere decir que tales intereses siempre coincidan con los del país en su conjunto. Por el contrario, décadas de experiencia deberían habernos enseñado que, además de llevar a un callejón sin salida, la política de “sustitución de importaciones” atenta contra el bienestar de la mayoría de los habitantes del país, sobre todo cuando implica subsidiar a sectores poco competitivos que sencillamente no están en condiciones de producir bienes de calidad a precios accesibles. En la actualidad la Argentina es un “país caro” en que una multitud de bienes –ropa, alimentos, artefactos electrónicos– cuesta llamativamente más que los disponibles en Estados Unidos y la Unión Europea. De prosperar los argumentos esgrimidos por los proteccionistas, la brecha que ya se da se ampliaría todavía más, lo que podría complacer a los fabricantes pero, por cierto, no contribuiría a mejorar el nivel de vida de los demás. Asimismo, existe el riesgo de que medidas como las reivindicadas por Giorgi y Moreno, para no hablar de las reclamadas por la UIA, provoquen represalias por parte de los países perjudicados, como en efecto ya sucedió cuando los chinos suspendieron la compra de soja. Si bien todos los países son proclives a recaer subrepticiamente en el proteccionismo por motivos coyunturales, el consenso mundial es que legitimarlo tendría consecuencias desastrosas. Por lo tanto, el gobierno kirchnerista tendrá que proceder con cautela; en caso contrario, podría verse acusado de violar de forma descarada las reglas del comercio internacional, lo que nos haría blanco de sanciones punitivas. Aunque a veces puede resultar aconsejable proteger a sectores determinados, también lo es impedir que los industriales se acostumbren a depender tanto de las barreras erigidas por el gobierno que dejen de tratar de mejorar la calidad y reducir los costos de sus productos para que los consumidores los prefieran a los importados.
