Protesta por Rafael Nahuel: qué pasó cuando los padres entraron al juzgado
Luego de insistir varios minutos, se reunieron con el secretario del Juzgado, Gustavo Zapata, a cargo del tribunal. Pedían que estuviera presente la abogada de la querella pero el letrado de la APDH insistió en que "el juez podía atender a los padres sin ningún abogado".
El homicidio de Rafael Nahuel Salvo ocurrió la tarde del 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi. (Foto de archivo de Alfredo Leiva)
Luego de varias horas de reclamos a dos años del asesinato de Rafael Nahuel e incidentes frente al Juzgado Federal, los padres del joven, acompañados por el abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Sebastián Feudal, se reunieron con el secretario del Juzgado, Gustavo Zapata, a cargo del tribunal.
El encuentro se prolongó unos 20 minutos mientras en el exterior del Juzgado, los manifestantes arrojaban piedras contra los 20 efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Cada tanto, los agentes cubiertos por escudos, cascos y máscaras arrojaban gases lacrimógenos y llegaron a efectuar cuatro disparos disuasivos.
“La familia y el juez cruzaron palabras de manera cordial aunque por momentos, con un tono elevado. No sé si decir que fue constructivo pero es positivo que el juez los haya recibido. En dos años se avanzó muy poco y la Justicia debe resolver”, enfatizó el abogado, al término de la reunión.
“Este caso –agregó– reviste una mayor importancia por la participación de las fuerzas de seguridad. Está involucrado el Ministerio de Seguridad de la Nación”.
Las padres de Rafael cuestionaron la liberación del albatros de Prefectura Francisco Pintos, pero Zapata les aclaró que “no dependía de él sino de la Cámara de Casación” y de la de Apelaciones de Roca.
Ayer a la mañana, la cuadra de la avenida San Martín donde se encuentra el Juzgado, amaneció vallada al igual que el ingreso al edificio. La concentración estaba estipulada a las 10 y en ese momento, unos 15 agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria ya estaban apostados en el ingreso.
En el momento en que un puñado de manifestantes prendieron fuego el cerco de una casa cercana con cartones y comenzaron a arrojar piedras contra los uniformados, salieron otros 20 agentes con escudos, cascos y máscaras. María Nahuel, la tía de Rafael, se tiró al piso y logró pasar del otro lado de las vallas. Circulaba entre los escudos de los agentes y vociferaba: “¿Quién da la orden para matar?, ¿usted es el jefe? Sépanlo: todos ustedes pueden terminar siendo víctimas del Estado”.
Al comienzo del reclamo, los padres de Rafael permanecieron frente a las vallas con fotos de su hijo en alto. “No voy a bajar los brazos hasta conseguir justicia. ¡Asesinos!”, gritaba Graciela Salvo a los uniformados.
Uno de los policías no dejaba de filmar a los manifestantes. “¡Bajá esa cámara!”, abucheaban del otro lado de las vallas. De tanto en tanto, una mujer con el rostro cubierto apuntaba a esa cámara de video con una gomera.
“Es revelador que a dos años del hecho aun no se pueda determinar de qué arma salió la bala. La prestación de justicia está totalmente vulnerada. Fue excesivo asignar a Gendarmería la segunda pericia porque depende del Poder Ejecutivo. Y las declaraciones del Poder Ejecutivo sobre el hecho mostraron que hay un interés”, sentenció Feudal.
El único imputado es el prefecto Pintos, pero por decisión de la Cámara de Casación Penal, por homicidio cometido en exceso de la legítima defensa.
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