Que el mundo nos salve
Cuando se difunde la sensación de que el gobierno está a punto de alcanzar un arreglo aceptable con los holdouts o, si se prefiere, los “buitres”, los mercados lo celebran con alzas importantes, pero al darse cuenta los inversores de que solucionar el problema planteado por la deuda impaga no será tan fácil como algunos suponen, se desploma nuevamente el valor de las acciones y bonos locales. La conducta errátil del gobierno, es decir de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ha contribuido mucho al nerviosismo que tantos sienten. Un día parece resuelto a acatar las órdenes del juez neoyorquino Thomas Griesa, pero el siguiente prueba suerte con un ardid que, espera, le permitiría marginarlo, como intentó al depositar 532 millones de dólares para quienes habían entrado en los canjes en el Bank of New York Mellon. El juez reaccionó frente a la jugada pidiendo al banco que devolviera el dinero a la Argentina para dejar las cosas como estaban antes. Aunque Griesa no lo embargó, como querían Cristina y el ministro de Economía Axel Kicillof que preveían acusarlo de hacer caer en default un país soberano, la maniobra no habrá servido para convencerlo de la buena fe del gobierno argentino. Luego de perder una y otra vez en el ámbito jurídico, Cristina está procurando politizar el caso. Parece confiar en que la presión internacional resulte suficiente como para obligar a Griesa a batirse en retirada. Ya ha conseguido el apoyo no sólo de docenas de países subdesarrollados sino también de los gobiernos de Estados Unidos y Francia, además del Fondo Monetario Internacional. Tanto los presidentes Barack Obama y François Hollande como la jefa del FMI, Christine Lagarde, temen que un eventual default técnico de la Argentina haga mucho más difícil la “reestructuración”, para emplear el eufemismo de moda, de las deudas de otros países, pero hasta ahora no se han producido índices de que el drama financiero y jurídico que está representándose en Nueva York haya perturbado los mercados del resto del mundo. Parecería que, con razón o sin ella, casi todos creen que la Argentina es un país tan sui géneris que extrañaría que lo que suceda aquí tuviera repercusiones significantes en otras latitudes. Dadas las circunstancias, es comprensible que el gobierno kirchnerista haya optado por tratar de reubicar el pleito en el terreno político, ya que virtualmente nadie quiere a “los buitres” y muchos sienten que sería sumamente injusto que los argentinos de a pie sufrieran penurias a causa de una orden judicial norteamericana. Con todo, no sólo Griesa sino también los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos parecen resueltos a defender su independencia del poder político. Así pues, aun cuando gracias al respaldo de tantos dirigentes políticos extranjeros nuestro gobierno lograra salir de la situación en la que se encuentra sin tener que pagar un precio excesivo, en adelante tendría que enfrentar la hostilidad de la Justicia norteamericana, lo que no nos beneficiaría en absoluto. Por lo demás, la forma nada profesional con la que Cristina y Kicillof han manejado el conflicto no ha ayudado a mejorar la imagen nacional a ojos de los inversores en potencia que, como es natural, desconfían de quienes a su juicio obran sobre la base de consignas populistas, sin preocuparse por los derechos legales ajenos. Según Kicillof, a menos que consiga doblegar a Griesa llevará la causa al Tribunal Internacional de La Haya, la OEA, la ONU, el FMI y, como si sirviera para algo, los tribunales ordinarios locales, con el propio juez en el banquillo de los acusados. Sería por lo menos factible que, después de muchos meses de litigación agitada, tales entidades decidieran que Griesa fue demasiado duro con la Argentina, pero aun así los costos económicos de una aventura judicial del tipo propuesto por los halcones del kirchnerismo serían con toda seguridad enormes. Por lo demás, significaría que en la larga fase final de la gestión de Cristina el deterioro económico, y por lo tanto social, sería aún más grave de lo que ya parece inevitable. De ser así, los más perjudicados por un eventual “triunfo moral” sobre los holdouts y el sistema judicial norteamericano serían los millones de argentinos que se verían depauperados por los errores perpetrados por un gobierno supuestamente popular.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.124.965 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Sábado 28 de junio de 2014
Cuando se difunde la sensación de que el gobierno está a punto de alcanzar un arreglo aceptable con los holdouts o, si se prefiere, los “buitres”, los mercados lo celebran con alzas importantes, pero al darse cuenta los inversores de que solucionar el problema planteado por la deuda impaga no será tan fácil como algunos suponen, se desploma nuevamente el valor de las acciones y bonos locales. La conducta errátil del gobierno, es decir de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ha contribuido mucho al nerviosismo que tantos sienten. Un día parece resuelto a acatar las órdenes del juez neoyorquino Thomas Griesa, pero el siguiente prueba suerte con un ardid que, espera, le permitiría marginarlo, como intentó al depositar 532 millones de dólares para quienes habían entrado en los canjes en el Bank of New York Mellon. El juez reaccionó frente a la jugada pidiendo al banco que devolviera el dinero a la Argentina para dejar las cosas como estaban antes. Aunque Griesa no lo embargó, como querían Cristina y el ministro de Economía Axel Kicillof que preveían acusarlo de hacer caer en default un país soberano, la maniobra no habrá servido para convencerlo de la buena fe del gobierno argentino. Luego de perder una y otra vez en el ámbito jurídico, Cristina está procurando politizar el caso. Parece confiar en que la presión internacional resulte suficiente como para obligar a Griesa a batirse en retirada. Ya ha conseguido el apoyo no sólo de docenas de países subdesarrollados sino también de los gobiernos de Estados Unidos y Francia, además del Fondo Monetario Internacional. Tanto los presidentes Barack Obama y François Hollande como la jefa del FMI, Christine Lagarde, temen que un eventual default técnico de la Argentina haga mucho más difícil la “reestructuración”, para emplear el eufemismo de moda, de las deudas de otros países, pero hasta ahora no se han producido índices de que el drama financiero y jurídico que está representándose en Nueva York haya perturbado los mercados del resto del mundo. Parecería que, con razón o sin ella, casi todos creen que la Argentina es un país tan sui géneris que extrañaría que lo que suceda aquí tuviera repercusiones significantes en otras latitudes. Dadas las circunstancias, es comprensible que el gobierno kirchnerista haya optado por tratar de reubicar el pleito en el terreno político, ya que virtualmente nadie quiere a “los buitres” y muchos sienten que sería sumamente injusto que los argentinos de a pie sufrieran penurias a causa de una orden judicial norteamericana. Con todo, no sólo Griesa sino también los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos parecen resueltos a defender su independencia del poder político. Así pues, aun cuando gracias al respaldo de tantos dirigentes políticos extranjeros nuestro gobierno lograra salir de la situación en la que se encuentra sin tener que pagar un precio excesivo, en adelante tendría que enfrentar la hostilidad de la Justicia norteamericana, lo que no nos beneficiaría en absoluto. Por lo demás, la forma nada profesional con la que Cristina y Kicillof han manejado el conflicto no ha ayudado a mejorar la imagen nacional a ojos de los inversores en potencia que, como es natural, desconfían de quienes a su juicio obran sobre la base de consignas populistas, sin preocuparse por los derechos legales ajenos. Según Kicillof, a menos que consiga doblegar a Griesa llevará la causa al Tribunal Internacional de La Haya, la OEA, la ONU, el FMI y, como si sirviera para algo, los tribunales ordinarios locales, con el propio juez en el banquillo de los acusados. Sería por lo menos factible que, después de muchos meses de litigación agitada, tales entidades decidieran que Griesa fue demasiado duro con la Argentina, pero aun así los costos económicos de una aventura judicial del tipo propuesto por los halcones del kirchnerismo serían con toda seguridad enormes. Por lo demás, significaría que en la larga fase final de la gestión de Cristina el deterioro económico, y por lo tanto social, sería aún más grave de lo que ya parece inevitable. De ser así, los más perjudicados por un eventual “triunfo moral” sobre los holdouts y el sistema judicial norteamericano serían los millones de argentinos que se verían depauperados por los errores perpetrados por un gobierno supuestamente popular.
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