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Que se ajusten todos




Jueces y fiscales están entre los primeros en verse expulsados de una élite resuelta a vivir como si el ingreso per cápita de la Argentina fuera dos o tres veces más alto de lo que es.


El juez Alberto Lugones, titular del Consejo de la Magistratura: “Renunciarían 150 jueces”.

Las sociedades venidas a menos suelen ser escapistas porque, como decía T. S. Eliot, el ser humano no puede soportar demasiada realidad. Aun cuando la mayoría ya no esté en condiciones de continuar dándose los lujos a los cuales se había acostumbrado, algunos tratarán de seguir como si todo fuera igual que antes. Es lo que ha ocurrido aquí. Si bien ya ha pasado más de medio siglo desde los días felices en que la Argentina era un país relativamente próspero, muchos se resisten a asumir esta verdad desafortunada. Con el paso del tiempo, una capa social tras otra cae en la miseria, pero así y todo los que logran mantenerse a flote se las ingenian para convencerse de que no les tocará acompañarlos.

Los sobrevivientes conforman una elite reducida de políticos profesionales, dirigentes sindicales, los miembros más acaudalados de la familia judicial, grandes empresarios y los restos de la clase media. A menos que el país protagonice un harto improbable milagro económico, pronto llegará la hora en que muchos de ellos se vean forzados a vivir de ingresos decididamente inferiores a los previstos.

¿Es realmente necesario que los legisladores contraten a pequeños ejércitos de “asesores” de idoneidad cuestionable? ¿Contribuyen algo significante al bienestar nacional los negocios de dirigentes sindicales vitalicios?

En los meses últimos ha cobrado fuerza la convicción de que los hombres y mujeres de dicho sector deberían compartir los “sacrificios” que se exige a los demás, comenzando con los jubilados comunes que durante cuatro o cinco décadas aportaron al sistema previsional y los empleados que han visto achicarse sus ingresos o que, en muchos casos, han perdido su empleo. Huelga decir que la idea no les gusta. Aunque los vinculados con actividades productivas como el campo, la industria y los llamados servicios pueden señalar que solo ellos están en condiciones de hacer crecer la jibarizada economía nacional, a los demás les será mucho más difícil justificar sus “conquistas”.

Los políticos tendrán que explicar las razones por las que aquí el gasto de su sector particular es muy superior al habitual en países que son mucho más ricos. ¿Es realmente necesario que los legisladores contraten a pequeños ejércitos de “asesores” de idoneidad cuestionable? ¿Contribuyen algo significante al bienestar nacional los negocios de dirigentes sindicales vitalicios? Al intensificarse la crisis, tales preguntas se repetirán.

El turno de los políticos, sindicalistas y los muchos que dependen de su generosidad vendrá, pero en la actualidad quienes están bajo la lupa pública son jueces y fiscales beneficiados por las llamadas jubilaciones de privilegio.

Tal y como están las cosas, corren el riesgo de estar entre los primeros en verse expulsados de una elite que está resuelta a vivir como si el ingreso per cápita de la Argentina fuera dos o tres veces más alto de lo que efectivamente es.

La oposición quisiera defender el statu quo del Poder Judicial contra los intentos oficialistas de modificarlo por temor a que termine colonizado por personajes más interesados en garantizar la impunidad de sus jefes políticos que en aplicar la ley de manera imparcial, pero sabe que no le convendría en absoluto procurar defender el costoso régimen previsional del sector.

En cuanto a los kirchneristas, nunca han ocultado su deseo de reemplazar a muchos jueces y fiscales por otros que les sean más afines, pero los más cautos eran conscientes de que intentarlo provocaría la reacción airada no solo de miembros influyentes de la gran familia judicial y de la oposición formal, sino también de buena parte de la sociedad.

No debieron haberse preocupado; les será dado llevar a cabo sin muchos problemas lo que a primera vista amenazaba con ser un operativo muy complicado. Al dejar saber Alberto que está a favor de poner fin a las jubilaciones de privilegio que son incompatibles con la “solidaridad previsional” que reivindica, ya se ha desatado un éxodo de magistrados horrorizados por la idea de que en adelante sean tratados como seres comunes.

Esperan jubilarse pronto porque confían en que si lo hacen a tiempo disfrutarán de los beneficios del sistema aún vigente. Puede que les aguarden algunas sorpresas ingratas; como muchos jubilados ya han descubierto, hoy en día los “derechos adquiridos” de tal tipo valen poco.

La alarma que sienten los judiciales puede entenderse. Según se informa, los jubilados del sector perciben, por promedio, 234.000 mensuales, 289.000 en el caso de los jueces o fiscales, mientras que los hay que cobran varias veces más.

Aunque no les es del todo fácil justificar lo que a ojos de los demás es una anomalía escandalosa, quienes aún no se han acercado a la edad de jubilarse están resueltos a hacer lo posible para que nada cambie. Lucharán en los tribunales, pero es tan grave la situación financiera del país que sorprendería que consiguieran lo que quieren.


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