Quedó libre el acusado de llevar bombas molotov al predio desalojado en Roca

El único detenido que quedaba por los incidentes registrados el sábado en Roca, en el marco del desalojo de las tierras del polígono de tiro, recuperó hoy su libertad. Los fiscales pidieron que se dicte la prisión preventiva, pero el juez de Garantías que intervino en el caso consideró que la falta de antecedentes y la expectativa de una pena de ejecución condicional no habilitaban esa medida.

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Desalojo en Roca: queda un solo detenido y enfrenta una grave acusación

Mientras esa audiencia se desarrollaba en los tribunales provinciales de la ciudad, en las puertas del municipio se reunieron vecinos y referentes de la toma, quienes insistieron en el repudio al accionar policial y judicial durante el fin de semana, entendiendo que fueron víctimas de “una cacería” en la que se avasallaron varios derechos.

“Fue lamentable todo lo que paso. Yo estaba con mi hija y se abalanzó todo. Ver a mi hija llorar, chicos corriendo, en el piso, ver cómo quemaban mi casa fue muy feo. Fue correr y resguardarnos, era esconderse, pero nos sometieron a una represión brutal. No hubo piedad, las mujeres policía nos atacaban, siempre pensamos en el diálogo, que iba a venir el fiscal, pero no fue así. Fue todo muy feo, no hubo ni asistencia a los heridos”, dijo una de las mujeres que estaba en el predio el sábado a primera hora de la mañana.

Además de la conferencia de prensa, el grupo que pretendía el reconocimiento del “barrio La Esperanza” tenía prevista una reunión esta noche en el barrio Fiske Menuco (cercano al polígono), para definir los pasos a seguir.

“Pasaron el fin de semana en casas de familiares y allegados. Los sacaron con el argumento de que hicieron algo en contra de la ley. Todos hablan de lo legal, pero nadie dice que el acto de entrega de esas tierras a la Asociación Tiro Federal no es legítimo. No son tierras de propiedad privada. Son tierras fiscales que en el año 1976 (plena Dictadura Militar) el interventor municipal, Zárraga, les regaló al polígono y todavía hoy no tienen la tenencia efectiva, por lo tanto siguen siendo tierras fiscales”, dijo Aurelio Vázquez, dirigente del MAS que acompaña a las familias y el primero de los 11 detenidos el sábado.

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El último en recuperar la libertad fue un joven, que el sábado fue perseguido desde el predio del polígono hasta las 500 Viviendas, donde atacó y dejó inconsciente a un policía.

En la formulación de cargos, los fiscales Ricardo Romero y Natalia Pascual pidieron tres meses de prisión preventiva, para evitar el riesgo procesal de fuga y de entorpecimiento a la investigación.

La fiscalía detalló que al requisar el vehículo se constató que transportaban explosivos inflamables de elaboración casera, de las mismas características que las que fueron halladas en el predio del Tiro Federal.

Luego de escuchar los argumentos de los fiscales y del abogado defensor, el juez Gustavo Quelín dispuso la liberación del imputado, ordenando que realice presentaciones cada dos días a partir de ayer en la fiscalía y que se abstenga de participar de hechos que tengan relación con alteraciones de orden público.

“No puede estar inmiscuido o tener nuevos episodios en que sea partícipe la función policial. Todo bajo apercibimiento de que se le revoque su libertad”, expresó.

La fiscalía solicitó que se agreguen medidas cautelares como mantener el domicilio que fijó y en caso de cambiarlo lo informe, además no consumir estupefacientes ni abusar de bebidas alcohólicas.

A través de la secretaria de Seguridad y Justicia, Betiana Minor, el gobierno de Río Negro ratificó hoy la postura expresada el sábado, asegurando que el procedimiento de desalojo realizado en Roca se concretó dentro de los marcos legales.

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«El desalojo se produjo de manera muy rápida y pacífica. Había muy pocas personas en el lugar, no había niños y se concretó sin inconvenientes. Todo lo demás sucedió con hechos de violencia en los alrededores, donde el personal fue agredido e insultado, se les arrojaron elementos contundentes», indicó esta mañana la funcionaria en diálogo con periodistas de este diario.

Minor recordó que del operativo «participaron muchos veedores y representantes de todas las partes», agregando que «siempre tenemos un protocolo consensuado, que está previsto en diferentes etapas y que intenta que todos los operativos se lleven adelante con el nulo o mínimo uso de la fuerza».

«Ningún policía portaba su arma reglamentaria. Eso demuestra que claramente la intención era concretar el operativo en forma pacífica. No hubo balas de goma ni gases lacrimógenos. Lo único que se disparó fueron estruendos», afirmó la titular del área que tiene bajo su órbita a la Policía provincial.

Cuando se le preguntó sobre las detenciones arbitrarias que denunciaron hoy las personas que intentaron dialogar con el jefe del operativo, Minor dijo que «si las partes quieren denunciar algún hecho están en todo su derecho».

«Las detenciones se hicieron bajo la visión de la Secretaría de Derechos Humanos y de la fiscalía, quien también ordenó las detenciones en el lugar. Tiene que ver con las personas que estaban imposibilitando el cumplimiento de la orden judicial y con aquellos que presentaron resistencia a la autoridad», puntualizó.