Desalojo en Roca: el gobierno habla de un procedimiento «con normalidad»
Desde el Ejecutivo aseguraron que los incidentes ocurrieron luego del primer operativo. Hay 9 policías heridos.
El Gobierno de Río Negro emitió un comunicado público esta mañana sobre el desalojo de la toma del polígono de tiro en Roca, en el que se aseguró que el procedimiento se ajustó al protocolo para este tipo de casos.
El operativo se realizó luego de cumplido el plazo dispuesto por la Justicia para que las personas se retiraran de manera voluntaria, tras cuatro meses de ocupación. En este contexto, se dio cumplimiento a la orden judicial.
Luego del desalojo, se produjeron incidentes con personas que se acercaron al lugar para tratar de impedir la evolución del operativo y explicaron que para disuadir a estas personas, no se utilizaron «postas de goma» sino «detonaciones de estruendo». También se descartó la portación de armas reglamentarias.
«En momentos en que se realizó el operativo de desalojo, que se realizó en forma pacífica, no había presencia de niños en el predio», aseguraron.
«(Estas personas) arrojaban elementos contundentes a quienes que se encontraban en el lugar», expresaron y agregaron que se secuestaron bombas molotov en el lugar.
Además, ratificaron que hay once personas detenidas por disposición de la fiscal, las cuales «serán identificadas y liberadas a la brevedad, quedando luego a disposición de la justicia», aseguraron.
Por los incidentes, nueve efectivos policiales resultaron lesionados sin revestir gravedad producto de golpes con piedras, según informaron oficialmente.
El procedimiento fue encabezado por la fiscal jefe Graciela Echegaray y el fiscal Ricardo Romero acompañados por el Jefe de la Policía de Río Negro, Comisario General Daniel Jara.
En el operativo intervinieron efectivos de la Policía de Río Negro, grupos especiales COER y el resto de las diferentes unidades que integran la jurisdicción de la Unidad Regional II de Roca, sin sus armas reglamentarias conforme a lo dispuesto.
Además estuvieron presentes representantes de la Senaf, de la Secretaría de Derechos Humanos, Defensoría de Menores, Bomberos, personal de Salud y Vialidad Rionegrina.
La fiscal en jefe Graciela Etchegaray permanecía en el lugar hasta que finalicen los trabajos, para entregar las tierras al propietario.
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