Quiroga logró llevar a juicio a Baudino por un corte de calles
La audiencia judicial. Foto: @OfijuPenalNqn
“Tenemos mucha expectativa. Nos pide el intendente que no se pueden permitir más cortes”, dijo el apoderado del municipio Javier Pino al finalizar su alegato en el juicio en el que se busca penalizar al dirigente gremial Santiago Baudino por el reclamo que se llevó a cabo frente a las escalinatas de la municipalidad por la reincorporación de las contratadas que quedaron fuera en 2017.
El juicio comenzó el lunes y finalizará el viernes con el veredicto del juez Mauricio Zabala.
Se trata de un juicio penal sin la participación de la fiscalía, que se retiró de la acusación por considerar que no habia prueba de delito. Pero la querella logró llegar al juicio luego de varias apelaciones.
En esta causa se acusó al gremio de cortar la avenida Argentina en septiembre de 2017.
La defensa exigió la absolución de Baudino y los otros dos gremialistas que fueron responsabilizados por el corte. “Esto fue una clara persecución contra el gremio. Pudo haber sido una contravención o una multa como nos hicieron durante todo el conflicto, pero hasta han llevado testigos a mentir”, planteó el titular de Sitramune.
Para Baudino, el intendente Horacio Quiroga y sus funcionarios debieran pagar de su bolsillo los gastos del juicio y del tiempo que demandó el proceso judicial “para culparnos por poner un cartel sobre la avenida cuando la calle ya estaba cortada, y los colectivos tuvieron durante esa hora caminos alternativos para circular: todo por reclamar por 33 compañeras a las que les bajaron los contratos porque se negaron a trabajar en un carrito panchero y tareas políticas”, sostuvo.
“Era época electoral y a Quiroga le subían los puntos mostrarse duro con los gremios para sumar votos”.
Santiago Baudino, titular de Sitramune.
El abogado de la comuna, Javier Pino, reconoció que se buscaba un aleccionamiento, ya que las penas establecidas para la acusación no serán altas en caso de que el juez Mauricio Zabala determine que hay responsabilidad penal de los imputados.
“El debate pasa por si de una vez por todas se va a condenar a las personas que quieren cortar las calles o dejar libre la circulación a los que quieren tomar un colectivo, que las empresas tengan que reprogramar servicios y la gente sufrir demoras”, manifestó el abogado municipal.
Insistió en que la medida de “30 a 50 personas” condicionó el trabajo de más de 2.500 empleados que no iterrumpieron su tarea.
Baudino indicó que los empresarios del transporte dieron cifras exageradas respecto a los desvíos y la circulación que hubo por las dos horas que se les imputa el corte de calles, e insistió que “nosotros teníamos una radio abierta y entregabamos panfletos, estabamos interesados en que la gente pasara, no que se cortara la avenida. Pusimos el cartel porque estaba cortado”, insistió.
Reiteró que la causa “fue una persecución como las presiones que sufrieron los agremiados, cuando se obligó a los contratados a desafiliarse o las amenazas que sufrieron los que tenían jefaturas si continuaban en el gremio”, sostuvo el gremialista.
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