Razones equivocadas

Hasta ahora, ningún candidato serio a la Presidencia se ha arriesgado dirigiéndose al pueblo con sinceridad.

Redacción

Por Redacción

Por suerte, escasean los líderes políticos que nieguen la validez del Artículo 22 de la Constitución Nacional, según el cual «el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución» y es de suponer que lo entienden muy bien aquellos radicales como el ex jefe de Gabinete del gobierno delarruista, Rodolfo Terragno, que están procurando salvar la cara poniéndose a cuestionar la legitimidad del «plan Cavallo» porque, como insisten, el autor no fue votado por más del diez por ciento del electorado en los comicios de los cuales surgió la presidencia de Fernando de la Rúa. Desgraciadamente, hoy en día existe una multitud de temas en los que la «sabiduría popular» no puede brindar soluciones de ninguna clase y aun cuando fuera posible permitir que la política económica dependiera directamente de la voluntad mayoritaria las consecuencias del experimento serían con toda seguridad tristes. Huelga decir que «el pueblo» comprende esta realidad mejor que los teóricos que dicen encarnarlo y que están proclamándose defensores de sus hipotéticos fueros. Es por eso que la ciudadanía permite a los funcionarios aplicar sus recetas, por dolorosas que sean, reservándose el derecho – que nadie discute – de juzgarlas conforme a los resultados concretos. De todos modos, según las primeras encuestas de opinión la mayoría aprueba plenamente la decisión del presidente Fernando de la Rúa de dejar que Domingo Cavallo maneje la economía, lo cual quita fuerzas a quienes se afirman horrorizados por el golpe que a su juicio se ha asestado contra la soberanía popular.

Si bien el problema señalado por Terragno y otros es importante, no sirve para mucho intentar analizarlo desde la perspectiva que por motivos oportunistas han elegido. Les sería mucho más útil preguntarse las razones por las cuales los programas que antes de ser puestos a prueba cuentan con el beneplácito de buena parte del electorado han fracasado de forma tan estrepitosa que los presidentes, trátese de Raúl Alfonsín, Carlos Menem o De la Rúa, se hayan visto constreñidos a adoptar otros que sólo hubiera votado una minoría reducida. La respuesta a este interrogante es sencilla: aunque los candidatos a cargos electivos hayan sospechado que sus propias propuestas, las cuales por lo común garantizan beneficios para todos, no funcionarían y que en consecuencia tendrían que ensayar medidas antipáticas, no se animaron a confesarlo por temor a perder sus posibilidades de triunfar.

El engaño así supuesto es habitual en todas las democracias del mundo, pero mientras que en los países más avanzados es por lo general una cuestión de matices, aquí la diferencia entre lo que se promete y lo que efectivamente se hace suele ser abismal. Como muchos radicales y frepasistas están recordándonos con rencor, las medidas propuestas por Cavallo – y ni hablar del planteo del radical Ricardo López Murphy – no tienen nada que ver con aquella lírica «carta a los argentinos» con la cual la Alianza, imitando sin sonrojar al laborismo del actual primer ministro británico Tony Blair, trató de entusiasmar al electorado. Claro, los aliancistas podrían aseverar que de haber hablado con mayor honestidad hubieran perdido la elección frente al demagógico candidato peronista, Eduardo Duhalde, pero la verdad es que nunca sabremos lo que hubiera pasado porque, hasta ahora cuando menos, ningún candidato serio a la presidencia de la Nación se ha arriesgado dirigiéndose al pueblo con sinceridad.

Tal vez uno debería intentarlo. Puede que en el pasado el eventual éxito electoral haya dependido de la capacidad del aspirante de convencer a la ciudadanía de que votarlo inauguraría una época de bonanza universal, pero sorprendería que la táctica así supuesta – la cual ya pareció bastante desactualizada en 1999 – continuara arrojando ganancias. Es factible, pues, que entre otras cosas los acontecimientos de las semanas últimas hayan servido para limpiar un poco la democracia nacional de las mentiras tradicionalmente consideradas imprescindibles para que en las próximas campañas los candidatos se dediquen a debatir acerca de opciones genuinas, no, como siempre ha sido el caso, a comparar fantasías presuntamente bien intencionadas que no tienen la más mínima posibilidad de concretarse.


Por suerte, escasean los líderes políticos que nieguen la validez del Artículo 22 de la Constitución Nacional, según el cual "el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución" y es de suponer que lo entienden muy bien aquellos radicales como el ex jefe de Gabinete del gobierno delarruista, Rodolfo Terragno, que están procurando salvar la cara poniéndose a cuestionar la legitimidad del "plan Cavallo" porque, como insisten, el autor no fue votado por más del diez por ciento del electorado en los comicios de los cuales surgió la presidencia de Fernando de la Rúa. Desgraciadamente, hoy en día existe una multitud de temas en los que la "sabiduría popular" no puede brindar soluciones de ninguna clase y aun cuando fuera posible permitir que la política económica dependiera directamente de la voluntad mayoritaria las consecuencias del experimento serían con toda seguridad tristes. Huelga decir que "el pueblo" comprende esta realidad mejor que los teóricos que dicen encarnarlo y que están proclamándose defensores de sus hipotéticos fueros. Es por eso que la ciudadanía permite a los funcionarios aplicar sus recetas, por dolorosas que sean, reservándose el derecho - que nadie discute - de juzgarlas conforme a los resultados concretos. De todos modos, según las primeras encuestas de opinión la mayoría aprueba plenamente la decisión del presidente Fernando de la Rúa de dejar que Domingo Cavallo maneje la economía, lo cual quita fuerzas a quienes se afirman horrorizados por el golpe que a su juicio se ha asestado contra la soberanía popular.

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