Realismo negativo

Desde hace años el Banco Central ha estado obligando a los bancos privados a colaborar activamente en la lucha contra la evasión impositiva negando no sólo créditos, sino también la posibilidad de tener abierta una cuenta a quienes no estaban en condiciones de probar estar al día con el fisco, pero gracias a la persistencia de la recesión el gobierno del presidente Fernando de la Rúa ha llegado a la conclusión de que los costos globales de tal política excedían las presuntas ventajas. Por eso, en adelante el Banco Central, con el aval del ministro de Economía José Luis Machinea, permitirá que los bancos presten dinero a quienes no pueden explicar el origen de sus ingresos, pero que aun así a su juicio disponen de los recursos necesarios para honrar sus obligaciones. Aunque en teoría debería ser evidente que una persona que depende de la economía negra no será un cliente confiable para cualquier institución bancaria que se precie, aquí son tantos los que se las han ingeniado para mantenerse alejados de la economía formal, y de los recaudadores de impuestos, que el mercado conformado por tales clientes no carecerá de atractivo para muchas entidades, sobre todo para las que se dan en distintas zonas del interior en las que los funcionarios y los comerciantes se resisten a «modernizarse».

Pero si bien la medida posee cierta lógica, el que el Banco Central se haya visto constreñido a tomarla no puede considerarse una buena noticia. La incapacidad de las autoridades para hacer mella en la economía negra constituye una de las causas básicas del desempeño decepcionante de la economía en su conjunto a partir de la reelección del presidente Carlos Menem a mediados de 1995. De haber logrado la DGI que todos abonaran los impuestos debidos, el país se habría ahorrado los «impuestazos» que tanto han aportado al clima de pesimismo que se ha difundido a raíz de la caída del consumo y de la convicción ya generalizada de que sólo nos espera una serie interminable de «ajustes» cada vez más severos. Pero parecería que el gobierno cree que, por importantes que sean los esfuerzos por combatir la evasión, le convendría más que los evasores menores consumieran un poco más.

Tal actitud puede ser realista, pero lo mismo que tantos otros alardes de realismo oficial a través de las décadas, también es decididamente cortoplacista. Después de todo, aunque los comprometidos con la economía negra aprovecharan plenamente el acceso al crédito para salir a comprar, los beneficios así conseguidos no serían muy grandes. En cambio, los costos para los demás -y en especial para los contribuyentes que siempre han cumplido con sus obligaciones impositivas-, de una decisión oficial tácita de convivir con la evasión continuarán siendo significantes y, andando el tiempo, propenderán a aumentar, porque es a causa de las limitaciones así supuestas que el Estado no puede brindar aquellos servicios sociales imprescindibles, muchos de los cuales equivalen a inversiones, sin los que la Argentina nunca podrá convertirse en un país auténticamente desarrollado.

Los bancos siempre se han opuesto a las reglas destinadas a convertirlos en aliados del gobierno en la lucha contra la evasión, en vista de las dificultades administrativas que les han supuesto. Sus voceros han podido argüir que las autoridades deberían ser capaces de cazar a los evasores sin tener que forzar a instituciones privadas a ayudarlas en su empresa hurgando en los asuntos de los ciudadanos. Con todo, el que la iniciativa del Banco Central se haya parecido bastante a una orden a los bancos para que busquen clientes entre quienes en efecto viven al margen de la ley los ha puesto en una situación que es bastante incómoda. Al fin y al cabo, no es muy probable que los vínculos que se establezcan entre las entidades bancarias locales y personajes que en opinión de sus gerentes son evasores solventes cuyos ingresos proceden de fuentes es de suponer inconfesables, sirvan para que la banca nacional adquiera más prestigio. Por el contrario, la permisividad virtualmente obligatoria que imperará a raíz del nuevo régimen podría dar pie a una multitud de escándalos, algunos menores, otros de proporciones.