Reclaman castigo para los «responsables políticos»
Piqueteros y ongs de DD. HH. recordaron a Kosteki y Santillán. También pidieron el procesamiento del acusado de matar a Fuentealba.
Organizaciones de desocupados, de Derechos Humanos y políticas reclamaron ayer con un bloqueo de tránsito en el Puente Pueyrredón «justicia y castigo para los responsables políticos» de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, a cinco años de la «Masacre de Avellaneda».
Exigieron además el procesamiento del cabo primero José Darío Poblete, acusado de asesinar al docente neuquino Carlos Fuentealba durante una protesta gremial, y la aparición con vida de Jorge Julio López, testigo contra el ex represor Miguel Etchecolatz que desapareció el 18 de setiembre de 2006.
Las agrupaciones efectuaron homenajes a las figuras de los piqueteros en varios distritos del país, con movilizaciones en la ciudad de Mar del Plata y las provincias de Río Negro, Neuquén, Tucumán, Santa Fe, Chaco, Formosa, Córdoba y Mendoza. En la provincia de Buenos Aires, los actos comenzaron el lunes con una vigilia que incluyó actividades artísticas y la instalación de unas 60 carpas para pernoctar en las inmediaciones del Puente Pueyrredón, que une Capital Federal con el el partido de Avellaneda. Ayer por la mañana, cientos de personas se congregaron en la estación ferroviaria de la zona, con el fin de marchar hacia ese enlace, donde arribaron al mediodía.
Kosteki y Santillán fueron asesinados el 26 de junio de 2002 en una represión policial, tras una protesta en demanda de mayores subsidios sociales, durante la gestión del entonces presidente Eduardo Duhalde.
Miembros del Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal Verón, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Polo Obrero (PO) y organizaciones que integran el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia improvisaron una tribuna sobre un camión, para los discursos. «La impunidad en Argentina es estructural y hay falta de voluntad para avanzar en la causa judicial contra los responsables políticos de los asesinatos, que se expresa también en lo que pasó con López y Fuentealba», dijo Juan Cruz Daffunchio, dirigente del MTD Aníbal Verón.
Las palabras de Daffunchio sintetizaron los discursos de otros dirigentes, uno de los cuales agradeció la adhesión al acto de Sandra Rodríguez, esposa del docente asesinado en Neuquén, quien envió una carta a las organizaciones para disculparse por su ausencia. «No me encuentro bien de salud para estar con ustedes», argumentó la mujer en la misiva, y criticó luego al mandatario neuquino, Jorge Sobisch. «El gobernador sigue echando leña al fuego. Ahora, pide autocríticas de parte de los docentes», se quejó.
Por su parte, Alberto Santillán, padre de Darío, leyó un documento consensuado por las organizaciones, según el cual «el manto de impunidad no sólo fue garantizado por la Justicia, también tuvo como partícipe al actual presidente (Néstor) Kirchner, quien había prometido investigar hasta las últimas consecuencias sin importar quién cayera». Los dirigentes pidieron «juicio y castigo para los responsables políticos, los que dieron la orden y los que encubrieron, quienes siguen sueltos y sin problemas». Además de Duhalde, el reclamo incluyó a funcionarios que ocupaban cargos el 26 de junio de 2002, como Alfredo Atanasof (jefe de Gabinete), Juan José Alvarez (secretario de Seguridad), Carlos Soria (responsable de la SIDE), y Oscar Rodríguez (segundo de la Secretaría de Inteligencia).
