Reforma judicial: los organismos que se proyectan para Neuquén y Río Negro

Son parte del proyecto del presidente Fernández, que se debate en el Senado desde esta semana. Cuenta con el apoyo de la mayoría de los legisladores nacionales que representan a la región.

Esta semana se comenzó a debatir la Reforma Judicial con la que el presidente Alberto Fernández aseguró que busca mejorar la justicia federal. Una de las claves de la propuesta es la creación de la «Justicia Federal Penal», lo que implicará nuevos organismos para la región. La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la mayoría de los senadores y diputados que representan a Neuquén y Río Negro, también prevé crear cargos de defensores y fiscales.

La reforma plantea la especialización de los fueros, por lo cual, el de Zapala se dividiría en Civil y Penal. Además de este nuevo juzgado en la provincia de Neuquén, en la de Río Negro ocurriría lo mismo en Bariloche, General Roca y Viedma. De esta forma, serían cuatro los juzgados que se crearían en la región con este desdoblamiento, con el correspondiente traslado de las secretarías penales.

Las nuevas defensorías y fiscalías penales que propone la Reforma están destinadas a Neuquén capital y Viedma, con jurisdicción en todo el territorio de sus provincias.

En el documento, se argumentó que en la región sur, las Cámaras Federales de Comodoro Rivadavia y General Roca atienden a más de dos millones de habitantes y llevan adelante una carga de trabajo penal total de 9.100 causas. Estos datos justifican, de acuerdo a la propuesta, la creación de 10 juzgados federales de primera instancia en lo penal para las dos jurisdicciones porque «recorren un gran alcance territorial» y «se necesita fortalecer el servicio de acceso a la justicia».

En Neuquén, el gobernador Omar Gutiérrez manifestó rápidamente su apoyo a la Reforma. “Cuando uno es funcionario público y genera estos debates, si los propicias, generan críticas, si no los propicias, generan críticas también. Por eso, yo soy de los que piensan que hay que abrir los debates a la participación ciudadana”, resaltó.

El partido provincial (MPN) está alineado, tras la visita presidencial a Villa La Angostura, con la postura oficialista, sin embargo, solo cuenta con un voto en el Congreso: la diputada Alma Sapag, quien participó de la presentación del proyecto.

Entre los juristas hubo distintas posturas. Marcelo Iñiguez, presidente del Colegio de Abogados de la ciudad de Neuquén, dijo que es “un debate necesario” y destacó la integración de la comisión de expertos. “Son excelentes. Con más de uno estudiamos y los citamos en nuestros juicios. Nadie está desprovisto de ideas políticas”, dijo pero agregó que son “profesionales con una autonomía académica notable”.

Marcelo Inaudi, vicepresidente del Consejo de la Magistratura, tuvo otra mirada. “Soy muy crítico de todo este manoseo a la Corte y al Poder Judicial. Esperemos que recapaciten porque ya les fue mal en el gobierno de Cristina (Fernández) y vislumbro un final oscuro”, opinó. Cuestionó el momento del debate por la pandemia y la ampliación de recursos, antes de la aplicación del nuevo código procesal penal Federal.

El exconvencional constituyente, Hugo Prieto, se mostró a favor de la discusión y resaltó como positivo que se mantenga el principio de juez natural, que no cambia de manos las causas. “Tiende a resolver uno de los grandes problemas de la república. Cuando es necesario, es oportuno”, señaló.

En el caso de diputados y senadores de la región, el apoyo es mayoritario. Lucila Crexell, del unibloque «Movimiento Neuquino» fue la única senadora que no definió una postura: “Argentina necesita una reforma judicial, pero no puede ser un acto unilateral. Deberá revisarse si ésta es la que nuestro sistema demanda”.

En el caso de los diputados, Alma Sapag también prefirió ser prudente, aunque se espera el apoyo del MPN. La diputada por Río Negro, Lorena Matzen (UCR) y los diputados por Neuquén, David Schlereth y Francisco Sánchez se oponen abiertamente. Este último afirmó hoy, en declaraciones a «Vos a diario» de RN Radio, que se trata de un gasto injustificado en tiempos económicos tan difíciles, aunque reconoció que es necesario aplicar una reforma judicial.


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