Régimen paralelo

Toda institución desarrolla su propia cultura y es natural que el Senado nacional, lo mismo que las demás legislaturas del país y la Justicia misma, se haya acostumbrado a manejarse según pautas un tanto particulares que acaso no coinciden por completo con las formales. Lo que no es natural en absoluto es que se haya abierto una fosa profunda entre los códigos escritos por un lado y la práctica al parecer rutinaria de los parlamentarios por el otro. Ya no se trata de interpretaciones quizás aventuradas de algunas exigencias legales ni de cierta flexibilidad que haya sido consagrada por la costumbre sino de una forma de actuar que está totalmente reñida con cualquier código ético concebible. Si bien es habitual en todas partes que los legisladores intercambien favores, «negociando» sus votos conforme a criterios que poco tienen que ver con los principios reivindicados, no lo es que los vendan por montos abultados, como parecería ha sido el caso «siempre» en el ya no tan honorable Senado de la Nación. En efecto, los resueltos a desvincular al presidente Fernando de la Rúa del affaire han subrayado que por ser cuestión de un «sistema» paralelo pudo funcionar sin la participación activa de integrantes de la cúpula del gobierno aliancista.

Aunque la convicción generalizada de que la cámara alta se convirtió hace tiempo en una especie de mercado persa frecuentado por políticos codiciosos y lobbistas sin escrúpulos es de por sí muy grave, nadie realmente cree que los senadores sean los únicos que toman la política por una actividad propicia para los deseosos de enriquecerse en seguida. Si los senadores son peores que sus congéneres de otras cámaras es porque son mayores sus responsabilidades institucionales, no porque sean excepcionalmente corruptos. Este detalle aparte, la verdad es que no se dan demasiados motivos para creer que los demás políticos sean distintos. Desde hace muchas décadas, escándalos similares, por lo común de menor magnitud, se han producido a diario en municipalidades y legislaturas provinciales a lo ancho y lo largo del país, lo cual es lógico porque no puede imaginarse una sociedad en que los más poderosos sean considerados sumamente corruptos sin que el ejemplo que brindan incida decisivamente en la conducta de quienes ocupan puestos menos importantes en la jerarquía política.

Esta realidad ha existido tanto tiempo que los corruptos han logrado asegurarse de que lo que hacen no es tan malo como dicen los moralistas. Al fin y al cabo, la ciudadanía pareció haberse acostumbrado a sus vicios, de suerte que les ha sido razonable suponer que sus compatriotas no tenían interés alguno en procurar obligarlos a ponerse a la altura de sus propias pretensiones. Es de esperar que los acontecimientos recientes hayan servido para disipar esta impresión: la presunta indiferencia de la gente, por no hablar de los resultados electorales, ha fortalecido enormemente a los dirigentes más corruptos a expensas de compañeros o correligionarios tentados a reclamarles un mínimo de respeto por los demás. Puede que la supuesta voluntad del pueblo de tolerar la corrupción sistemática – la cual, no lo olvidemos, ha significado a través de los años la transferencia de miles de millones de pesos desde los bolsillos de los ciudadanos decentes a las cuentas bancarias de los ladrones -, se haya debilitado tanto en las semanas últimas que por fin sea factible pensar en llevar a cabo reformas encaminadas a expulsar de la vida pública a los peores, lo cual haría que los conformistas, aquellos que se adaptan con facilidad a las circunstancias imperantes – son honestos cuando lo es la mayoría, deshonestos cuando quienes no lo son fijan las pautas -, entendieran que la ética no es meramente un tema útil para dar más vuelo a los discursos. Aunque la depuración que parece estar por llegar sea en cierto modo injusta al castigar con severidad a algunos relativamente inocentes dejando impunes a malhechores notorios, sería positivo que entre los sancionados se incluyera a políticos que se limitaban a ser «leales» a su corporación porque de esta manera se difundiría el mensaje de que hasta un pequeño lapso podría ser suficiente para arruinar una carrera.