Juicio por los Sobresueldos: Barbeito y González se defendieron

Se cumplió hoy la primera jornada del juicio contra doce ex funcionarios provinciales por la causa de Sobresueldos, que evalúa el desvío de fondos públicos para adicionales salariales durante siete años de la gestión del gobernador Miguel Saiz, que surgió de una investigación de RíoNegro.

El debate -que seguirá el próximo lunes- se abrió con la lectura de los hechos y las imputaciones fijadas para la docena de imputados, presentes en la sala con la excepción del ex contador Daniel Bossero.

Los acusados asistentes fueron los exministros Alfredo Pega, Diego Larreguy, Juan Accatino, Cristina Uría, Omar Contreras, Cesar Barbeito y Francisco González; los ex secretarios Sergio Pendas y Anibal Hernández; el ex Tesorero José Ongaro; y el ex Contador Gustavo Picci. Los delitos de la elevación son peculado e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.

Inicialmente, el Tribunal -conformado por Gustavo Guerra Lavayen, Ignancio Gandolfi y Carlos Valverde- desestimó planteos de nulidad de las distintas defensas, centradas esencialmente en las falencias de la elevación de juicio. Así lo hicieron Damián Torres, Oscar Pandolfi, Juan Chirinos y Pedro Vega mientras el fiscal Hernan Trejo se esforzó en neutralizar esas ofensivas.

Otra decisión del cuerpo fue excluir de este juicio al ex contador Bossero, ausente por cuestiones de salud, con un cuadro post-operatorio en Roca.

Torres -que defiende a Barbeito- reclamó “la nulidad absoluta” de la elevación a juicio por las inexactitudes y carencias en las acusaciones planteadas originalmente por la fiscal Paula Frandsen.

En cambio, Pandolfi se centró en la imputación del delito de peculado y lo consideró incongruente para los ministros coparticipes. En el análisis, apuntó al ex gobernador Miguel Saiz, como firmante del decreto. “En ese caso, debería estar acusado el ex gobernador y el ministro que lo refrendó”, remarcó, en referencia a Saiz y al fallecido Pablo Verani.

La acusación judicial se orienta al pago de adicionales salariales, entre el 2004 y 2009, a partir del decreto 2/2004 y la resolución 61/2004, entendiendo que “dicho suplemento no fue incluido en las liquidaciones, se ejecutó e hizo efectivo el gasto público mediante una modalidad no autorizada para el pago de haberes, en cuanto se libraron cheques” a la orden del ministro de Coordinación (Barbeito) y, luego, del Secretario General (González). Se concluye que el mecanismo “habría evitado el control de la ejecución”.

Al pasar a las indagatorias, sólo hablaron González y Barbeito mientras el resto optó -por ahora- por la abstención. Quienes se defendieron son los más comprometidos porque la cartera que conducían instrumentaba los pagos cuestionados en el debate.

El ex secretario general González expuso inicialmente, con las consultas orientativas de su abogada Cecilia Cardella, y luego se sumaron Torres y Pandolfi. El ex funcionario hizo una reseña de su historia política hasta su llegada al gobierno de Saiz para concluir en la ocasión que el ex mandatario dispuso instrumentar el adicional para las autoridades superiores, que replica “el mecanismo de gastos reservados en la Legislatura”.

Recordó que el “sustento es del decreto y de la ley de presupuesto”, y que “no había discrecionalidad” en el reparto ya que existía un “procedimiento fijado por la resolución 64”. Enfatizó en los giros administrativos internos y resaltó así diferentes “controles y revisiones” del trámite.

Repitió que la “idea de Saiz era establecer algo similar a los gastos reservados de la Legislatura” y recordó su pedido al juez -sin respuesta- para ampliar la investigación a esos desembolsos. Al final de su exposición, González remarcó que el 2011 fue “un año político y electoral”, entendiendo que los imputados era por “el proceso que se venía”.

Luego, Barbeito fue en igual dirección, más corto y directo. “Nosotros no discriminamos, si lo fue algún juez que discriminó a los que hoy estamos acá” y lo hizo por ”cada ministro era candidato y eso fue lo que sucedió”.

En su defensa, el ex ministro y ex candidato a gobernador por la UCR en el 2011 insistió que Saiz y Verani “fueron los firmantes” del decreto, que “era un adicional y no era sueldo” y, por eso, no lo aplicó Hacienda y lo manejó Coordinación. Aseguró que núnca cobro un cheque y dijo tener “la tranquilidad que los pagos se hicieron como correspondían”.