Regularán el uso de celulares en las cárceles rionegrinas

Celulares con control a los internos de los penales y con un uso que aliente la buena conducta. Esta es la opinión coincidente del Procurador General, Jorge Crespo, y de la Defensora General de Río Negro, Rita Custet, respecto del uso de ese sistema de comunicación en la cárcel.

Ambos funcionarios fueron consultados por el ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia que trabaja un proyecto para regular la utilización de celulares por parte de los internos.

El año pasado en más de una oportunidad fueron allanadas celdas del penal provincial N°1 de Viedma, en el marco de investigaciones judiciales por robos calificados que habrían liderado internos a través de comunicación por celulares. En uno de los allanamientos el exjuez penal, Carlos Mussi, secuestró varios chips y aparatos de teléfonos. Otros tantos fueron arrojados al baño de la celda que ocupaban dos internos.

Ante estas situaciones y otras similares ocurridas en el resto de Río Negro, el Servicio Penitenciario Provincial comenzó a delinear un proyecto para regular ese uso, cuyos términos se desconocen y aún no han sido puestos en práctica.

Consultada la opinión del Procurador General sobre el tema compartió la necesidad de regular esa utilización aunque destacó el derecho a acceder a las comunicaciones con familiares, abogados, curadores y representantes institucionales que se interesen por su reinserción social de las personas privadas de la libertad. No obstante enfatizó que “al tiempo que se garantiza el derecho de los internos debe existir un control ejercido por parte del Servicio Penitenciario Provincial”.

Además consideró que “ese uso deberá alentar la buena conducta de las personas privadas de su libertad, desarrollar su sentido de responsabilidad y promover su interés de cooperación en lo referente a su tratamiento”.

Ante la misma consulta del ministerio de Seguridad y Justicia, Custet consideró apropiada la regulación del uso de celulares en personas que se encuentran privadas de la libertad.

Respecto del proyecto puesto a consideración, la Defensora General observó que no prevé parámetros uniformes para el acceso al servicio celular para todos los internos. En este marco y “a efectos de reglamentar el derecho y evitar la arbitrariedad en las concesiones y denegaciones de la autorización deberán reglamentarse las concesiones para acceder a la autorización”.

El proyecto de Seguridad establece que el interno deberá solicitar autorización para la tenencia y uso del celular al director del establecimiento penal.

Custet opinó que deberá aplicarse el reglamento disciplinario, garantizando el debido proceso para el cese de la autorización y el control. Respecto de lo que establece el proyecto sobre dos horas de uso diario del celular y que el horario será dispuesto por el director del penal observó conveniente que se fije un marco horario para que “el uso discrecional de la facultad tenga un anclaje reglamentario que lo dote de razonabilidad”.