Relato surrealista

Redacción

Por Redacción

En la Argentina del Indec, la tasa de inflación es bastante alta –en enero los precios al consumidor aumentaron el 0,7%, guarismo que en otras latitudes motivaría mucha preocupación–, pero según la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuyo asesor en la materia es el ministro de Economía, Amado Boudou, no se trata de un proceso inflacionario propiamente dicho sino de “una inmensa distorsión y dispersión de precios dependiendo de la cara del comprador y el sector”. Por lo demás, a juicio de la presidenta “hablar de variaciones de precios en temas como fruta y verduras es una locura”, opinión ésta que con toda seguridad no comparten los que, por comprar en el barrio equivocado o poseer la clase de cara que estimula la codicia de los comerciantes, tienen que pagar cada vez más por lo que necesitan. Sea como fuere, desde el punto de vista de la presidenta y, es de suponer, Boudou, constituye “una estupidez” culpar al gobierno por el hipotético aumento de precios puesto que “yo no vendo tomate, no produzco acero, no vendo autos”. Cristina, pues, se aferra a la teoría de su difunto marido de que buena parte del país es víctima de una psicosis inflacionaria y que para curarla resulta necesario someterla a un régimen de datos oficiales firmes que, andando el tiempo, la convencerá de que desde hace varios años se ha dejado engañar por una ilusión. Por desgracia, no hay señales de que el intento del gobierno de frenar la inflación tratándola como una enfermedad mental endémica logre tener éxito, ya que hasta los sindicalistas más oficialistas se han visto contagiados por el mal. En la Argentina que conforme al Indec sólo existe en la imaginación de políticos opositores, economistas neoliberales y sindicalistas que por algún motivo prefieren las mentiras difundidas por los contrarios al modelo de inclusión a la verdad oficial, el índice minorista de enero no fue del 0,7% sino que se aproximó al 2%, y tal y como se perfilan las cosas es muy probable que pronto supere el 30% anual. En tal caso, habríamos logrado conseguir la tasa de inflación más alta del planeta, con la eventual excepción de la Venezuela del amigo Hugo Chávez, que en este ámbito es muy pero muy competitiva, y el Zimbabwe del dictador anciano Robert Mugabe, aunque en dicho país africano, en el que un billete de 1.000 millones de dólares locales apenas alcanza para comprar un pedazo de pan, las estadísticas recientes son tan arbitrarias que los organismos internacionales han dejado de registrarlas. Como Cristina, Mugabe cree que la inflación se debe a la avaricia de los “formadores de precios”, pero sus esfuerzos vigorosos por disciplinarlos han tenido resultados no muy distintos de los de Guillermo Moreno. De regreso en el mundo real, nadie en sus cabales supone que la inflación sea un fenómeno ajeno al gobierno y que por lo tanto sería estúpido responsabilizarlo por el aumento constante de los precios. Tampoco hay funcionarios que procuren minimizar su importancia o que, como Boudou, opinen que es cuestión de un tema que sólo interesa a un puñado de ricos. En Brasil y China, además de los países europeos, los gobiernos entienden muy bien que la inflación provoca estragos, razón por la que no vacilan en reaccionar ante cualquier brote, ordenando ajustes severos a fin de ahorrarse males mayores, pero la Argentina kirchnerista es diferente. Antes de iniciarse la gestión de Cristina, su marido decidió que, por lo de los costos políticos, sería mejor convivir con una tasa de inflación ya excesiva hasta que aquellos “formadores de precios” se resignaran a desempeñar los papeles indicados en el relato confeccionado por el matrimonio patagónico. Pues bien, para nadie salvo los emotivamente comprometidos con el modelo de turno, la fantasiosa estrategia kirchnerista sólo ha servido para que, una vez más, la inflación provocara estragos en la economía nacional y se ensañara con millones de familias de ingresos reducidos que día tras día ven mermar su poder de compra. A juzgar por los comentarios extravagantes en torno al fenómeno que han formulado la presidenta, Boudou y otros voceros oficiales, el gobierno no tiene la menor idea de cómo enfrentarla, de suerte que parece inevitable que los precios sigan su carrera ascendente, con consecuencias nefastas para todos salvo los especuladores.


En la Argentina del Indec, la tasa de inflación es bastante alta –en enero los precios al consumidor aumentaron el 0,7%, guarismo que en otras latitudes motivaría mucha preocupación–, pero según la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuyo asesor en la materia es el ministro de Economía, Amado Boudou, no se trata de un proceso inflacionario propiamente dicho sino de “una inmensa distorsión y dispersión de precios dependiendo de la cara del comprador y el sector”. Por lo demás, a juicio de la presidenta “hablar de variaciones de precios en temas como fruta y verduras es una locura”, opinión ésta que con toda seguridad no comparten los que, por comprar en el barrio equivocado o poseer la clase de cara que estimula la codicia de los comerciantes, tienen que pagar cada vez más por lo que necesitan. Sea como fuere, desde el punto de vista de la presidenta y, es de suponer, Boudou, constituye “una estupidez” culpar al gobierno por el hipotético aumento de precios puesto que “yo no vendo tomate, no produzco acero, no vendo autos”. Cristina, pues, se aferra a la teoría de su difunto marido de que buena parte del país es víctima de una psicosis inflacionaria y que para curarla resulta necesario someterla a un régimen de datos oficiales firmes que, andando el tiempo, la convencerá de que desde hace varios años se ha dejado engañar por una ilusión. Por desgracia, no hay señales de que el intento del gobierno de frenar la inflación tratándola como una enfermedad mental endémica logre tener éxito, ya que hasta los sindicalistas más oficialistas se han visto contagiados por el mal. En la Argentina que conforme al Indec sólo existe en la imaginación de políticos opositores, economistas neoliberales y sindicalistas que por algún motivo prefieren las mentiras difundidas por los contrarios al modelo de inclusión a la verdad oficial, el índice minorista de enero no fue del 0,7% sino que se aproximó al 2%, y tal y como se perfilan las cosas es muy probable que pronto supere el 30% anual. En tal caso, habríamos logrado conseguir la tasa de inflación más alta del planeta, con la eventual excepción de la Venezuela del amigo Hugo Chávez, que en este ámbito es muy pero muy competitiva, y el Zimbabwe del dictador anciano Robert Mugabe, aunque en dicho país africano, en el que un billete de 1.000 millones de dólares locales apenas alcanza para comprar un pedazo de pan, las estadísticas recientes son tan arbitrarias que los organismos internacionales han dejado de registrarlas. Como Cristina, Mugabe cree que la inflación se debe a la avaricia de los “formadores de precios”, pero sus esfuerzos vigorosos por disciplinarlos han tenido resultados no muy distintos de los de Guillermo Moreno. De regreso en el mundo real, nadie en sus cabales supone que la inflación sea un fenómeno ajeno al gobierno y que por lo tanto sería estúpido responsabilizarlo por el aumento constante de los precios. Tampoco hay funcionarios que procuren minimizar su importancia o que, como Boudou, opinen que es cuestión de un tema que sólo interesa a un puñado de ricos. En Brasil y China, además de los países europeos, los gobiernos entienden muy bien que la inflación provoca estragos, razón por la que no vacilan en reaccionar ante cualquier brote, ordenando ajustes severos a fin de ahorrarse males mayores, pero la Argentina kirchnerista es diferente. Antes de iniciarse la gestión de Cristina, su marido decidió que, por lo de los costos políticos, sería mejor convivir con una tasa de inflación ya excesiva hasta que aquellos “formadores de precios” se resignaran a desempeñar los papeles indicados en el relato confeccionado por el matrimonio patagónico. Pues bien, para nadie salvo los emotivamente comprometidos con el modelo de turno, la fantasiosa estrategia kirchnerista sólo ha servido para que, una vez más, la inflación provocara estragos en la economía nacional y se ensañara con millones de familias de ingresos reducidos que día tras día ven mermar su poder de compra. A juzgar por los comentarios extravagantes en torno al fenómeno que han formulado la presidenta, Boudou y otros voceros oficiales, el gobierno no tiene la menor idea de cómo enfrentarla, de suerte que parece inevitable que los precios sigan su carrera ascendente, con consecuencias nefastas para todos salvo los especuladores.

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