Rescate improbable
Si Chirac realmente quisiera ayudarnos, anunciaría que Francia ha reconocido las consecuencias de su proteccionismo.
Aunque el presidente francés Jacques Chirac ha dicho que los siete países más ricos del mundo deberían «aplicar los medios que impidan que la Argentina se hunda» no sólo por tratarse de «un problema de solidaridad internacional hacia un gran país» sino también porque nuestra eventual caída arrastraría a otras economías que se encuentran en dificultades, es de suponer que sólo quería llamar la atención a lo buenos que son sus sentimientos porque hasta ahora cuando menos ni su gobierno ni ningún otro ha explicado lo que podría hacer a fin de resolver una crisis que ha sido causada en parte por la excesiva «solidaridad» ajena. Que no se hayan formulado propuestas concretas puede comprenderse: los problemas argentinos son básicamente internos y no se resolverán mientras los dirigentes locales se nieguen a asumir este dato acaso deprimente pero no por eso menor. Les corresponde a ellos luchar con vigor contra la evasión fiscal en gran escala, despolitizar la administración política para que el dinero aportado por los contribuyentes no desaparezca en una caja partidaria o sindical y combatir la corrupción. Así las cosas, lo único que lograría un nuevo operativo de rescate internacional sería brindar más pretextos a los reacios a impulsar reformas para seguir resistiéndose a reformar el orden social, político y económico con el cual están comprometidos.
Lo entienda o no Chirac, en la raíz del descalabro actual está la convicción de la mayoría de los integrantes de la clase política argentina de que tanto el Estado nacional como los provinciales disponen de más recursos de lo que es capaz de aportar la economía del país, de suerte que cualquier paquete de ayuda internacional sólo serviría para perpetuar una ilusión que nos ha llevado al borde mismo de la ruina, asegurando así que dentro de poco nos enfrentará con una situación todavía más grave. Conscientes de esta realidad, el gobierno estadounidense y el FMI se han limitado a felicitar a los políticos argentinos por su presunta voluntad de hacer frente a la crisis, subrayando que no tienen ninguna intención de «ayudarlos» prestándoles más dinero, actitud que, dadas las circunstancias, es la única que podría considerarse constructiva.
Esto no quiere decir que Chirac no esté en condiciones de darnos una mano. Si realmente quisiera hacerlo, anunciaría muy pronto que Francia finalmente ha reconocido que su entusiasmo histórico por el proteccionismo agrícola europeo ha tenido consecuencias calamitosas para la Argentina al privar al campo de lo que en buena lógica sería su mercado natural. En efecto, podría argüirse que el proteccionismo francés, que ha sido apoyado a regañadientes por los demás miembros de la Unión Europea, ha contribuido más que ningún otro factor a la prolongada declinación económica de nuestro país. Sin embargo, por generosas que sean las intenciones del mandatario galo, sería asombroso que se animara a anteponer la «solidaridad internacional» a sus deberes para con la minoría pequeña, si bien políticamente poderosa, que está conformada por los granjeros franceses. El sector combativo así supuesto nunca ha vacilado en defender sus privilegios con violencia vandálica y se opondría de manera intransigente a cualquier medida destinada a ayudarnos.
En teoría, el Grupo de los Siete debería de poder «impedir que la Argentina se hunda» facilitándole un préstamo tan gigantesco que le resultara posible ajustarse a la realidad económica sin que nadie se viera obligado a pagar costo alguno, pero todos sabemos que un plan de este tipo no tendría la menor posibilidad de funcionar. Si bien el gobierno se comprometería solemnemente a llevar a cabo todos los cambios exigidos, las dificultades políticas archiconocidas lo obligarían a demorarlos hasta después de las próximas elecciones y, entonces, hasta después de las siguientes. Para que nada de esto suceda, sería necesario aceptar la participación activa en el manejo del dinero prestado de representantes del G-7 pertrechados del poder de vetar cualquier «concesión» oficial, requisito que, huelga decirlo, sería resistido con furor no sólo por los extremistas de siempre sino también por muchos políticos relativamente moderados.