Río Negro: ¿Cómo es el plan de entrega de lotes aprobado por la Legislatura?
Ya es ley. La oposición acompañó, pero el FdT rechazó que se excluya a partícipes de tomas de tierras. El financiamiento fue otro punto en el debate.
La Legislatura sesionará bajo la modalidad de videoconferencia como la sesión anterior. Foto: Marcelo Ochoa
El proyecto de la gobernadora Arabela Carreras para la entrega de 12 mil lotes, en cinco años, fue aprobado -por unanimidad- por la Legislatura. El programa, denominado Suelo Urbano, No está en la ley, pero el gobierno anunció 1.000 millones para el 2021.
Ese financiamiento servirá para instalar los servicios -agua, electricidad y cordón cuneta- en lotes del Estado provincial o municipal, o de distintas organizaciones.
Entre sus características, quienes acceden a terrenos -que no serán mayores a los 300 metros cuadrados- no podrán venderlo ni alquilarlo por 10 años de su adjudicación. No podrán subdividirlo y deben iniciar la construcción de la vivienda dentro del año para finalizarla en un plazo no mayor a los tres años.
La Provincia puede dejar sin efecto la adjudicación si no se cumple con esa concreción. Para anotarse en el registro de Demanda, los interesados deben acreditar una residencia de cinco años en la Provincia y no tener una residencia a su nombre. Se excluirá a quienes -desde la vigencia de la ley- tengan “imputación firma” o tengan condenas por usurpación o toma de tierras.
Ayer, la Legislatura transformó ese plan en ley, con voto unánime. Aún así, los bloques marcaron diferencias aunque coincidieron que el plan era el principio en respuesta a un histórico y general déficit habitacional.
En el texto, el Frente de Todos no acompañó la exclusión del posible acceso a un terreno para los que en el futuro tenga “imputación firme” o deban cumplir condena por usurpación o tomas de tierras.
Cuatro horas requirió este tratamiento. El oficialismo defendió lo hecho hasta ahora por las administraciones provinciales y el FdT adelantó su rechazo a la exclusión de ocupantes para “no criminalizar la injusticia social que adoptan desesperadas formas de acceder a una vivienda”, dijo Marcelo Mango.
Juan Martín de JxC ponderó ese apartamiento porque “se debe cumplir la ley” y recordó un proyecto suyo para sancionar a los ocupantes de todo beneficio social provincial. Luego, el titular del bloque oficial, Facundo López defendió esa condición pero negó que sea una “estigmatización”.
La presidenta del FdT, María Martini aclaró que “no se trata de defender” a los que cometen delitos sino que es el pedido de “un Estado presente y que defienda a los que menos tienen”.
En el oficialismo se alistaron por la defensa: José Rivas, Marcelo Avila, Adriana Dell Agua, Norberto Blanes y el cierre de López. Por el FdT hablaron Alejandra Mas, Pablo Barreno, Mango, Alejandro Marinao y Martini.
El financiamiento fue otro punto de debate. Martini dijo esperar el presupuesto “para precisar cuánto recurso” se asignará mientras se esperanzó con que el “financiamiento real” llegue con los “créditos públicos”, pues entendió insuficiente los “1.000 millones” anunciados para el 2021.
Se sumó la posibilidad que la Provincia logre recursos de “ leyes especiales y los que se obtengan por operaciones de crédito público”.
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