Río Negro le pagará a abogados de un estafador

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB)- En una inexplicable sucesión de errores la Dirección General de Rentas perdió la demanda planteada contra el escribano Raul Echevarría, condenado en el fuero penal por una abultada estafa contra ese organismo, y deberá pagar más de medio millón de pesos en costas.

En la causa caratulada «DGR con Echevarría, Raul sobre ejecución de apremio» -mediante la que se apeló la primera demanda de ejecución perdida por el organismo- se regularon honorarios superiores al medio millón de pesos que se encuentran en etapa de ejecución y deberán ser afrontados por el erario provincial.

Los montos regulados por el titular del juzgado civil 1, Jorge Serra, encierran incluso una valoración de la labor desarrollada por cada parte. Mientras para la defensa del escribano -integrada por Miguel Blanco, Marcos Bot-bol y Rodolfo Huusman- se estableció la suma de 503.954 pesos, a los representantes de la provincia José y Oscar Pandolfi y Marcela Knaup se les reguló un monto total de 580 pesos.

En el desarrollo de los distin-tos recursos interpuestos desde 1995 el organismo fue representado por profesionales del Alto Valle pese a que la causa se sustanciaba en tribunales con asiento en Bariloche. El dato resulta más llamativo si se tiene en cuenta que en ningún momento se dio participación a la Fiscalía de Estado que cuenta con un representante en esta ciudad.

El secretario de Hacienda rionegrino, Pablo Verani, justificó la decisión en la sospecha que pesaba sobre los profesionales del fuero local.. (Ver aparte)

Las sucesivas resoluciones en favor de Echevarría se debieron a fallas de procedimiento tanto en el plano administrativo como en el judicial, sólo reconocidas en parte por los accionantes.

La primera causa de apremio iniciada a mediados de 1995 a solicitud del Director General de Rentas de la provincia, Ernesto Saluzzi, fue puesta en manos del abogado neuquino Manuel Quesada y diligenciada en esta ciudad por Juan Rojas.

El organismo reclamaba 1.273.094.45 pesos para saldar la deuda acumulada por el escribano entre 1991 y 1994 como agente de retención y por impuestos de sellos impagos. En el primer mandamiento de intimación, librado el 26 de julio de 1995, el juzgado civil 1 fijó además la suma de 636.547,22 «presupuestada provisoriamente para el pago de intereses, costos, y costas de ejecución».

El fallo contrario a la provin-cia fue resuelto el 26 de noviem-bre de 1996, dos años y medio antes que la causa penal instruida contra el escribano, que tuvo sentencia el 20 de mayo de 1999 y todavía se encuentra en etapa de apelaciones.

La medida civil a la que Oscar Pandolfi en su apelación califica de «paupérrima sentencia» se sustenta en fallas de la resolución original de la DGR -admitidas por Verani- que se constituyen en el primer error de la causa. El letrado contratado por la DGR para sustanciar la segunda instancia negó enfáticamente un error procedimental de su parte y calificó los fallos del juzgado civil y la Cámara de Apelaciones de «canallezcos». Pandolfi apuntó a la corporación de abogados locales y exigió un «jury» para los tribunales intervinientes en la consideración de que «han fallado contra derecho».

La causa desarrollada por el letrado chocó con la apelación, en paralelo, de un recurso administrativo de la DGR que dio origen a la causa y su resolución corrió la misma suerte que el tramite administrativo cuya validez fue denegada por el titular del juzgado civil, doctor Mansilla.

Pandolfi se desentendió del resultado de la causa que pasó a manos del actual representante fiscal del organismo en Bariloche, Federico Lutz, y aseguró que «si hubiéramos seguido y hubiera llegado al STJ esto no hubiera ocurrido nunca». Por su parte Lutz afirmó que su antecesor concluyó la causa y que «cuando la recibimos no tenía recurso procesal posible».

32 casos de fraude

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El 20 de mayo de 1999 la Cámara Segunda del Crimen condenó a Raúl Echevarría a tres años de prisión en suspenso y diez años de inhabilitación por el delito de «defraudación agravada en perjuicio de la administración pública». Un año después otro juzgado inició una investigación por 62 nuevos delitos y dictó la prisión preventiva del imputado.

Echevarría fue acusado de aprovechar su calidad de escribano público y agente de retención del impuesto de sellos de la provincia para beneficiarse en una suma cercana a los 800 mil pesos. Se le endilgó haber estampando sellos falsos en los comprobantes de pago del ex Banco Provincia de Río Negro en 32 oportunidades entre setiembre de 1991 y febrero de 1994.

La sentencia, resuelta por mayoría, fue apelada tanto por el fiscal Enrique Sánchez Gavier como por la defensa que señaló errores en la investigación judicial y calificó al episodio como «la fiesta del fraude detectado en la DGR».

Los abogados del imputado, Jorge García Osella y Marcos Botbol aludieron a una organización con «supuesta ramificación en la ex entidad bancaria provincial, no sólo en el ámbito estatal encabezado por el fiscal de Investigaciones Administrativas, sino incluso en el ámbito judicial que nos es propio».

El caso tomó un nuevo giro en abril del año pasado cuando la jueza Silvia Vaquero Lazcano dictó el procesamiento y la prisión preventiva del escribano en los autos donde se investigan otras 62 defraudaciones a Rentas, bajo la carátula de «estafa continuada y calificada». Poco tiempo después Echevarría abandonaba la alcaidía local, beneficiado con la excarcelación.

«Había connivencias de todo tipo», dijo el ex titular de Rentas

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El actual secretario de Hacienda y ex director General de Rentas, Pablo Verani, planteó dudas y sospechas sobre los abogados del fuero local y los tribunales que intervinieron en la causa al defender las decisiones adoptadas por la DGR en la causa de Raúl Echevarría.

Verani recordó que la magnitud del desfalco al organismo recaudador excedió al caso puntual del escribano, al asegurar que «en ésto ha habido una connivencia entre organismos públicos, contribuyentes y me atrevo a decir también de nuestra Justicia».

Justificó la contratación de los letrados valletanos en perjuicio de la fiscalía de Estado señalando que «no se recurrió a los abogados de la provincia por la situación que se registraba en 1994, donde había connivencia de todo tipo».

Admitió a «Río Negro» la existencia de «errores administrativos» por parte del organismo. «Cuando se inició el expediente civil y el apremio fiscal, que es el paso previo de la demanda, hubo algunos errores materiales en función de no respetar algunos pasos procesales» puntualizó.

El ex director de Rentas estimó que la defraudación cometida contra el organismo recaudador es varias veces millonaria y que existía una red de estafa amplia sostenida por distintos sectores sociales.

«Calculá que este chiste se venía haciendo desde el año 87 u 88 y hasta que se denuncia penalmente pasaron seis o siete años en los que al fisco de la provincia se le robó fortuna, inclusive comprometidos grandes personajes de Bariloche» dijo.

El funcionario confió en que la condena penal recibida por el escribano Echevarría le permita a la provincia reiniciar la demanda civil y revertir los resultados obtenidos hasta el momento.

Pero fue menos categórico en torno de la determinación de responsabilidades de la instancia ya concluida, que pone a la provincia en la inexplicable situación de abonar abultados honorarios a los abogados defensores tras la millonaria estafa que sufrió el fisco. «Lo recomendable sería eso», fue el escueto comentario.