Salud Pública tiene 30 motos, pero arrumbadas

VIEDMA (AV).- Una treintena de ciclomotores que iban a ser destinados a agentes sanitarios de Salud Pública llevan arrumbadas más de un año en un depósito del organismo, debido a que la Nación nunca envió la documentación como para ponerlas en circulación oficial en las áreas urbana-rural de diversas ciudades rionegrinas.

Los pequeños vehículos, que bien le vienen a estos trabajadores que deben cubrir extensas distancias, fueron recibidas en donación en Río Negro merced a un convenio de transferencia de equipamiento médico comprado en 1997 por la entonces administración del presidente Carlos Menem.

El tiempo pasó y luego de permanecer en depósitos porteños, las motitos Z-Carga con sus respectivos cascos y cajas de carga, llegaron a Viedma. Fue luego de un acuerdo firmado por Daniel Sartor, como ministro de Salud y Desarrollo Social de Río Negro, y su par en ese entonces de Nación, Héctor Lombardo.

Junto con esos vehículos, la provincia accedió a centrales telefónicas, computadoras, mamógrafos, consultorios modulares y numerosos elementos que ya fueron distribuídos.

Como si fuera poco, mientras las motos quedaron a la espera, la secretaría de Salud rionegrina se tuvo que hacer cargo del seguro a partir del 28 de febrero de 2001, porque según la cláusula séptima del convenio obliga a la jurisdicción beneficiaria a responsabilizarse de ese trámite desde la fecha de vencimiento.

A los ciclomotores les está faltando un documento denominado «01» que otorga la fábrica, y si bien las administraciones anteriores de Salud -correspondientes a Claudio Di Tella y Mario Rivoire- hicieron los contactos con la Nación, los reclamos fueron en vano. También la Fiscalía de Estado recomendó no ponerlas en circulación al no estar registradas en la provincia. El actual titular de la cartera, Alejandro Marenco, reconoció que por trabas burocráticas de la Nación «no podemos hacernos de los papeles porque, según nos dijeron, la fábrica quebró».

No obstante y para evitar inconvenientes, el funcionario promovió la confección del decreto 421, que ratifica el convenio y comunica todo inconveniente a la Nación a los efectos de que se pueda hacer valer la responsabilidad del proveedor, y así tratar de que lleguen a quienes corresponda.

En realidad, el problema no sería de quebranto comercial, pues de acuerdo a algunas averiguaciones efectuadas por «Río Negro», en el lapso en que fueron entregadas oficialmente las motos, la fábrica Zanella con asiento en San Luis fue vendida a otra firma.

No extrañaría que la documentación haya quedado en poder de los antiguos dueños y nunca se entregaron al ministerio nacional.

Pero al parecer podría haber otra traba para entregarla a los agentes. A estos se les exige tener el carnet de conductor, con lo cual nadie sabe en Salud Pública cómo zanjar esa situación y ver si le corresponde al organismo o a cada depositario abonar por el trámite.