San Antonio no logra resolver el destino de residuos de la pesca

San Antonio sigue con una deficiente gestión de los desechos sólidos pesqueros, y con un tratamiento mínimo de los residuos líquidos, que van a parar directamente al mar. Es que, hoy, la intendencia general de Recursos Hídricos provincial, de la que depende el organismo de control de calidad y protección (COCAPRHI) permite que todas las firmas arrojen sus fluidos casi sin ser tratados. “El agua que usamos para procesar pescados sólo está un poco más clorada que la de uso común”, sostienen desde las plantas.

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Sin embargo, desde 2015, la aparición de los langostinos lo cambió todo. Y lo que se utiliza para evitar que se oxiden es metabisulfito, un compuesto que al disolverse en el agua desprende gases tóxicos, como el dióxido de azufre, que es uno de los que intervienen en la lluvia ácida. Y, debido a esto, los científicos presumen que podría resultar contaminante, aunque se desconoce en qué volúmenes y concentraciones. Algo que ni siquiera se estudió en el Golfo San Matías.

Por otro lado, tampoco se le da cumplimiento a un acuerdo celebrado con una firma llamada GP SRL, que montó una estructura a cielo abierto para hacer compostaje industrial de residuos pesqueros en un campo de Claudio Urcera (titular de la empresa TSB).

Esa empresa llegó en octubre de 2019, a fines de la gestión del ex intendente Luis Ojeda (FDT). Avalada por una ordenanza aún vigente, debía remediar las cavas con restos de langostinos que se habían construido en esa finca, inicialmente cedida en comodato a la municipalidad. Y luego recibir los desechos de las pesqueras, que serían tratados en el mismo lugar, debido a que no se pensó en derivar la actividad a un predio fiscal.

Por eso Urcera, en los hechos, es socio del emprendimiento, ya que cada vez que GP recibe basura le destina, por contrato, un porcentaje de las ganancias.

Hasta ahora, sin embargo, la actividad de GP ha sido escasa. Es que no recibió ningún desecho líquido de las pesqueras. Mientras que la fábrica de harina de pescado sólo se los envió una vez.
Con respecto a los sólidos, la firma asegura que recién en noviembre de 2019 le empezó a llegar descarte de langostinos, pero en un volumen que los hace sospechar que las empresas tiran en otro lado los restos de su producción.

“Nos cansamos de denunciar esto, y el Estado no controla”, dijo Federico Restrepo, el director de proyectos de GP, que trabaja en Buenos Aires. Es que la ordenanza plantea que las firmas, si no usan los servicios de GP, pueden optar por presentar un método para garantizar el tratamiento de sus restos, que debe ser aprobado por el Estado. Y, bajo ese paraguas, hasta ahora cada pesquera siguió manejándose de modo irregular, ya que ninguna posee un esquema propio para el descarte. Aunque, sin controles, si eliminan la basura en algún espacio natural, no existen sanciones. “Tengo fotos que muestran que hacen descartes en cualquier sitio” aseguró Restrepo.

“Lo que ocurre es que los costos de GP son elevadísimos- manifestó Ignacia Sica, de la pesquera Perla del Este, que opera en el Puerto SAE-Tenemos que pagar por adelantado una chequera para 20 contenedores ($150.000), que usás a medida que vas llevando restos. Te cobran $7.500 por contenedor y por día podés llegar a usar 4 ($30.000), además hay que pagar el costo del flete, un servicio que ellos no prestan. En nuestro caso, utilizamos el flete de la fábrica de harina”.

Su firma, según Sica, manda allí el descarte de langostino, y el de pescado a la fábrica de harina.
Sobre los líquidos reconoció que los arrojan al mar. “Tenemos un permiso provisorio del control de calidad y protección de los recursos hídricos provinciales (COCAPRHI) para tirar el agua que usamos. Tras unos pasos previos, como un filtrado”. Y alegó que, usando 40 metros cúbicos como mínimo por día, tendrían que contratar de dos a tres camiones para llevarla hasta GP, y pagar luego para su tratamiento. “Eso sería imposible” sentenció.

Mientras tanto, la fábrica de harina de pescado sigue funcionando a pleno, porque recibe sin costo el descarte sólido pesquero, aunque no está habilitada para recibir crustáceos, que necesitan otro proceso. El problema es que está ubicada en el corazón del pueblo, y genera olores nauseabundos.

Debido a eso, fue emplazada hace años a mudarse al parque industrial, que está en las afueras. Pero como la municipalidad aún no dotó de gas al sector, ninguna industria comenzó a operar allí. Y la harinera, de momento, no hizo ninguna obra en el predio que le fue asignado.

Lo concreto es que a pesar del paso del tiempo y de algunas acciones, el destino de los residuos de la pesca sigue siendo un problema serio para San Antonio Oeste. Y en este contexto no hay indicios de solución.

Firma con pocos empleados y en un campo de otra empresa

La empresa GP Inversiones SRL llegó a la localidad en octubre de 2019, para inaugurar una planta de tratamiento al aire libre de desechos pesqueros, durante la última etapa de la gestión de Luis Ojeda (FDT) y en la gestión provincial de Alberto Weretilneck (JSRN).

Su voz cantante es Federico Restrepo, que es el director de proyectos y trabaja desde Buenos Aires. Aunque el domicilio fiscal de la empresa está en Puerto Madryn, Chubut. Restrepo afirma que “viaja mucho”. De hecho, en los últimos días, según relató, tuvo que visitar su Colombia natal debido al fallecimiento de su padre.

Recién en 2018, la empresa, que funcionaba desde hace 9 años, inscribió como actividad principal la “descontaminación y otros servicios de gestión de residuos”, y como secundaria la de “servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial”.

Sobre esto, el director afirmó que, en realidad, forman parte del “Grupo Teva”, que nació en Buenos Aires.
“Nos aliamos con la firma GP, que era de pesca, para empezar a operar con los desechos pesqueros en Chubut. Formamos una especie de Unión Transitoria de Empresas (Ute). De hecho, GP inversiones, asociada con otras firmas, tiene emprendimientos activos en Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado y Córdoba”.

Aunque, al escuchar esto, todos imaginarían que en San Antonio montaron una mega estructura, la realidad es otra. En el predio local, el personal de la firma lo integran un ex empleado municipal junto a su hijo. Y, cada tanto, llega una experta de Madryn “a inspeccionar”. A esos trabajadores les instalaron una casilla con una estufa eléctrica y, para movilizarse, la firma les dio un viejo Volkswagen Gol de tres puertas.

Gp se estableció en un campo que está a nombre de TSB, la firma de Claudio Urcera, que, antes, en abril de 2017, fue cedido en comodato a la municipalidad, mediante un acuerdo que vencería en enero de 2020. Son 5 hectáreas, ubicadas a 18 km de San Antonio por Ruta 2.

Ahora, GP remedió las fosas que albergaban restos de crustáceos, un compromiso que asumió a nivel provincial. Pero, como la municipalidad no proyectó una relocalización para la iniciativa, las estructuras que montaron para el tratamiento de los restos quedaron en el mismo predio privado. Por lo cual, cada vez que ingresan residuos para tratar, le entregan un porcentaje a Urcera.

Aunque cuando se los consulta sobre él, no lo identifican como socio. “Cedemos un monto a modo de canon de uso” contestan.

Lo que realizan es una enmienda orgánica. Reciben los restos sólidos y los neutralizan con cloro, peróxido de hidrógeno y aromatizantes. Luego, los mezclan con tierra, y forman pilas. En su interior, esas montañitas levantan temperatura. Al llegar a 50 grados, las vuelven a mezclar, y así hasta lograr que se ‘inertizen’ o mueran las materias activas. Lo que queda es tierra, que luego podrán comercializar como fertilizante.

Pero GP dice que esa no es la idea, porque ese material sólo volverá a usarse para mezclarlo con nuevos desechos.
Restrepo afirma que el convenio para tratar basura orgánica, como la que genera la pesca, en realidad GP lo rubricó con la Provincia. “Nosotros fuimos habilitados por Río Negro para tratar todos los residuos que tengan esas características” dijo.

Por eso se indigna al no recibir respuestas de las áreas de ambiente, tanto local como provincial, cuando denuncia que las pesqueras no están procesando allí sus restos.
Sin embargo, el intendente general de recursos hídricos provinciales, el ingeniero Daniel Petri, afirmó que “por lo que sé, esa firma (por GP) no tiene todas las habilitaciones pertinentes”, aunque no quiso brindar mayores precisiones sobre el tema.

Sin exigencias para evitar el vuelco al mar

No existen plazos para que las plantas pesqueras dejen de arrojar sus desechos líquidos al mar, mediante un permiso que les otorgó el control de calidad y protección de los recursos hídricos provinciales (COCAPRHI). Lo confirmó el intendente general del que depende el organismo, el ingeniero Daniel Petri. Aunque el funcionario sigue sosteniendo que ese permiso es provisorio.

“Lo que se está haciendo es darles tiempo (a las empresas) para alcanzar mejoras en la calidad del efluente, para no perjudicar la fuente laboral”, dijo Petri, dando por sentado que un adecuado tratamiento de esos residuos iría en detrimento de la actividad.

Por otra parte, esa “mejora” a la que alude estaría dada, según amplió, por un mejor filtrado de la materia sólida. “Limpiezas de canaletas, construcción de rejas, acondicionamiento de cámaras retenedoras de sólidos, vigilancia de los sistemas de conducción de líquidos residuales” detalló. Y aseguró que “no se solicitan métodos de tratamiento específico”. Pese a que, con la llegada de nuevas pesquerías como la del langostino, con los años se fueron complejizando los procesos, que ahora incorporan compuestos que antes no formaban parte del día a día de la actividad. Como el metabisulfito, que se utiliza para evitar que estos crustáceos se oxiden, y sobre el que algunos expertos afirman que podría resultar contaminante, aunque se desconoce en qué volúmenes y concentraciones. Por lo que se ve, aún hay mucho por hacer.

Municipalidad y Medio Ambiente provincial, sin respuestas

El área de medio ambiental municipal, ahora llamada Agencia de Protección ambiental Bahía San Antonio, que está a cargo de Oscar Echeverría, no respondió a ninguno de los requerimientos de este diario, que buscó contactarse para conocer detalles sobre las gestiones que están realizando para garantizar el correcto manejo de los residuos pesqueros en la localidad.

Tampoco hubo respuestas de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, a cargo de Dina Migani.

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Las empresas que operan en SAO

Son 5 las empresas pesqueras que están trabajando en la localidad.
*Perla del Este, en el Puerto San Antonio Este,
*Río Salado,
*Unión Marítima,
*Terminal pesquera artesanal
*Cooperativa Pesquera 16 de abril. A ellas se suma una fábrica de harina de pescado.