Sánchez de Lozada, obligado a rearmar el gabinete

LA PAZ (AFP) – El presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, definía ayer a un nuevo gabinete ministerial con la misión de diseñar un plan de reactivación económica consensuado con la oposición tras el estallido social de la semana pasada que dejó 33 muertos.

Sánchez de Lozada recibió en las últimas horas la renuncia conjunta de sus 18 ministros, lo que le allana el camino para integrar un nuevo equipo de colaboradores y reducir el tamaño de la administración pública eliminando entre cinco y seis ministerios.

Los ministros dimitentes son miembros de la coalición oficial formada entre el partido del presidente, Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR, liberal), y el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR, socialdemócrata) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS, populista de derecha).

La recomposición del Gabinete permitirá «menos ministerios, menos viceministerios y direcciones generales, menos gastos en celulares y vehículos, porque, obviamente, tenemos que dar liderazgo con ejemplo», anticipó el mandatario el domingo en un mensaje a la nación.

Acaudalado empresario minero, Sánchez de Lozada inició una etapa de austeridad renunciando a cobrar su salario de jefe de Estado de unos 20.900 bolivianos (menos de 3.000 dólares) mensuales, mientras el Congreso estudia la reducción de sus gastos en un 12%.

En el marco del cambio de actitud que pregona, 'Goni', como le conoce el pueblo, pretende, además, poner en marcha el diálogo «para hacer el presupuesto en forma participativa».

Una impopular medida de aplicación de un tributo de 12,5% a los salarios, inmerso en el presupuesto, provocó entre miércoles y jueves un sangriento estallido social con un saldo de 33 muertos, casi 200 heridos y millonarias pérdidas por saqueos a empresas e industrias. La medida estaba destinada a reducir el déficit fiscal de 8,6% a 5,5% como condición para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le dé al Gobierno luz verde para la obtención de 4.000 millones de dólares para financiar su plan «Obras con empleo», de reanimación de la economía nacional.

«Vamos a invitar a los maestros, a los trabajadores y los profesionales en salud, a las universidades, la Policía, las Fuerzas Armadas para conocer sus problemas y necesidades, pero también que ellos conozcan nuestra limitaciones», proclamó Sánchez de Lozada.

Su decisión de propiciar un diálogo multisectorial apunta a que los sectores sociales comprendan «que tenemos muchas limitaciones y que el presupuesto tiene que ser balanceado para asegurar y garantizar al país de que se va a mantener la estabilidad económica en Bolivia».

Insisten en el juicio político

La Paz (dpa) – Las principales fuerzas políticas opositoras de Bolivia confirmaron hoy que presentaron ante el Congreso demandas de juicio de responsabilidades contra el presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, por los últimos disturbios vividos en el país a raíz del rechazo a un impuesto a los salarios.

El pedido se extiende además a los ahora ex ministros de Gobierno, Alberto Gasser, de Defensa, Freddy Teodovich, y de la Presidencia, Carlos Sánchez Berzaín, por su participación en los hechos, que dejaron 33 muertos y casi dos centenares de heridos.

Los procesos que llegaron al Congreso tienden también a esclarecer el uso indebido de instalaciones educativas y de salud para fines bélicos y de estrategia durante los días 12 y 13 de febrero.

Estos días, la Plaza Murillo de La Paz, donde está el Palacio de Gobierno, se convirtió en el escenario de violentos hechos surgidos a raíz de las protestas por el impuesto a los salarios y que comenzaron con la rebelión de policías, el ataque de estudiantes a la sede del Ejecutivo y la reacción de militares contra los amotinados y manifestantes.

Los soldados apostados en la Plaza Murillo y sus alrededores tenían el control y comenzaron a apuntar a la muchedumbre sin haber recibido antes la agresión de disparos de armas de fuego, petardos o piedras. Los voceros de los opositores partidos Movimiento al Socialismo (MAS) y Nueva Fuerza Republicana (NFR) hicieron conocer que insistirán en el juicio de responsabilidades y evitarán que se «duerma en las oficinas del Parlamento», tal como sucedió con otros procesos anteriores que quedaron sin efecto precisamente por acciones de encubrimiento entre los frentes en función de gobierno.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Franz Barrios, anunció que se iniciará una investigación de los sucesos.

Ultimátum de los sindicatos

La Paz (Télam-SNI).- La Central Obrera Boliviana (COB), que exige la renuncia del presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, dio ayer un plazo de diez días al gobierno para que cumpla con las demandas de todos los sectores sociales, mientras concluye el paro de 48 horas que convocó.

«Una reunión de emergencia de la COB ha decidido dar un plazo de diez días al gobierno para que responda favorablemente a todos los sectores sociales y la demanda de aumento salarial», afirmó el principal dirigente de la COB, Saturnino Mallcu.

Entre las peticiones de la COB, se encuentra un pedido de aumento salarial de 1.200 bolivianos (158 dólares) para el salario mínimo -que es actualmente de 440 bolivianos (58 dólares)- y de 6.500 bolivianos (859 dólares) para la canasta familiar. Agregó que en el plazo de los diez días la COB «está dispuesta» a sentarse en una mesa del diálogo con el gobierno «pero no en una mesa de discusión como siempre hemos venido llevando adelante, de carácter informativo con la política económica que ellos están aplicando y punto».

El dirigente afirmó que ahora se quiere un diálogo «en el que se escuche también a los trabajadores».