Se “traspapelaron” medio centenar de causas de corrupción

Un escándalo se desató en los tribunales federales cuando se supo que casi medio centenar de expedientes se “traspapelaron” en la Cámara Federal de Casación Penal, donde se tramitan causas de narcotráfico y corrupción, y estuvieron demorados por lo menos cuatro años, aunque fuentes del cuerpo dijeron que fueron “incidentes menores” y que la situación ya se normalizó.

La noticia, que se conoció hoy, ocurrió en la Sala I de la Casación y generó una investigación administrativa para establecer quién fue el responsable de esa demora.

Las sospechas recaerían sobre un funcionario de la Sala I de la Cámara, que se encuentra de licencia médica desde mitad de año y estaría próximo a jubilarse, según reportó Infobae.

Las 45 causas que se “perdieron” momentáneamente estaban bajo jurisdicción de la Sala I y aludían a incidentes por las causas Banco General de Negocios (de los hermanos Rohm), el banquero Raúl Moneta y la “mafia de los medicamentos”.

Ante la repercusión de la nota que difundió el destino de esos documentos, fuentes judiciales remarcaron hoy que se trató de “incidentes menores” y que “la totalidad de los expedientes referenciados han sido resueltos y protocolizados” una vez que se descubrieron.

La Sala I de Casación es la encargada de revisar varias causas sensibles de los últimos tiempos: la “mafia de los medicamentos”, “Hotesur” o las maniobras de “dólar futuro”. En las dos últimas está involucrada la ex presidenta Cristina Fernández.

Recientemente se resolvieron causas demoradas, como la revisión de las condenas a los hermanos Alan y William Schlenker -ex miembros de la barra brava de River- y del llamado “rey de la efedrina”, Mario Segovia.

La Sala I de Casación está integrada por los jueces Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos (estos dos últimos, subrogantes en esa instancia).

Por el tribunal pasaron en los últimos años Eduardo Riggi, Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani, Luis María Cabral y los conjueces Norberto Frontini, Roberto Boico y Marcelo Vázquez, nombrados por la mayoría del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura.

El Consejo de la Magistratura aprobó a fines de junio realizar una auditoría sobre el funcionamiento de la justicia federal, para que se lleve adelante un informe “institucional, acabado y completo” que permita conocer por qué las causas de corrupción contra la administración pública demoran en promedio “más de diez años en tramitar” y muchas “terminan en prescripciones”.