Secuestran un celular por las amenazas de bomba en colegios de Bariloche
Se realizó un allanamiento esta mañana a pedido de un fiscal. Por un acuerdo con la Justicia Federal, ahora una vez que la PSA descarta la existencia de explosivos el caso pasa al Ministerio Público de Río Negro.
Un fiscal de Bariloche lideró un allanamiento por las denuncias de amenazas de bomba en colegios. Gentileza
Las amenazas de bomba en colegios de Bariloche no cesan y esta mañana, tras una nueva sucesión de denuncias esta semana, un fiscal promovió el allanamiento en una vivienda del Alto para secuestrar un celular que se sospecha fue utilizado para realizar llamadas con amenazas.
La justicia ordinaria hasta el momento había tenido una actitud pasiva ante las denuncias por amenazas de bomba, según denunciaron desde el gobierno municipal, y fue la Justicia Federal la que intervino semanas atrás y realizó varios allanamientos en pos de dar con los autores.
Ahora el Ministerio Público de Río Negro informó que hoy a las 6:30 el fiscal adjunto César Lanfranchi, de la Unidad Fiscal Temática N°3, encabezó un allanamiento en una vivienda en jurisdicción de la comisaría 42, ubicada en el barrio 2 de Abril.
El allanamiento fue ordenado por el juez de Garantías Ricardo Calcagno y el objetivo era secuestrar un teléfono celular que habría sido utilizado para realizar llamadas propinando amenazas de bomba.
El dispositivo móvil será peritado por la Oficina de Informática y Telecomunicaciones.
El Ministerio Público dijo que no descarta la realización de nuevas medidas en el marco de la investigación por las amenazas de bomba.
Fuentes del Ministerio Público rechazaron que haya pasividad en el avance de la causa y explicaron que tiempo atrás, con los primeros casos, intervenía la Justicia Federal debido a que es la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) la fuerza encargada de la verificación de la existencia de explosivos.
En los últimos casos de amenazas de bomba, se acordó que una vez que la PSA descarta la existencia de material explosivo en los edificios escolares, la investigación continúa en manos del Ministerio Público de Río Negro.
En este caso, previo al allanamiento y secuestro del teléfono celular, se realizó un cruce de datos e investigación preliminar que dio con el domicilio de residencia del supuesto sospechoso de realizar la llamada.
Ayer hubo una nueva amenaza de bomba en el colegio Ángel Gallardo y anteriormente en el colegio privado San Patricio, ubicado en el kilómetro 6,700 de Bustillo.
El Ejecutivo municipal ante los recientes hechos presentó una nueva denuncia penal por el delito de intimidación pública y según indicó el gobierno, el allanamiento realizado hoy corresponde a esta nueva denuncia.
El municipio enumeró que sólo en el colegio Ángel Gallardo hubo al menos 9 falsas amenazas de bomba entre mayo y noviembre, realizadas al 911 y derivadas a la Subsecretaría de Protección Civil. A estas se suman las realizadas a otras instituciones educativas, entre las que incluso se encuentra un jardín de infantes, el Nº 56, caso en el cual se debió evacuar a un predio de Gendarmería a más de 90 pequeños niños y niñas.
Desde el municipio cuantificaron que cada operativo que se despliega ante una amenaza de bomba insume casi 50.000 pesos de gasto por el despliegue de fuerzas, personal de Protección Civil, Tránsito, entre otros.
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