Selección de juradas en Neuquén: «¿cuándo una persona se encuentra justificada para matar a otra?»
Sara Miranda llegará a juicio acusada del homicidio de Roque Mora, ocurrido en julio de 2020. La pena prevista es de prisión perpetua. Hoy se hizo la audiencia para definir la integración del jurado popular.
El juicio está previsto que se desarrolle del 13 al 17 de septiembre. Foto archivo.
El fiscal jefe, Agustín García, soltó su consulta de rigor hoy en la audiencia de selección de las candidatas a integrar el tribunal popular que juzgará a Sara Miranda, acusada del homicidio doblemente agravado de Roque Mora, en Plottier. Quiso saber si alguna de ellas tenía un familiar preso. Todas respondieron que no y con eso se dio por satisfecho. No más preguntas. Fue el turno de la querella, ejercida por Gustavo Lucero, que con algunos rodeos planteó: «¿podríamos admitir que los conflictos personales entre un hombre y una mujer se resuelven violentamente o por medio de la fuerza?», «¿cuándo ustedes entienden que una persona se encuentra justificada para matar a otra?».
No hubo dudas respecto de la primera pregunta: todas respondieron que la violencia no tenía lugar, pero la segunda fue divisoria de aguas. Hubo un grupo que contestó que no había justificación, sin embargo otras candidatas sostuvieron matices. Indicaron que podía haber «situaciones extremas» de defensa propia en las que reaccionar a una amenaza, y que eso era muy distinto a matar con premeditación.
Las respuestas de estas postulantes les permitieron a las defensoras Celina Fernández y Jorgelina Montero pedirle al juez de Garantías, Cristian Piana, la recusación con causa de estas candidatas, al entender que tenían una posición «absoluta». En cambio, afirmaron, quienes sostuvieron un margen de dudas sobre las circunstancias en que se produce una muerte estarían «dispuestas a oír a la prueba».
García se opuso con el argumento de que el juez, una vez acabado el debate, le explicaría al jurado cómo se valora la prueba. Lucero rechazó el apartamiento por considerarlo una «discriminación arbitraria respecto de los valores que sostiene un ciudadano». Señaló que para estas postulantes «el valor vida» es «un valor supremo». «Apartarlas por defender el derecho a la vida», dijo el querellante, es un cuestionamiento «cruel y arbitrario».
Piana hizo lugar a la recusación de la defensa y le indicó a Lucero que los términos utilizados -como discriminación y crueldad- contenían «una impronta muy fuerte».
Las defensoras les preguntaron a las candidatas si algunas tenían hijos o hijas a cargo y eso les impedía concurrir al juicio. Dos de ellas fueron excusadas por este motivo. También quisieron saber su opinión sobre si pensaban que había «una edad determinada para ser víctima de violencia» y si había «una edad determinada para ser quien la ejerciera«. En ambos casos la respuesta fue negativa.
El fiscal no pidió la recusación de ninguna candidata y el querellante solicitó que se excluyera a una de ellas que fue sobreseída en una causa penal y no lo había comentado. El juez aceptó que se la apartara.
En total quedarán seleccionadas ocho mujeres: seis integrarán el jurado como titulares y dos como suplentes. Pese a ser una audiencia exclusivamente de candidatas, Piana formuló casi todas las consultas en masculino: «¿alguno de ustedes es abogado?», «¿funcionario, auxiliar del poder Judicial?», «¿ministro de algún culto religioso?», «¿han sido en alguna ocasión sometidos a un proceso penal más allá del resultado?», «¿alguno tiene o padece algún problema físico o psíquico que le impida participar del jurado?».
Mañana será el turno de la selección de los varones. El tribunal se integra de forma paritaria, en términos binarios.
La fiscalía acusa a la mujer de haber asesinado con saña a la víctima, el 10 de julio de 2020, con el fin de robarle 50.000 pesos que tenía en su casa. Ella era su empleada. El hombre, de 73 años, insulinodependiente vivía solo. Un mes antes había muerto su esposa. La imputada es víctima de violencia de género y abuso sexual desde niña.
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