Sindicalismo, política y Estado

Las unificaciones y fracturas han marcado la historia del movimiento sindical argentino, llegando a existir hasta cinco centrales sindicales, diferencias basadas en intereses sectoriales.

Julio Godio, sociólogo e historiador argentino, ubica en la década de 1860 el comienzo de la diversificación de la actividad productiva argentina y con ello una creciente demanda de mano de obra calificada, que alentaba la inmigración extranjera y la llegada de distintas corrientes ideológicas, principalmente socialistas.

Dos corrientes imperaban en el mundo obrero internacional, el anarquismo y el socialismo. Sin intentar un desarrollo histórico del movimiento obrero argentino lo ubicamos en contexto de aquellos años, influenciado por lo que ocurría en otras partes del mundo. Con la llegada de Hipólito Yrigoyen al gobierno en 1916, se crearon mejores condiciones para el accionar sindical, propio de un gobierno que llegó al poder por el voto popular.

Después de largos periodos de encuentros y desencuentros ideológicos, en la década del 30 comienza el tiempo de la unidad sindical con un perfil más nacionalista, antiimperialista y contra los monopolios extranjeros, con influencia de estas ideas en otros ámbitos, como la reforma universitaria de 1918, entre otros.

El 1º de mayo, Día Internacional del Trabajo de 1936, en el acto de la CGT se invita a dirigentes políticos a participar e incluso hacer uso de la palabra, comenzando allí una búsqueda de acercamiento del movimiento obrero con el Estado y en consecuencia con el poder político.

Comienza también una orientación sindical hacia las prestaciones de salud y turismo social a sus afiliados, la que se profundizaría con el correr de los años. En 1943 con la llegada de Perón al Departamento, luego Secretaría de Trabajo, comienza una nueva historia del movimiento obrero ligada directamente al partido peronista primero y al movimiento justicialista luego.

Tal ha sido el acercamiento de las conducciones sindicales al Partido Justicialista que lo han considerado la “columna vertebral” del mismo, con un protagonismo que ha tenido idas y vueltas, pero nunca alejado de las cuestiones de Estado. Pero este posicionamiento de los sindicatos dentro del Partido Justicialista, tanto en la vida interna ocupando lugares en las listas como en cargos de gobierno, no ha sido exclusivo, ya que también han tenido gran influencia en gobiernos de facto, es decir, han construido un verdadero poder real en las cuestiones políticas del país, junto a la Iglesia católica y en su momento el Ejército.

Las obras sociales se convirtieron en una de las principales áreas de los sindicatos, ya que el manejo económico de las mismas los dotaba de más poder, llegando a representar el 70% u 80% de la población económicamente activa.

La administración de las obras sociales tienen protección legal en la ley de Asociaciones Profesionales 23551, ya que en su artículo 31 establece: “Son derechos exclusivos de la asociación sindical con personería gremial: (…) f) Administrar sus propias obras sociales y, según el caso, participar en la administración de las creadas por ley o por convenciones colectivas de trabajo”. En igual sentido la ley de Obras Sociales 23660 establece que: “Quedan comprendidos en las disposiciones de la presente ley: a) Las obras sociales sindicales correspondientes a las asociaciones gremiales de trabajadores con personería gremial, signatarias de convenios colectivos de trabajo…”.

Las unificaciones y fracturas han marcado la historia del movimiento sindical argentino, llegando a existir hasta cinco centrales sindicales, diferencias basadas en intereses sectoriales, pero fundamentalmente en posicionamientos ideológicos y políticos. Si bien los sindicatos tienen por objeto principal defender y representar ante el Estado, como así también ante los empleadores, los intereses individuales y colectivos de los trabajadores, muchas veces en función de estos posicionamientos políticos no se cumple este objetivo.

Como en la actualidad, qué ante la inminente asunción de un gobierno de signo justicialista, se habla de una nueva unificación sindical y de la postergación de reclamos que interesan al conjunto de los trabajadores, profundizados por la crisis económica, en función de acompañar a un gobierno con el que se encuentran políticamente identificados.

En un régimen de afiliación obligatoria y de sindicato único por rama, por imperio de la ley, resulta inaceptable que un gremio adhiera a una candidatura y que el trabajador, cualquiera sea su orientación ideológica, contribuya con sus aportes, los que se realizan en forma compulsiva por mandato de la ley, a financiar a los candidatos de un determinado partido. Esto constituye una clara violación de los derechos individuales consagrados por la Constitución nacional.

Estos acuerdos entre sindicatos y gobiernos, con apoyos recíprocos, han permitido y permiten a determinados dirigentes seguir con en el monopolio exclusivo y excluyente de la representación sindical. La verdadera democratización de los mismos, con participación real de las minorías en los organismos de conducción, limitación del tiempo de los mandatos, la independencia de cualquier partido político y de gobierno, siguen siendo materias pendientes del movimiento obrero argentino

*Abogado