Sistema disfuncional
Los enemigos del ajuste privilegian el corto plazo, pero el destino del país será triste si no piensan en las consecuencias de su negativa a tomar los números en serio.
Desde hace muchos años casi todos los miembros de la clase política nacional están acostumbrados a hablar como si estuvieran convencidos de que el país prosperaría de forma espléndida si lograran mantener a raya al resto del planeta, de ahí la voluntad de una larga serie de gobiernos de jugar al gato y al ratón con el Fondo Monetario Internacional, con los dirigentes de turno de los Estados Unidos, los acreedores extranjeros y otros símbolos de lo ajeno, engañándolos con promesas que no cumplirían para después regresar a la mesa de negociaciones a fin de pedirles otra «última oportunidad». Del mismo modo, los gobiernos provinciales se han sentido obligados a engañar al Poder Ejecutivo nacional, comprometiéndose solemnemente a tomar medidas destinadas a frenar el despilfarro de recursos sin tener la más mínima intención de instrumentarlas, mientras que en todas las jurisdicciones del país abundan grupos que están decididos a aferrarse al statu quo, negándose a permitir que cualquier reforma sea puesta en marcha. Así las cosas, es comprensible que tanto los sectores del gobierno aliancista que están en manos de alfonsinistas o frepasistas como todos los gobiernos provinciales se hayan resistido a emprender la tarea políticamente ingrata de «ajustar» el gasto público. También lo es que al celebrarse hace poco la reunión del gobierno nacional con los gobernadores peronistas, el riesgo país haya subido nuevamente hacia niveles estratosféricos. En efecto, a veces parecería que los únicos que están realmente interesados en poner las finanzas en orden son el presidente Fernando de la Rúa y el ministro de Economía, Domingo Cavallo, porque virtualmente todos los demás brindan la impresión de creer que les convendría derrotarlos, manifestando de esta manera su «solidaridad con la gente».
Por desgracia, lo que podría ser muy lógico desde el punto de vista estrecho de un ministro disidente, de un integrante ambicioso del «ala política» del oficialismo, de un sindicalista deseoso de mostrarse más combativo que sus compañeros y rivales o de un gobernador provincial que no quiere dejar desamparada a su clientela, no lo es en absoluto desde aquél del país en su conjunto. Mientras que los enemigos del «ajuste» privilegian sistemáticamente el corto plazo -en la actualidad, todos tienen los ojos clavados en las elecciones de octubre-, el destino del país será muy triste a menos que una proporción mayor de los responsables de manejarlo se digne a pensar un poco más en las consecuencias a largo plazo de su negativa principista a tomar los números en serio. Lo entiendan o no, están por agotarse las fuentes tradicionales de «dinero fresco» debido a que los operadores de Wall Street y otras plazas están cada vez más dispuestos a sospechar que a la Argentina le vendría bien un baño de realidad. Por cierto, rellenar dichas fuentes resultará imposible mientras los dueños del capital tanto argentinos como extranjeros tengan motivos para creer que por razones políticas, para no decir estructurales, el país podría ser congénitamente incapaz de vivir en base de sus propios recursos financieros.
A juicio de muchos dirigentes locales, tal actitud es inhumana porque, como saben muy bien, los más perjudicados por tamaño alarde de «insensibilidad» por parte de los mercados serían con toda seguridad los más pobres, es decir, aproximadamente diez millones de personas que nadie consideraría responsables del desastre aunque, huelga decirlo, muchos contribuyeron a posibilitarlo votando a demagogos o a corruptos. Sin embargo, este planteo no incidirá en las decisiones de los inversores o prestadores en potencia no sólo porque no están habituados a pensar demasiado en las eventuales consecuencias sociales de lo que hacen, sino también porque entienden que el reparto del ingreso es un problema interno de la Argentina, país que según todas las estadísticas disponibles no figura entre los más necesitados del mundo y por lo tanto no tiene derecho alguno a ser tratado conforme a los criterios caritativos que podrían aplicarse en los casos de muchas naciones africanas y, en América Latina, de Bolivia.