Sobreprecios confirmados en Río Negro

Una auditoría ratificó lo que había descubierto una investigación de “Río Negro”. Estuvieron a punto de pagar un 55% más por la compra de módulos de alimentos. Interviene un fiscal.

En la compra de alimentos

Adrián Pecollo

adrianpecollo@rionegro.com.ar

Una auditoría de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas confirmó la existencia de sobreprecios del 36 al 55% en la preadjudicación de los módulos alimentarios de Río Negro.

Estas diferencias proyectan sobrecostos que habría pagado el Estado provincial de entre 3,9 a 5,1 millones de pesos.

El órgano de control efectuó un relevamiento de precios y, en todos los casos, los valores totales fueron inferiores a la preadjudicación efectuada por Desarrollo Social. El informe -que está firmado por la secretaría de Auditoria, Viviana Furfuro- fue enviado al fiscal Marcelo Ponzone para la evaluación de las medidas correspondientes.

Puntualmente, en septiembre, “Río Negro” advirtió que la Provincia compraba caro, ya que existía una preadjudicación para adquirir 30.000 módulos -con 17 artículos cada uno- por 14,6 millones de pesos. Ese monto superaba entre un 35% a un 45% al mismo módulo de un relevamiento propio, con productos adquiridos en los comercios minoristas. Frente a la publicación, la Fiscalía intervino y la operación quedó suspendida.

El análisis técnico del organismo complica a los funcionarios intervinientes, pues ratifica que la preadjudicación preveía valores por encima de los precios de mercado.

Además, las conclusiones consignan otras irregularidades formales. Por ejemplo, se afirma que no se cumplió con la especificación sobre el lugar donde se “recepcionarán los bienes, plazo máximo de entrega, cantidades parciales”, porque se lo dejó abierto a las “necesidades” de Desarrollo Social.

Tampoco se cumplió con una estimación oficial sobre su costo “mediante el informe técnico inicial que evalúe en forma fundada y razonada, acorde a los valores de mercado y a las necesidades públicas el valor, de manera que se propicie la contratación en el momento oportuno y al menor costo posible”.

Los otros puntos se centran en los precios y, en ese caso, la auditoría requirió valores a un mayorista (Casa Ignici), un minorista (Cooperativa de Patagones) y los Precios Cuidados.

También contrasta esta preadjudicación cuestionada con una adquisición de diciembre pasado, con “idénticos módulos” y “entregas hasta junio”. Agrega que los precios de “esos productos “resultan ser inferiores en un 60,99%” frente a la “estimación efectuada” en abril para cumplir con la licitación del segundo semestre.

Luego, el estudio de la Fiscalía afirmó que “el precio del módulo estimado en abril” y el valor “preadjudicado” en setiembre por el Estado “resulta en todos los casos superior a los valores” logrados por la Fiscalía “en base a los precios” de “proveedores mayoristas” (Casa Ignici), con un 36,6%, un supermercado de venta al público (Unicoop), con un 50,8% y el listado de Precios Cuidados, con un 55,1%.

El expediente de Desarrollo Social sigue en la Fiscalía y así la compra del Estado rionegrino no se concretó, pero la preadjudicación establecía un costo de 14.610.000 pesos.

Frente a los valores logrados por la Fiscalía, ese total preveía pagos adicionales entre 3,9 millones y 5,1 millones, según las cotizaciones mayores y menores relevadas por ese organismo.

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