Sobresueldos: postergan sin fecha el juicio contra una docena de exministros

El tribunal aceptó los pedidos de las defensas y lo pospuso, estimando el inicio para la segunda quincena de junio.

El juicio por sobresueldos contra varios ex ministros de la gestión del radical Miguel Saiz que iba a comenzar ayer se postergó sin fecha. Estiman que será para la segunda quincena de junio.

Medio centenar de testigos tendrán que prestar declaración.

El enjuiciamiento alcanza a una docena de exfuncionarios del último gobierno del radicalismo, en su mayoría, miembros del gabinete.

El tribunal, presidido por Gustavo Lavayen, y conformado por Ignacio Gandolfi y Carlos Valverde, aceptó una postergación requerida por los defensores.

Esta causa penal investiga la entrega de sumas de dinero, entre el 2004 y 2010, a ex funcionarios y que fueron distribuidas por ministros o titulares de áreas como adicional salarial, pero sin control formal ni criterio en su asignación.

Los imputados son los ex ministros César Barbeito, Juan Francisco González, Diego Larreguy, Juan Accatino, Cristina Uría, Omar Contreras y Alfredo Pega; y los ex funcionarios José Ongaro, Sergio Pendas y Aníbal Hernández, como también, los excontadores Daniel Bossero y Gustavo Picchi. Los dos últimos fueron imputados por “incumplimientos de los deberes de funcionario público”. Al resto se lo acusa por peculado, con mayor cargo para Barbeito y González por su manejo directo de los fondos.

En cambio, el ex fiscal de Estado, Alberto Carosio acordó un juicio abreviado. Aceptó el delito de “incumplimientos de los deberes de funcionario publico”.

El número de testigos se planteó inicialmente por encima de los 300 pero el Tribunal lo acotó y se estima en medio centenar.

En el 2012, el juez Carlos Reussi dispuso los procesamientos y, luego, la Cámara, conformada por Pablo Estrabou, Jorge Bustamante y Francisco Cerdera, ratificó esa decisión penal.

“Montaron un sistema para sustraerle al Estado importantes sumas de dinero con alegado destino a pago de adicionales”.

La resolución del juez Reusi cuando dispuso los

procesamientos.

Datos

“Montaron un sistema para sustraerle al Estado importantes sumas de dinero con alegado destino a pago de adicionales”.

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