Sobresueldos: se realiza la audiencia de partes

Están imputados 13 ex funcionarios de Miguel Saiz. En seis años se habrían pagado más de 26 millones de pesos.

Por Redacción

Sobresueldos: se realiza la audiencia de partes

Se cumple la audiencia de partes de la causa de sobresueldos, que investiga el cobro indebido de montos públicos por parte de 13 funcionarios de la gestión radical de Miguel Saiz, entre ellos, seis ministros.

Esta audiencia -trámite previo al juicio- está conducida por el tribunal penal, integrado por tres camaristas subrogantes, los civiles Ariel Gallinger, Sandra Fillipuzzi y María Lujan Ignazi. La sala presenta un gran número de abogados aunque poca presencia de imputados. Los únicos son el ex fiscal de Estado, Alberto Carosio, el ex contador Daniel Bossero y el ex director Sergio Pendaz.

En cambios, no asistieron los ex ministros Diego Larreguy, César Barbeito, Juan Accatino, José Contreras, Cristina Uría y Alfredo Pega; el ex secretario General, Francisco González; el ex secretario de Coordinación, Aníbal Hernández, el ex Contador General, Gustavo Picchi y el ex Tesorero, José Ongaro.

La investigación se inició a mediados del 2011 a partir de una investigación del diario “Río Negro”. La instrucción -que cumplió el juez Favio Igoldi- comprendió una extensa enumeración de los pagos realizados mensualmente a esos ex funcionarios, con un mecanismo usado para percibir “sumas indebidas”.

En general, el cuadro jurídico fijado fue “peculado, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, desde que la afectación al bien jurídico tutelado por la ley penal se concreta mediante el cobro y posterior reparto de dinero del erario público provincial, sustrayendo el mismo del debido control y destino, siendo utilizado de forma no determinada ni debidamente registrada”.

Asimismo, para el magistrado, “se afectó el bien jurídico tutelado por la ley mediante la omisión de cumplir los deberes legales a su cargo, específicamente de control de los actos administrativos del Poder Ejecutivo; posibilitando de ésta forma la consumación de los hechos de peculado”.

Los cuestionados pagos se dieron entre 2004 y 2010, estimados en más de 26 millones de pesos.