A tres años de la sanción del aborto legal: «Tenemos conciencia de que la ley 27.610 está en riesgo»

Lo dijo Ruth Zurbriggen, histórica activista feminista de La Revuelta en Neuquén. Ni el gobierno nacional, ni el provincial designaron aún a quienes serán responsables de las áreas de salud sexual y reproductiva. El retroceso que representan el DNU y la "ley ómnibus" de Milei.

Más de 4.5 millones de personas vieron la transmisión en vivo, sólo en los canales oficiales del Congreso de la Nación, del debate de la ley de aborto legal que fue sancionada hace tres años. Hubo 810 expositores en la Cámara de Diputados y 802 en el Senado. Desde su aprobación hasta octubre de 2023 un total de 245.015 personas accedieron a interrupciones seguras y legales de sus embarazos, en establecimientos públicos de todo el país. El cambio de gobierno, tanto a nivel nacional como provincial, abre una serie de interrogantes acerca de cómo será la implementación de ahora en más.

En Neuquén hay actualmente 62 efectores de salud que realizan abortos, según informó oficialmente el ministerio de Salud a Diario RIO NEGRO: 35 en centros de atención primaria y 27 en hospitales. De enero a noviembre de 2023 se hicieron 1.175 interrupciones, de las cuales el 75,48% fueron a personas que cursaban embarazos menores a las 20 semanas de gestación.

La provincia incorporó el uso de lo que se conoce como «combi pack» (el blíster combinado de misoprostol y mifepristona), que es considerado por la Organización Mundial de la Salud el estándar más alto de eficacia para las interrupciones de embarazos. Fue la primera del país en autorizar a las licenciadas en obstetricia a prescribir la medicación y acompañar abortos.

Además Neuquén es reconocida por ser el lugar donde nació el socorrismo: las activistas que brindan información sobre aborto a través de una línea de teléfono de atención permanente y acompañan a quienes toman esa decisión.

Para Mariana Romero, integrante del proyecto Mirar una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad junto a Ibis Reproductive Health que monitorea la ley 27.610 desde 2020, más allá de los obstáculos que todavía sobreviven hay que confiar en esta «institucionalización de los servicios».

«Los equipos de salud garantizaban los abortos que estaban permitidos en el Código Penal previo a la sanción de la ley y con la sanción de la ley. Esos servicios se expandieron y se hizo a pesar de la pandemia (por covid-19) una capacitación muy sostenida. Después casi en los tres años de implementación de la ley esas acciones se profundizaron, hubo insumos disponibles. Yo creo que hay que apostar mucho a que esta es una práctica que se instaló como debe ser en el sistema de salud pública», remarcó Romero.

Aún no hay señales de cuál será la dirección política en esta materia: a 18 días de la nueva gestión de gobierno todavía no fueron nombrados los funcionarios ni funcionarias responsables del área de salud sexual y reproductiva a nivel nacional. Está vacante también el cargo a nivel provincial.


Construir el terreno «para derogarla de un plumazo»


Ruth Zurbriggen, fundadora de La Colectiva Feminista La Revuelta en Neuquén y una socorrista histórica, planteó que el escenario es crítico: «tenemos conciencia de que la Ley 27.610 está en riesgo». Sostuvo que ya el DNU del presidente Javier Milei, que propone alterar la provisión de recursos al sistema de salud y amenaza la producción de medicamentos (hay tres provincias que fabrican misoprostol, una de ellas Río Negro), impactará en los hechos «en la cotidianeidad de la ley, aunque siga vigente».

Dijo que esta política se profundiza con ley ómnibus que implica una «reconfiguración del sistema democrático para convertirlo en un gobierno de facto. Ahí está adelantando todo lo que se puede venir. Si eso pasa, se construye el terreno propicio para derogarla de un plumazo».

Dentro de la iniciativa está la limitación al derecho a la protesta: para una reunión de más de tres personas en el espacio público habrá que pedirle permiso al ministerio de Seguridad. «Esta ley si en un lugar se ganó fue en el debate social, fue en la calle, fue con la movilización social. Fue un debate que pudimos hacer público en todos lados», afirmó la activista.

Enfatizó en que hay que «amarrar las alianzas para que ese riesgo no se concrete». «En la ley de aborto se concentra una suerte de venganza hacia los feminismos de este país. La apuesta porque esta ley caiga tiene que ver con domesticar, con disciplinar por supuesto a quienes necesitan abortar», agregó.


Una propuesta para la «detección de madres embarazadas»


Dentro del proyecto de ley ómnibus enviado al Congreso está incluida la modificación de la ley conocida como de «Mil días», que se aprobó junto con el aborto legal hace tres años. El objetivo de esta norma fue fortalecer la atención y el cuidado de la salud de las mujeres y personas gestantes y de los niños y niñas en la primera infancia. La regulación fija una serie de asignaciones (una suma de dinero) que se cobra vía ANSES, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos (por ejemplo el plan de vacunación).

Milei trastoca este propósito. Borra a las mujeres y personas gestantes del texto de la ley y las denomina «madres embarazadas en situación de vulnerabilidad». También incorpora la denominación de niños «desde la concepción», una noción que no forma parte de la legislación vigente en Argentina (ni en la Constitución, ni en los códigos de fondo).

A su vez crea una capítulo que llama «política pública de detección y asistencia a las madres embarazadas y sus hijos por nacer» en la que si los municipios adhieren deberán «buscar activamente y detectar embarazadas en situación de vulnerabilidad», «realizar operativos públicos rutinarios» con el fin de que se les hagan «la totalidad de controles y ecografías correspondientes». Esto atenta no sólo contra la posibilidad de que estas personas decidan si continúan o no con la gestación (un derecho que hoy sí tienen), sino que convierte al Estado en una patrulla que las persigue.


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