Denuncian cierre del organismo de las leyes de la niñez y violencia familiar en Junín
Se trata del equipo interdisciplinario que trabajan por la aplicación de las leyes provinciales 2302, 2785 y 2786. Aseguran que desde el municipio les responden no contar con los recursos para sostener este espacio, que dejaría a 200 familias sin la intervención del equipo.
Hoy hubo reunión de profesionales con el Municipio, pero aún no hay soluciones. (Gentileza).-
Desde el equipo interdisciplinario que trabajan en el órgano de aplicación de las leyes provinciales 2302, 2785 y 2786, denuncian falta de pagos de los sueldos, como también que desde el municipio de Junín de los Andes definieron dejar sin funcionamiento este espacio por cuestiones económicas. Afirman que 200 familias quedarán sin intervención.
Quienes advierten sobre la situación son parte del equipo de profesionales que trabajan con la aplicación de las leyes provinciales 2302, de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia; la ley 2785 de Régimen de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar; y la ley 2786 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia con las Mujeres.
Son varios los reclamos que se suman a esta misma situación. Por un lado, los contratos establecidos cuentan con una cláusula de pago en la que se mencionan que los mismos se harán “sujeto a la disponibilidad del tesoro municipal”, según comentó Mariana, integrante de este equipo. A eso se le suma, que los pagos se realizan a partir del día 15, aunque afirma que hay meses en que “los recibimos el 25, o el 28” y que incluso “el 3 de marzo recibimos los honorarios de enero”.
Los contratos con los que cuentan son trimestrales, y durante la pandemia fueron mensuales. Eso implica para este equipo estar “en la incertidumbre de no saber si vas a continuar o no”. Indicaron que desde el municipio de Junín, les dijeron que al tratarse de un organismo de aplicación “no puede haber personas en planta permanente”
El organismo está conformado por distintos profesionales, que se dividen a su vez en dos equipos; uno interviene por la ley 2302, mientras que el otro lo hace respecto a las leyes 2785 y 2786. También están los promotores de derechos, quienes son los que tienen un abordaje más directo con las familias, según informó Mariana.
El martes pasado, se reunieron con el Intendente de Junín, Carlos Corazini, para consultar cuándo les iban a realizar los pagos, pero él les dijo que desde el municipio no cuentan “con los recursos necesarios”. Como solución planteó “que el equipo dejara de funcionar” y que “no iba a firmar el nuevo convenio”.
Para el equipo que viene trabajando con las aplicaciones de estas leyes provinciales, eso implica una situación “sumamente delicada”, porque se intervienen alrededor de unas 200 familias, que quedarían “sin abordaje de la noche a la mañana”.
Este equipo depende, dentro del organigrama municipal, de la Secretaría de Familia y Fortalecimiento Comunitario, que a su vez depende de la Secretaria de familia de la Provincia. Es por eso que después de la reunión que tuvieron con el intendente, donde les comunicaron la definición de dejar sin continuidad al organismo, se contactaron con Sandra Rodríguez Albizu, secretaria de familia del municipio, quien les comentó «no estar enterada de esa decisión”.
Mariana detalló: “nos dijeron que estaban tratando de conseguir tres contratos a través de la Provincia para tres profesionales”, y que éstos ya estaban seleccionados con nombre y apellido. Entre ellos, nombraron a alguien que ya no forma parte del equipo. De igual forma, quedarían aún ocho personas sin saber si continúan o no, ya que “no hay recursos para reubicarlas”.
Este viernes se reunieron nuevamente con la secretaria de Familia para poder ver en qué situación quedaría este organismo. Les comunicaron que Corazini se había reunido con el ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, y el lunes tendrían una respuesta.
El contrato actual finaliza el 31 del corriente mes, por lo que no saben si el 1 seguirá funcionando o no el organismo de aplicación, como tampoco saben cuándo van a percibir sus sueldos. Actualmente, están cobrando 52 mil pesos y los promotores de derechos, 42 mil. Razón por la cual hace más de seis meses también reclaman “que se revisen esos honorarios” al considerar que están por debajo de lo que se cobra en el ámbito provincial. Además, se le suma que “se nos solicitan cosas que no están contempladas”, como realizar guardias sin pagarles por las mismas, ya que para el municipio de Junín están incluidas en el sueldo, cuando éstas suelen pagarse por fuera del mismo.
En la situación de incertidumbre en la que se encuentra el organismo, el miércoles decidieron acercarse a San Martín de los Andes donde estaban inaugurando el Dispositivo de Protección Integral para Víctimas de Violencia de Género de la Casa de la Mujer y Disidencias Juana Azurduy, ya que iban a participar del mismo autoridades provinciales. Este espacio está destinado también para la localidad de Junín.
En ella pudieron dialogar la ministra de las Mujeres y Diversidad de la Provincia, María Eugenia Ferraresso y con la secretaria de Familia de la provincia, quienes indicaron no estar al tanto de esta definición. Es por eso asumieron el compromiso de contactarse con el intendente y “tomar cartas en el asunto”.
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