Desde la Fadecs repudiaron el desalojo en Villa Mascardi

Desde la facultad de la Universidad del Comahue hicieron responsables a "políticos de la represión y militarización en Villa Mascardi ordenada por la jueza federal Silvina Dominguez”. La Justicia ordenó hace unos días que las tierras usurpadas sean restituidas a sus propietarios.

Desde el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Comahue repudiaron el desalojo de las tierras usurpadas en Villa Mascardi por grupos mapuches.

“Hacemos responsables al Gobiemo Nacional de Alberto Fernandez, al Ministerio de Seguridad de la Nacion a cargo de Anibal Fernandez y al Estado Provincial de Juntos Somos Rio Negro a cargo de Arabela Carreras, responsables políticos de la represión y militarización en Villa Mascardi ordenada por la jueza federal Silvina Dominguez”, declararon.

La magistrada ordenó hace unos días que las tierras sean restituidas a sus propietarios. Por su parte desde la Fadecs consideraron que el operativo de desalojo responde a las “demandas de terratenientes y empresarios que pretenden seguir haciendo millonarios negocios a través de mega emprendimientos inmobiliarios y turísticos en zonas valorizadas de la Patagonia”.

“Desde hace años, el pueblo Mapuche resiste el desplazamiento e intento de aniquilamiento histórico por parte de los Estados nacionales de Argentina y Chile y de los gobiernos provinciales. Una política que se remonta a la Hamada “Campana al desierto”, pero que se extiende hasta la actualidad”, sostuvieron.

También reclamaron “el cese inmediato de las prácticas represivas de las fuerzas de seguridad a cargo del Comando Unificado de Seguridad Villa Mascardi (Gendarmería, PSA, Policía Federal y Prefectura), que responden al Ministerio de Seguridad de la Nación, y hacemos responsable al Estado provincial del incumplimiento de los art. 75 inc. 17 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional que otorga jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y al Convenio 169 de la OIT”.

“Repudiamos la detención de las siete mujeres, una de ellas embarazada de cuarenta semanas, con hijes de uno y cuatro meses de vida. También, que otres nines fueran sometides a una larga espera a la vera de la ruta o quedaran horas en el bosque —hasta que se les permitió a las familias el ingreso-—para posteriormente, ser trasladades y demorades en instalaciones para adolescentes con causas penales, en grave incumplimiento con la Convención de Derechos del Niño, Niña y Adolescente”.


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