El Gobierno avanzará con un DNU que amplía el poder de la SIDE y redefine el sistema de inteligencia

El Gobierno nacional publicará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para modificar la Ley de Inteligencia, con el objetivo de reordenar el sistema de espionaje y ampliar las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Los detalles en esta nota.

Javier Milei y un DNU para reformar la ley de inteligencia

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Según distintos medios nacionales, el decreto ya habría sido firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, y redefine la estructura del área: crea nuevas agencias, disuelve otras y unifica tareas para facilitar el intercambio de información entre organismos.

Con esta reforma, la SIDE continuará siendo el organismo que controla todo el sistema de inteligencia, pero ahora tendrá autoridad para requerir información a otros organismos del Estado. Además, se le incorporan nuevas facultades, como la posibilidad de proveer su propia seguridad y realizar aprehensiones de personas en casos de flagrancia, un punto que ya generó críticas desde la oposición.

El decreto establece también que la SIDE podrá solicitar “asistencia o apoyo técnico y logístico de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas de seguridad federales y policiales”, ampliando así su capacidad operativa.

Según Infobae, desde el Poder Ejecutivo defendieron la medida y aseguraron que la reforma busca “modernizar, ordenar y legitimar el Sistema de Inteligencia Nacional”. En ese sentido, remarcaron que el nuevo esquema lo integra plenamente al Estado, lo separa de funciones policiales, lo adapta a amenazas contemporáneas y lo somete a mayores controles.

Entre las novedades, el texto incorpora definiciones que hasta ahora no estaban explicitadas en la normativa vigente, como la caracterización de la actividad de inteligencia como de naturaleza reservada.

Uno de los ejes centrales del nuevo esquema será la ciberseguridad. Según el decreto, el área tendrá como objetivo planificar, ejecutar y supervisar políticas y acciones destinadas a proteger el ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos del Estado y los sistemas tecnológicos utilizados en servicios públicos esenciales.

Con información de La Nación e Infobae