Estrategia y consenso: el Gobierno posterga la reforma política para asegurar los votos en el Congreso

A pesar de ser una de las prioridades de la gestión de Javier Milei, la reforma política no será enviada de manera inmediata al Parlamento. El oficialismo optó por una pausa estratégica para evaluar el tablero de apoyos y construir un consenso sólido que evite un traspié en el recinto.

Desde Balcarce 50 confirmaron que la iniciativa integrará un «segundo paquete» de leyes, mientras el Ejecutivo concentra sus energías en las reformas al Código Penal y normas vinculadas a la propiedad privada.

La decisión responde a la necesidad de realizar un mapeo de respaldos, ya que hoy no hay claridad sobre las posturas del PRO, un radicalismo receptivo pero cautelo, y un peronismo fragmentado. El objetivo es que el proyecto llegue al Congreso con el camino allanado tras las negociaciones que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantendrá con los gobernadores.

El horizonte para el debate se sitúa entre abril y junio, con la meta de que el nuevo sistema debute en los comicios de 2027.

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Los pilares del proyecto: Boleta Única y el fin de las PASO

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El corazón de la reforma impulsada por La Libertad Avanza busca una transformación profunda del sistema electoral bajo dos ejes centrales:

• Boleta Única de Papel (BUP): El Gobierno la considera fundamental para garantizar la transparencia y reducir los costos estructurales de las elecciones nacionales.
• Eliminación de las PASO: Es el punto más sensible. El oficialismo argumenta que las primarias son un «gasto excesivo e innecesario» y que cada partido debe resolver sus internas de forma autónoma.

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Financiamiento y la búsqueda de una «ventana de oportunidad»

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Pese a la falta de números garantizados, en el entorno presidencial sospechan que un sector del peronismo vinculado a Cristina Kirchner podría acompañar la eliminación de las PASO, lo que abriría una oportunidad inesperada para el Gobierno. La reforma también contempla modificar el financiamiento de los partidos políticos, buscando mayor transparencia y eficiencia en el gasto público de las campañas.

Según ha enfatizado el propio Presidente, estos cambios son vitales para que los representantes sean «responsables ante sus representados» y para cumplir con la promesa de campaña de reducir el peso de la estructura política sobre el erario público.