Existen más de 1.700 deudores alimentarios en la región

Belén tiene 32 años y dos hijos. En junio se separó del padre de los niños. Desde entonces el progenitor no aporta dinero para la crianza. No pudo seguir costeando el alquiler que tenían cuando vivían los cuatro juntos y tuvo que buscar uno más chico con una sola habitación. Con un sueldo de empleada de comercio no llega a fin de mes, pero sus hijos casi no lo notan: cuida cada peso para garantizar la alimentación.

La historia de Belén se multiplica en la región. Según el Registro de Deudores Alimentarios de Río Negro, 1.505 personas no pagan la cuota alimentaria. En Neuquén son un total de 1.280.

“En el 90% de los casos los deudores son varones”, indicó el director provincial de Gobierno y Justicia de Neuquén, Mario Jordan Díaz. Así, el reclamo por la cuota alimentaria se convierte en una de las principales preocupaciones de las madres que son sostén del hogar.

La abogada de Derecho de Familia, Fernanda Valenzuela, afirmó que la cuota alimentaria suele ser “la puerta de entrada, por lo general,” al sistema judicial. Las mujeres llegan desgastadas por la violencia patrimonial que ejercen los progenitores. “Es un proceso muy complejo decidir finalmente iniciar el reclamo”, señaló.

Remarcó que existe un prejuicio social sobre las personas que inician acciones legales. “Queda como que las mamás les quieren sacar plata y es mentira”, enfatizó la letrada. En muchos casos, ni siquiera existe la posibilidad de un diálogo para buscar consensos.

En el servicio Socorro Violeta la cuota alimentaria también es una de las mayores dudas que buscan aclarar las mujeres que asisten. “El incumplimiento de la obligación alimentaria constituye un claro ejercicio de violencia económica. Las consultas por este tipo de violencia son recurrentes”, indicó la abogada, Angélica Acosta Meza.

Para Valenzuela, la principal barrera para acceder a la cuota radica en el desconocimiento de derechos, sumado a la desigualdad estructural de género. Las madres, al asumir casi en exclusiva las tareas de cuidado y lo urgente del día a día, postergan el inicio del reclamo por falta de tiempo y energía.

Se agrega el temor a procesos judiciales largos. Acosta Meza, por su parte, advirtió sobre la dificultad de conseguir patrocinio gratuito ante la alta demanda. “Las defensorías oficiales otorgan turnos a seis meses y demoran la interposición de la demanda”, expresó. Una vez iniciado el litigio, el sistema tampoco garantiza celeridad. Remarcó que, en Neuquén, los jueces de familia no siempre otorgan los alimentos provisorios de manera inmediata.

Otra gran traba aparece cuando el padre trabaja en la informalidad. Sin embargo, Valenzuela aclaró que la falta de recibo de sueldo constituye una complicación probatoria, pero no un impedimento legal para fijar una cuota.

¿El Registro funciona?
La utilidad del Registro de Deudores Alimentarios divide las aguas entre los especialistas. Para el director neuquino, Mario Jordan Díaz, la herramienta cumple un rol central gracias al “efecto disuatorio. Neuquén, mediante la Ley 3.530, incorporó esta herramienta que limita el ingreso a eventos masivos. La premisa legislativa que aún falta reglamentar, establece una relación directa entre la capacidad de consumo y la responsabilidad parental: se presume que quien cuenta con fondos para adquirir una entrada de valor considerable, posee también los medios para afrontar la cuota alimentaria de sus hijos.

En esa línea, la abogada Fernanda Valenzuela subrayó el valor simbólico de la exposición, ya que “llama a la reflexión” del deudor ante su círculo cercano. De todas maneras, la letrada aclaró que la inscripción en el registro requiere un proceso judicial previo y no se realiza de manera inmediata.

La aplicación práctica, para la directora de Delegaciones del Registro Civil, Carina Gómez, tiene sus contraindicaciones. Señaló las consecuencias de ciertas sanciones automáticas, como el bloqueo de la licencia de conducir, en casos donde el vehículo resulta el sustento laboral. “Le estamos impidiendo la posibilidad de que genere un ingreso”, analizó.

Por su parte, Acosta Meza expuso las barreras de acceso al sistema: sostuvo que el Registro “no constituye por sí solo una herramienta para garantizar el pago”, ya que muchas madres no logran costear el litigio necesario para llegar a esa instancia.

Ante este panorama, los especialistas coinciden en que la nómina de deudores resulta insuficiente si no se articula con estrategias estatales integrales. La herramienta administrativa requiere un marco de acción más amplio para lograr efectividad real. Así lo sintetizó Gómez al proyectar el trabajo a futuro: “Me parece que tiene que dejar de ser un espacio donde solo se ponga el nombre de la persona que está incumpliendo; tiene que ser un desafío a futuro en el desarrollo de políticas públicas”.

Radiografía del incumplimiento: el mapa de deudores en la región

Los datos oficiales del Registro de Deudores Alimentarios de Neuquén exponen una realidad contundente: de los 1.280 inscriptos activos, el 90% son varones.

El análisis territorial que realiza la Dirección Provincial de Gobierno y Justicia revela disparidades según la zona. Según datos preliminares, la Comarca Petrolera y la región del Limay encabezan el índice de morosidad con una tasa de 5,79 deudores cada 10.000 habitantes. Le sigue la zona de la Confluencia, con un promedio de 4,22, y la región de Lagos del Sur, con 3,93.

En la vecina provincia de Río Negro, el Registro Civil contabiliza un total de 1.505 deudores alimentarios. A diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones, el listado rionegrino posee carácter público: cualquier ciudadano tiene la posibilidad de acceder a la nómina completa con nombre y apellido a través de la web oficial. Esta política de transparencia busca generar una sanción social directa y exponer al incumplidor ante su comunidad.

Un dato distintivo radica en el análisis de las causas. Según indicó la directora de Delegaciones del Registro Civil, Carina Gómez, en el 70% de los casos el no pago de la cuota aparece asociado a denuncias cruzadas por “obstrucción del vínculo”. Sostuvo que, si bien muchos progenitores utilizan este argumento como justificativo, las autoridades reconocen que la violencia de género constituye el “común denominador” detrás de la gran mayoría de esos expedientes.

Cómo se define el monto de la cuota alimentaria

Definir la cifra exacta no responde a una fórmula matemática rígida, sino a un análisis complejo de tres variables: el caudal económico del progenitor, las necesidades reales de los hijos y el nivel de vida que la familia mantenía antes de la separación. El objetivo central, según explicó la abogada Fernanda Valenzuela, consiste en evitar que la ruptura de la pareja impacte en la calidad de vida de las infancias.

Cuando el demandado posee un empleo registrado, la solución suele recaer en un porcentaje directo del sueldo bruto. “Oscila entre el 15 y el 25%”, detalló la abogada Fernanda Valenzuela, aunque la cifra varía según la cantidad de hijos. Este mecanismo ofrece una ventaja crucial: el monto se actualiza de forma automática con cada aumento paritario, sin necesidad de iniciar nuevos litigios por inflación.

El escenario se complica ante la informalidad laboral o el ocultamiento de patrimonio. Allí, la justicia debe recurrir a índices objetivos como la “Canasta de Crianza” del INDEC para establecer un piso ético.

La letrada Angélica Acosta Meza, advirtió que esta instancia suele ser un campo desigual. Denunció que el Poder Judicial muchas veces fija “un monto irrisorio que no se adecua a las necesidades mínimas”.

Un aspecto fundamental, muchas veces ignorado, es la monetización del tiempo. La ley reconoce que cuidar es trabajar. Valenzuela subrayó que la dedicación diaria a la crianza (cocinar, llevar al médico, hacer la tarea) posee un valor económico.

Sin embargo, existe una brecha de percepción: “El padre no conviviente tiende a subestimar el valor del cuidado”, sostuvo la letrada. Al recaer estas tareas casi exclusivamente sobre la madre, ella pierde autonomía y oportunidades laborales, un factor que el juez debe ponderar para equilibrar la balanza financiera.

Para Acosta, la discusión por el número final esconde una profunda violencia económica. “La desigualdad en las tareas de cuidado pone a las mujeres en mayor riesgo”, aseguró.

La cuota no solo busca cubrir alimentos: debe garantizar vivienda, educación, salud y esparcimiento. “Cuando una mujer va a reclamar la cuota alimentaria no está siendo conflictiva, está queriendo hacer valer sus derechos”, concluyó Valenzuela.