La burocracia que afecta a las personas con discapacidad y a terapistas

Además de reclamar en contra del "recorte", las familias y los especialistas deben esperar meses por el reintegro de los tratamientos. Algunas prestaciones tampoco se cubren.





Familiares y organizaciones de personas con discapacidad de la región continúan en estado de alerta ante una posible modificación de la ley que afectaría los derechos ya adquiridos.
Pero además señalan que el sistema de reintegro y es “complejo y perverso” ya que deben esperar meses para que se abonen los tratamientos.

Carolina Juan, terapista ocupacional coordinadora de un centro de rehabilitación en Roca, detalló el drama que viven por esta burocracia ineficiente.

“Hay cosas que no están cubriendo o están aprobando los tratamientos muy tarde y pasan meses sin abonar. Siempre vienen con un pago atrasado por ejemplo de estar cobrando mayo en agosto-septiembre”, señaló.

La terapista explicó como es el sistema. “Primero presentamos los papeles que habilitan que somos profesionales para atender a ese paciente y hacemos un presupuesto. Después el padre lleva el presupuesto a la obra social que tiene”.

La referente señaló que las prepagas tercerizan la prestación en una obra social sindical para poder recibir el pago de Nación.
Luego “la AFIP cuando recauda el impuesto al cheque, abona las terapias”, indicó.

Las obras sociales “nos pagan por medio de Nación, las prepagas están unidas a una obra social sindical sino no lo podría cubrir el Estado”, agregó.
La referente mencionó que “los padres presentan la factura de que nos pagaron y ellos esperan el reintegro y nos abonan después o las obras sociales nos transfieren”.

Carolina sostuvo que “esto viene mal organizado desde hace tiempo. Nosotros tendríamos que enviar el detalle de lo trabajado y después el pago, la factura y todo lo demás”.
Señaló que algunas obras con las cuales ya no trabajan por que no pagan presupuestos son Ospecon y el Servicio Penitenciario.

“A nivel nacional están todas atrasadas. Estamos acostumbrados a facturar en febrero y cobrar en julio”, dijo.
Otro problema son los valores que se van actualizando. “Una vez que mejora el nomenclador tenemos que presentar papeles para que la obra social respete el nomenclador, es sumamente agobiante”, calificó.

Carolina también reiteró que están preocupados porque “están trabajando en la modificaciones de la ley, cualquier derecho que se pierda de los ya adquiridos, es algo que no correspondería”.


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