Otro triunfo de La Libertad Avanza: el Senado sancionó la ley que baja a 14 años la edad punible

Los menores acusados de cometer delitos a partir de los 14 años de edad podrán ser sometidos a un proceso penal y ser enviados a prisión. El Senado convirtió en ley este viernes el proyecto impulsado por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, que reforma la Ley Penal Juvenil y busca marcar un punto de inflexión en la política de seguridad.

La iniciativa recibió 44 votos afirmativos, 27 negativos y una sola abstención, de la schiarettista Alejandra Vigo, quien marcó una sugestiva distancia del apoyo unánime que habían brindado los diputados del “cordobesismo”. Los dos representantes restantes de la provincia, Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero (La Libertad Avanza), votaron a favor.

Además de los libertarios, acompañaron la UCR, el PRO y senadores de todas las fuerzas provinciales, con la excepción de Vigo. El flamante bloque del peronismo no kirchnerista, Convicción Federal, se dividió entre un apoyo y dos rechazos. Todo el interbloque Popular de José Mayans votó en contra.

Bullrich, quien empujó la ley desde su cargo de ministra de Seguridad, buscó capitalizar el triunfo: horas antes de la votación, recibió en el Salón Illia del Senado a familiares de víctimas del crimen juvenil, que también presenciaron el debate desde los palcos. “Desde hoy, la edad no será más una excusa para destruir una familia”, publicó en redes sociales, junto con un video.

En el recinto, volvió a mostrarse como protagonista y, sin previo aviso, pidió un minuto de silencio en nombre de las víctimas. La propuesta molestó al kirchnerismo: el exministro de Justicia Martín Soria la calificó como un “show”.

“Esta ley está del lado de los ciudadanos”, remarcó Bullrich antes del homenaje. “Venimos a terminar con la teoría de que el delincuente es una víctima del sistema. Ese modelo se agotó. Venimos a proponer algo moral, jurídica y socialmente distinto: una teoría que deja de poner en la indefensión total a las miles de familias que entierran a sus hijos. Porque cuando el delito no tiene consecuencias, la ley no tiene autoridad”, señaló.

El discurso más encendido del debate se lo llevó Juez. “¡Hace 40 años que camino los pasillos de tribunales! ¡No hay una cárcel de mi provincia que no conozca! ¡Solo con una alta cuota de ignorancia se puede opinar lo que se opina! Quien quiera ignorarlo, que lo ignore, ¡pero esto pasa en todas las provincias y en todas las ciudades! ¡Los narcos se han adueñado de nuestros chicos! ¡Hagámonos cargo de que hemos fracasado romantizando la violencia!”, exclamó.

Juez salió al cruce de un senador del peronismo que llamó “carroñeros” a los senadores que nombraban a las víctimas en sus delitos. “¡Vengo de carroñar ahí, les pido vayan a carroñar ahí con esos padres que perdieron todo! ¡A ver si se animan después a sentarse acá!”, bramó.

También a favor de la ley, Álvarez Rivero subrayó que “esta ley busca pacificar a la sociedad”. La bullrichista advirtió: “La droga, la violencia y la impunidad forman un círculo vicioso que está presente en todos nuestros barrios. Lo vemos todos los días y todos lo sufrimos. Nos roban los celulares, las ruedas de los autos, nos golpean y nos matan. Y vuelven a salir como si nada”.

Del lado opuesto, el senador kirchnerista Martín Soria reconoció que el proyecto original tuvo mejoras en la Cámara de Diputados, como la pena máxima de prisión de 15 años en lugar de 20. “A pesar de todo, esta ley sigue siendo muy mala. Es peor que el decreto de (Jorge Rafael) Videla”, alertó.

“No estamos debatiendo si el Estado tiene que dar una respuesta o no a un menor en conflicto con la ley. Todos estamos convencidos de eso. Lo que estamos debatiendo es qué respuesta le va a dar el Estado a esos niños y adolescentes en conflicto con la ley. Queremos un Estado que brinde una respuesta integral que incluya educación y socialización. Pero del otro lado la respuesta es penal”, lamentó Soria.

El proyecto original del Gobierno data de 2024, pero no avanzó en ese momento por falta de consensos. A principios de este año, tras el brutal crimen del joven Jeremías Monzón en Santa Fe, el presidente Javier Milei incluyó el tema en las sesiones extraordinarias. Si bien proponían 13 años como nueva edad punible (actualmente es 16), los bloques aliados forzaron a dejarla en 14.

Además de ceder en la edad, La Libertad Avanza también tuvo que bajar el máximo de la pena de prisión (de 20 a 15 años) y fijar un presupuesto, a pedido de las provincias, para ejecutar la ley: será de unos $23.700 millones para todo el país, que se sumarán a lo ya presupuestado por los distritos.

El monto es insuficiente a los ojos de la oposición. Según cálculos de Unión por la Patria, el costo del metro cuadrado de acuerdo con el Servicio Penitenciario Federal es de $3,2 millones. Con lo que asigna la ley, se podrían construir 7.400 metros cuadrados: dividido por los 24 distritos, serían tan solo 308 metros cuadrados en cada provincia.

Reforma de la Ley Penal Juvenil: puntos principales

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La flamante ley deroga el régimen vigente desde 1980 y crea uno nuevo adaptado a los “estándares constitucionales y convencionales vigentes”. La prisión es la pena más severa, pero también se contemplan medidas alternativas, como el monitoreo electrónico, la reparación integral del daño a la víctima, la prohibición de salir del país y de concurrir a determinados lugares o eventos deportivos, musicales o culturales.

Cuando la gravedad del delito lo requiera, el proyecto prevé distintas modalidades de privación de la libertad: prisión domiciliaria, institutos abiertos, institutos especializados de detención o secciones separadas dentro de establecimientos penitenciarios, ya que los menores no podrán compartir espacio con adultos.

La libertad condicional solo podrá ser otorgada con la conformidad del Ministerio Público Fiscal y cumpliendo determinadas exigencias. Asimismo, “los padres van a ser civilmente responsables por los delitos que cometan sus hijos”, explicó Bullrich.

También se incorporan mecanismos alternativos como la suspensión del proceso a prueba, únicamente en casos no graves y bajo reglas de conducta estrictas y exigentes, con revocación inmediata ante cualquier incumplimiento.

Además, se crea la figura de los “supervisores”: profesionales en distintas disciplinas que serán designados por el juez y serán responsables del seguimiento, la asistencia y el control permanente del adolescente. Este, además, tendrá derecho a recibir educación, atención médica y psicológica, contacto con el grupo familiar y tratamientos en casos de salud mental o consumos problemáticos.

Por último, las víctimas del delito pasarán a ser “sujetos activos”: gozarán de patrocinio jurídico, asistencia psicológica y “participación real” en el proceso.

Corresponsalía Buenos Aires