Pacientes con enfermedades crónicas denuncian problemas en la atención tras un cambio de cobertura médica

El cambio de cobertura médica de los afiliados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad derivó en reclamos de familias de Bariloche que denuncian demoras en autorizaciones, suspensión de prestaciones y falta de respuestas para acceder a la atención que necesitan hijos con patologías que requieren seguimiento permanente.

«Los recortes y cortes en las prestaciones de salud están dejando a pacientes crónicos en una situación de enorme vulnerabilidad«, afirmó la barilochense Patricia Puelman, madre de Zoe, una adolescente de 15 años con enfermedad de Crohn y otras patologías que requieren controles médicos permanentes, estudios, medicación y seguimiento por especialistas.

En diciembre, el presidente Javier Milei anunció la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) que acumuló una deuda superior a los 213.900 millones de pesos. En mayo, el Ministerio de Seguridad de Nación anunció el reemplazo de la cobertura médica de los efectivos de las fuerzas de seguridad por la prepaga Medicus.

El traspaso se llevó adelante en junio y desde el Ministerio de Defensa y de Seguridad Nacional anunciaron «una transición ordenada y sin interrupciones», asegurando que «no se interrumpirán las prestaciones».

Patricia lamentó que «desde la semana pasada, los principales centros asistenciales de Bariloche decidieron suspender la atención a los afiliados debido a la deuda que, según informan, mantiene la anterior obra social, Iosfa«.

«Durante años, los pacientes cumplimos con nuestros aportes y no podemos convertirnos en rehenes de un conflicto administrativo y económico entre las obras sociales y los prestadores», planteó Patricia y agregó: «Hoy miles de afiliados nos encontramos en un verdadero limbo sanitario, con nuestros derechos vulnerados y con una enorme incertidumbre sobre cómo continuar con tratamientos que no pueden esperar».

Este diario consultó a la empresa Medicus sobre los reclamos, pero no obtuvo respuestas.

Zoe, de 15 años, padece la enfermedad de Crohn, un patología inflamatoria intestinal crónica y su madre expresó que «su seguimiento requiere profesionales que conocen su historia clínica, sus tratamientos y las complicaciones. Ya tenemos una complicación porque en Bariloche no hay gastroenterología pediátrica especializada para su patología. Por eso, debe continuar su seguimiento con el equipo que la atiende».

La joven tiene prevista una consulta virtual con una médica tratante el 25 de agosto para definir los estudios que deberá realizar en septiembre (videocolonoscopía, biopsias y otros procedimientos para evaluar la evolución de la enfermedad). «La incertidumbre sobre dónde y cómo podremos acceder a esas prestaciones genera una enorme preocupación. Ante esta realidad, nos vemos obligados a recurrir al sistema público de salud que ya se encuentra colapsado. Esto no solo perjudica a mi hija, sino que también aumenta la presión sobre un sistema que ya trabaja al límite de su capacidad», planteó la mujer.

Insistió en que la situación no solo afecta a Zoe: «Hay muchas personas con enfermedades crónicas, adultos mayores, personas con discapacidad y familias que hoy ven interrumpidos tratamientos, consultas y estudios por conflictos administrativos y económicos que les son completamente ajenos».

Patricia reclamó que «mientras continúan pagando mensualmente una cobertura médica, a su vez, deben iniciar recursos de amparo para conseguir prestaciones que debieran estar garantizadas por ley. Y los médicos deben destinar tiempo para confeccionar informes, certificados y documentación judicial para respaldar pedidos que deben judicializarse».

Lucrecia, otra de las damnificadas en Bariloche, contó que uno sus cinco hijos, de 16 años, padece Colitis Ulcerosa, una enfermedad poco frecuente que requiere controles permanentes y estudios específicos para evaluar el grado de inflamación intestinal y definir el tratamiento adecuado.

El muchacho cuenta con un Certificado Único de Discapacidad “otorgado exclusivamente para garantizar el acceso a la cobertura médica y a los medicamentos que requiere por su condición de salud”.

“La gastroenteróloga infantil solicitó análisis clínicos de carácter urgente, pero la prepaga no nos brinda la cobertura y solo nos responden que abonemos los estudios para luego solicitar el reintegro”, contó. Solicitó presupuestos en distintos laboratorios y el costo de los análisis asciende a 500.000 mil pesos. “No podemos afrontarlo. Tenemos que hacer frente al pago del alquiler, los servicios básicos, la alimentación y demás gastos cotidianos. Además, desde mayo, esperamos el reintegro de una consulta virtual con una gastroenteróloga infantil ya que en Bariloche no contamos con esta especialidad médica. A la fecha, ese reintegro aun no ha sido efectuado”, dijo.

Mencionó que, en otras prestaciones médicas como pediatría y cardiología, les exigen el pago de copagos pese a que el joven cuenta con un CDU y por lo tanto, “debería acceder a la cobertura que la normativa vigente garantiza”.

Patricia indicó que ya presentaron un recurso de amparo a través de la Defensoría Federal en Bariloche para exigir que la prepaga brinde la cobertura medica integral. “No buscamos privilegios. Solo pedimos que se respeten los derechos de nuestro hijo, que pueda acceder a los estudios, tratamientos y controles que su enfermedad requiere, sin que la falta de cobertura ponga en riesgo su salud o agrave su condición”, expresó.

Yanina, otra damnificada, explicó que «la situación de falta de pago por parte de la obra social impacta directamente en la salud de mi hija Pilar, de 11 años, con diagnóstico de TEA (Trastorno del Espectro Autista)«. No logró renovar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ni garantizar las terapias ni el pago de la maestra integradora «debido a las trabas administrativas por la interrupción del servicio».

Otra familia también de Bariloche reclamó que debió llevar a su hijo adolescente a una clínica privada porque su cuadro se agravó. Le indicaron estudios de alta complejidad (una tomografía, por ejemplo), pero les informaron que, ante la falta de cobertura de la prepaga, no podrían concretarlos. Por eso, decidieron llevarlo al hospital público. «El tema es que estamos pagando una prepaga que no brinda las prestaciones necesarias en un momento crítico. Esto nos genera angustia y retrasa el acceso oportuno a diagnósticos y tratamientos fundamentales para preservar la salud», advirtieron.