Sótanos anegados
La sospechosa muerte del fiscal Nisman abrió una discusión sobre los servicios de inteligencia. Cambios de postura de Cristina orientaron el caso hacia un acto criminal con fines conspirativos. El PJ, la UCR, el Pro y el FR exigieron medidas urgentes, pero todavía no coordinaron acciones.
DE DOMINGO A DOMINGO
La extraña muerte del fiscal Alberto Nisman adquiere una gravedad institucional inusitada. En lugar de juntarse gobierno y oposición para desinfectar las «cuevas» donde anidan servicios secretos que amenazan con condicionar al sistema democrático, siguen actuando desconectados entre sí. Se alimentan, por añadidura, versiones inverosímiles que confunden a la población con el afán de sacar tajada en la pelea electoral general de este año.
Los ribetes intrigantes que rodean el deceso del hombre que había interrumpido las vacaciones en Europa con su hija de 15 años para retornar de urgencia al país y acusar en plena feria judicial a la presidenta Cristina Fernández y al canciller Héctor Timerman de encubrir a terroristas iraníes, sospechosos de atentar contra la sede de la AMIA en 1994, crean desconcierto y temor.
El estallido social que se logró sortear en diciembre tuvo una manifestación explosiva en enero por lo que sucedió en el piso 13 de un moderno edificio de Puerto Madero.
La lógica binaria entre K y anti-K gira como una calesita sin control: los primeros, no bien se conoció la trágica noticia, defendieron la teoría del suicidio; los segundos, la de un homicidio mafioso. Las dudas expuestas por Cristina Fernández en una carta inicial sufrieron un vuelco luego de que la pericia policial comprobara que no había rastros de pólvora en la mano derecha del fiscal. La balanza se inclinó, entonces, por la hipótesis de un crimen para conspirar contra su gobierno. «Lo usaron vivo (para presentar la denuncia descalificada por el extitular de Interpol Ronald Noble) y después lo necesitaban muerto», expuso por Facebook. La primera mandataria, se reconoció en el peronismo, pasa un pésimo momento, comparable con la confrontación que hubo con el campo en el 2008, aunque en esta ocasión hay un hecho de sangre y una nube de enigmas en el horizonte.
Las reacciones, tras los duros contrapuntos entre legisladores del Frente para la Victoria y del Pro, fueron dejando paso a la cautela y a las actuaciones de la fiscal Viviana Fein, supervisada más que por la procuradora Alejandra Gils Carbó por la Corte Suprema de Justicia.
Los planteos fueron maximalistas, en principio. Sergio Massa pretendió convertirse en querellante y Mauricio Macri pidió investigar hasta las últimas consecuencias. «Si este hecho genera más impunidad, será una hipoteca ilevantable», expuso a tono con la reacción de la comunidad internacional. Otros dirigentes no fueron más optimistas. Graciela Fernández Meijide subrayó el descreimiento de la sociedad y Elisa Carrió insistió en que la Argentina tiene un manejo dual desde la época de Carlos Menem, por lo que se hace imprescindible restablecer principios republicanos «sin los narcos» que en su criterio habitan en el peronismo.
La tensión la mantuvieron firme organizaciones judiciales que se quejan del «autoritarismo» oficial y medios con posturas antikirchneristas. No contribuyeron para aflojar la situación ni las palabras de la presidenta ni el documento del Consejo Nacional del Partido Justicialista, en el que predominó la impronta de Carlos Zannini, secretario de Legal y Técnica, por sobre la postura de algunos gobernadores moderados encabezados por Daniel Scioli.
La declaración del PJ salió al cruce de lo que definió como «mentiras, calumnias y difamaciones al servicio de oscuros intereses», lanzadas con el propósito de «enlodar la figura de la presidenta, desestabilizar y desacreditar la función política».
Robusteciendo la última postura de Cristina, el peronismo orgánico enlazó a «servicios de inteligencia desplazados, jueces, fiscales y grupos mediáticos concentrados» con una finalidad «golpista» semejante «a los caranchos» que desde afuera jaquean al país por el remanente de la deuda externa que no entró en la reestructuración voluntaria.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, tuvo discretos contactos con fuerzas adversarias para exhortarlas a desarrollar una tarea común para contrarrestar a agentes del servicio de inteligencia (en especial aludió al desplazado Antonio Jaime Stiusso) que tratan de «condicionar» a todos los gobiernos desde la restauración democrática, en 1983.
Algún eco tuvo Capitanich, pues Macri, Massa, José Manuel de la Sota y Víctor De Gennaro empezaron a llamarse. El titular del radicalismo, Ernesto Sanz, quien se aproximó en estas horas al líder del Pro, le señaló a Cristina que si se considera «una estadista responsable» aún está a tiempo de convocar a los principales referentes partidarios.
Mucho dependerá de la voluntad de los hombres que se proponen para suceder a Cristina que no derrape el proceso electoral de este año. La presentación hecha por el malogrado fiscal Nisman está en poder del juez Ariel Lijo. Presenta inconsistencias probatorias (tal lo expresado por el juez Rodolfo Canicoba Corral) y escuchas que dejan muy mal parados a los piqueteros Luis D»Elía y Fernando Esteche y al miembro de la comunidad islámica Alejandro Khalil.
Recomponer la convivencia demandará mucho esfuerzo. Un exdirigente montonero, Miguel Bonasso, advirtió que «si no se iluminan los sótanos mafiosos» se corre el riesgo de que el magnicidio de Nisman retrotraiga al país a épocas violentas de la década del 70. Un escritor, excandidato a vicepresidente detrás de Jorge Sobisch, en sus análisis descarnados llamó por su lado a los políticos «a ponerse los pantalones largos» y empezar a hablar de «adelantamiento electoral».
Arnaldo Paganetti
arnaldopaganetti@rionegro.com.ar
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