Techo Digno: prorrogan el plazo para la investigación en Bariloche

La exintendenta María Eugenia Martini es investigada por el desvío de fondos. Hay dos constructoras que también están bajo sospecha.

El juez Ricardo Calcagno admitió ayer el pedido del fiscal Guillermo Lista y autorizó una prórroga del plazo para la investigación preliminar por el presunto desvío de fondos de los planes de viviendas del programa nacional Techo Digno durante la gestión de la exintendenta María Eugenia Martini.

Lista solicitó la prórroga en una audiencia, que se hizo ayer y que Calcagno dirigió.

Tras la audiencia, el fiscal explicó a “Río Negro” que antes de que se venciera el plazo de 6 meses, que le habían otorgado para hacer la investigación preliminar, pidió la audiencia para solicitar la prórroga. Pero la Oficina Judicial la aplazó y recién se pudo hacer ayer.

Juan Armando Castelli, de la empresa Castelli, y Alberto Usandizaga, de Oriente Construcciones, comparecieron con sus defensores particulares. Mientras que el defensor particular Raúl Ochoa lo hizo en representación de Martini, que estuvo ausente, y el defensor oficial Marcelo Álvarez Melinger por el exfuncionario de Nación Germán Ariel Nivello, que no pudo asistir aunque pidió una copia de la filmación de la audiencia.

El fiscal destacó que el juez dispuso un año de prórroga para seguir adelante con la investigación preliminar.

Sostuvo que ese plazo es sólo para Castelli y Usandizada, porque en el caso de aquellas personas que fueron funcionarios públicos, la investigación preliminar no está sujeta a ningún plazo, según lo prevé el artículo 128 del Código Procesal Penal de la provincia.

Dijo que Calcagno no hizo lugar al pedido de Ochoa, que pretendía que el plazo de un año incluya también a Martini.

Lista explicó que se trata de una causa compleja, que tiene un expediente voluminoso. Dijo que la investigación preliminar demandó todo este tiempo porque hay numerosas medidas de prueba pendientes.

Además, recordó que el expediente estuvo varios meses en el juzgado federal, a cargo del juez Claudio Bonadío.

El dato

871
viviendas había que construir con los fondos que Nación envió al municipio en la gestión de María Eugenia Martini.

La investigación deberá establecer el monto que se desvió supuestamente para otros gastos y que tenía asignación específica para la construcción de los planes de viviendas en Bariloche.

Para ese objetivo será clave la pericia contable, con el cruzamiento de todas las rendiciones de dinero. Las sospechas apuntan, en principio, a varias decenas de millones de pesos.

“Hay que hacer toda una ingeniería contable”, comentó Lista.

La investigación preliminar comenzó tras la denuncia que el abogado local Edgar García Sánchez hizo a finales de 2016. El abogado pidió que se investigue si existió la comisión de un delito de malversación de caudales públicos por parte de funcionarios de la gestión municipal pasada.

Sin embargo, la causa principal tomó forma en el juzgado federal de Bonadío a partir de la denuncia que hizo la Sindicatura General de la Nación, que intervino a partir de una sentencia del Tribunal de Contralor Municipal, que en diciembre de 2016 resolvió desestimar el inicio de un juicio de responsabilidad contra Martini y el exsecretario de Hacienda, Guillermo Pérez Gallinger. Pero resolvió por mayoría en esa sentencia dar intervención a la Sindicatura General de la Nación para que investigue las responsabilidades en el desvío de los fondos.

Lista recordó ayer que Bonadío investigaba las presuntas irregularidades con los fondos del programa de Nación Techo Digno, que apuntaba a varios intendentes.

En junio de 2017, personal de la Policía Federal secuestró la documentación de la Municipalidad de Bariloche por orden del magistrado .

Bonadío devolvió en agosto del año pasado el expediente para que la investigación siga en la justicia provincial tras un fallo de la Corte Suprema, que declaró la falta de competencia del magistrado para llevar adelante esa causa. Por eso, el expediente retornó al despacho de Lista.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal indicaron ayer que se investigan dos planes de viviendas dependientes del programa Techo Digno.

El primero comprende 376 viviendas y el segundo, 495. Cada uno tiene su contrato correspondiente con la empresa constructora y hay otros contratos por obras de infraestructura.

Los fondos fueron girados desde Nación para construir 871 viviendas en Bariloche. Desde la unidad fiscal, a cargo de Lista, informaron que en algunos planes se avanzó, pero no hay una entera correspondencia entre los fondos girados al municipio, lo que se certificó y lo ejecutado.

Revelaron que en el plan denominado ACU 624/2015 (que comprende los planes por 495 viviendas) desde Nación se había transferido un alto porcentaje de los fondos, “pero la obra no avanzó”.

Una sentencia del Tribunal de Contralor que disparó la denuncia

El Tribunal de Contralor Municipal desestimó en diciembre de 2016 promover el juicio de responsabilidad contra la exintendenta María Eugenia Martini (hoy diputada provincial electa) y el exsecretario de Hacienda, Guillermo Pérez Gallinger por el desvío de 75.528.922 pesos, que Nación había enviado al municipio para la construcción de viviendas, un gimnasio, una sala de teatro y un sector de un gasoducto. Esos recursos se usaron para cubrir gastos corrientes, según el Contralor.

La sentencia dispuso la intervención de la Sindicatura General de la Nación, que hizo la denuncia en el juzgado federal de Claudio Bonadío.

Ese denuncia se sumó a la causa principal, que Bonadío tenía a su cargo. Pero la Corte declaró que era incompetente y dispuso que la justicia provincial investigue.


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