Tiro por la culata
Por motivos que tienen más que ver con la ideología rencorosa del oficialismo que con el eventual deseo de “democratizar” el periodismo despedazando al Grupo Clarín, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio a entender que todo cambiaría el 7D, que habría un antes signado por la presencia a su juicio intolerable de medios coyunturalmente opositores poderosos y un después en que no habría ninguna “cadena de desánimo”. Pero, para asegurar que todo saliera como habían previsto, el gobierno y sus partidarios emprendieron una campaña tan brutal contra los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal que, por una cuestión de dignidad y también de apego a la ley, les hubiera sido muy difícil negarse a prorrogar la medida cautelar a favor del Grupo. Aunque sólo se haya tratado de una demora porque, tarde o temprano, Clarín y otros grupos tendrán que adaptarse a la ley de Medios a menos que la Corte Suprema declare inconstitucionales los artículos referidos a la desinversión, el mero hecho de que el gobierno haya tenido que respetar los tiempos de la Justicia y que por lo tanto hayan quedado defraudadas las expectativas grotescamente exageradas que fueron suscitadas por la altisonante retórica oficial en torno a la importancia fundamental del 7D significa que la presidenta acaba de sufrir una derrota política sumamente dolorosa, una que algunos simpatizantes no han vacilado en comparar con la supuesta por el voto “no positivo” del en aquel entonces vicepresidente Julio Cobos el “17J” del 2008. Desde Brasilia Cristina nos asegura que no tiene “una vocación suicida”, pero a esta altura pocos subestimarían la capacidad del gobierno que encabeza para cometer errores garrafales gratuitos que lo debilitan a tal punto que podría agotarse bien antes de diciembre del 2015. Aunque la mayoría abrumadora de los políticos respaldó la ley de Medios que fue confeccionada a instancias del gobierno por un conjunto de académicos “progresistas”, los opositores festejaron el fallo de la Cámara de Apelaciones no por querer congraciarse con el Grupo Clarín sino porque lo vieron como una señal de que la Justicia no se dejará amilanar por los atropellos gubernamentales. Es que las dimensiones presuntamente excesivas adquiridas por dicho Grupo les parecen mucho menos peligrosas que las pretensiones autoritarias del gobierno y de las facciones de mentalidad nada democrática que piden la virtual estatización de los medios de comunicación tanto gráficos como audiovisuales. Por lo demás, muchos han llegado a la conclusión de que, por imperfecto que sea el esquema mediático existente, una consecuencia de los esfuerzos de los ideólogos oficialistas por “mejorarlo” sería el hundimiento de una gran cantidad de empresas, en especial las más precarias, y la eliminación consiguiente de muchos miles de fuentes de trabajo en el periodismo, detalle éste que, hasta hace poco, quienes es de prever serán perjudicados por la aplicación de la ley de Medios no tomaban en cuenta. Como es su costumbre, Cristina reaccionó frente a esta nueva bofetada insistiendo en que nada la hará modificar el rumbo que ha elegido. De ser así, tanto ella como sus allegados continuarán haciendo gala del desprecio que sienten por la independencia del Poder Judicial, de su intolerancia hacia el disenso y de su convicción aparente de que, merced al 54% de los votos que obtuvo la presidenta en las elecciones del año pasado, el gobierno tiene derecho a actuar como una dictadura plebiscitada. Huelga decir que en tal caso el país no tardaría en precipitarse en una gran crisis institucional de desenlace imprevisible. Por muchas razones –el deterioro de la situación económica, la torpeza extrema de funcionarios clave, la sensación de que Cristina ha perdido contacto con el país–, aquella mayoría de hace 14 meses pertenece a los libros de historia. En la actualidad el gobierno disfruta del apoyo de una minoría que propende a reducirse. Si la Argentina fuera un país de instituciones fuertes, el cambio así supuesto no incidiría en la gobernabilidad, pero no lo es. Le guste o no a Cristina, tendrá que reconciliarse con el muy amplio sector ciudadano que quiere que termine su mandato sin demasiados sobresaltos costosos, pero no está dispuesto a seguir soportando la desmedida prepotencia oficial.
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