Todo va peor

El lunes pasado el diario «Clarín» publicó un diálogo entre el diputado nacional por Misiones Ramón Puerta y el jefe de gabinete Chrystian Colombo. Antes había hablado con Colombo el gobernador salteño Juan Carlos Romero, para decirle que catorce gobernadores peronistas habían firmado un documento de apoyo a la política de «déficit cero» que el gobierno nacional esperaba ansiosamente. Según «Clarín», Puerta habló también con Colombo, presuntamente para pedirle su parecer respecto del contenido del texto, y el jefe de Gabinete le contestó: «Tengo que consultar con los bancos».

El miércoles, el mismo diario informó que «…desde el domingo, los gobernadores, los de mejor llegada a los bancos, rastrearon cada llamado de Colombo a los bancos para confirmar si la letra que les bajaba el jefe de Gabinete era verdad. Hubo un llamado del titular de los bancos nacionales, Eduardo Escasany cuya palabra parece valorada, porque terminaría de convencer». No mediaba una cuestión de principios; los gobernadores sabían que si los bancos estaban de acuerdo desembolsarían 200 millones para refinanciar las deudas provinciales.

Es muy posible que el gobierno de Fernando de la Rúa haya contado a los bancos como el sostén principal de su ofensiva cuando decidió lanzarse a la batalla por el déficit cero. Al balancear la relación de fuerzas habrá contado de su lado, en primer lugar, a la entidad que preside Escasany y a las empresas más importantes, y también, aunque no tanto, al sector de la Unión Cívica Radical que lo apoya y al partido Acción por la República de Domingo Cavallo. El decreto 896 contó igualmente con el apoyo de casi todos los gobernadores radicales y de todos los gobernadores peronistas (aunque éstos, «pour la gallerie», dejaron trascender que no estaban de acuerdo con la rebaja de sueldos y jubilaciones).

En el frente opuesto se alineaba desordenadamente un amplio arco político-gremial: la UCR que lidera Raúl Alfonsín, el fragilizado Frepaso, los grupos contestatarios que responden al sacerdote Luis Farinello y a «Lilita» Carrió, la izquierda (que no tiene representación en el Congreso) y las tres centrales sindicales que encabezan Rodolfo Daer, Hugo Moyano y Víctor De Gennaro. En el campo empresario se escucharon consideraciones críticas de Ignacio de Mendiguren, titular de la Unión Industrial Argentina. Parecía haber una mayoría de diputados que, de acuerdo con el déficit cero (¿quién puede estar en desacuerdo con la idea de suprimir el déficit?) estaría dispuesta a eliminar los descuentos a los jubilados. Todo es muy cruel, pero el colmo de la crueldad para la gente sensible es bajarles el haber a «los abuelos».

En ocasiones las experiencias militares aplicadas al análisis político dan buenos resultados. Vale, en tal sentido -y al margen de toda comparación y/o juicio de valor- recordar que cuando Adolfo Hitler inició, con el ataque a Polonia, la Segunda Guerra Mundial, enfrentaba a una aparentemente poderosa coalición occidental. Sin embargo, la concepción de guerra rápida, la «blitzkrieg», desarrollada sobre el poder de los tanques y la aviación, hizo que pudiera ocupar Polonia en dos semanas y luego, en 1940, Francia en un mes. Por cierto que el presidente De la Rúa está muy lejos, en sus ideas y en su personalidad, del mariscal Rommel, pero no obstante la comparación es tentadora.

Habrán evaluado los inspiradores de la ofensiva «déficit cero» que el enemigo, minado por contradicciones y también, en gran medida, dependiente de los bancos, era débil. Porque si es cierto, como lo es, que el país está cerca de un cataclismo económico, la oposición debe tener tanto miedo como el gobierno, y menos certezas. ¿Estarían dispuestos Alfonsín y los suyos a gobernar contra los bancos?

Hasta aquí, el análisis puede satisfacer a un militar. Pero lo que le está pasando a la Argentina no es una guerra. El enfrentamiento se extiende sobre el campo del estado democrático, de modo que es preciso contar a los partidos políticos, al Congreso, al Poder Judicial, a las elecciones. No son sólo relaciones de fuerza, o si lo son, tienen esos límites. Seguramente, alguien en el gobierno podría estar dispuesto a disparar sobre esos límites con munición pesada: diputados nacionales alineados con quienes quieren «flexibilizar» el 896 para, por lo menos, salvar a «los abuelos», dijeron que un ministro los amenazó con «el cierre del Congreso» si no convalidaban el decreto. Claro que, teniendo en cuenta el final de Alberto Fujimori en Perú, nadie querrá repetir la experiencia.

O tal vez sí, porque nada tan devaluado como la política en este país. La democracia republicana volvió a la Argentina hace 17 años. El pueblo la recibió con los brazos abiertos, henchido de esperanza ante la promesa de un presidente que aseguraba que con la democracia se comía, se curaba y se educaba. Ese candidato, convertido en presidente, debió dejar el poder antes de cumplir su mandato, acosado por la hiperinflación. El que le sucedió está preso, acusado de haber participado en un gran crimen, como fue la venta ilegal de armas seguida de la explosión de Río Tercero. ¿Y el actual? ¡Oh!, el actual…